Nunca se olvide de que basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Esos derechos no son permanentes. Usted tendrá que mantenerse vigilante durante toda su vida.
La cita arriba, ampliamente divulgada en las redes sociales y atribuida a Simone de Beauvoir (aunque sin comprobación) revela una realidad para las mujeres que están organizadas en el feminismo: en todas las crisis, es preciso mantenerse vigilante.
Con la crisis actual, generada por la pandemia del nuevo coronavirus, las feministas están alertas con relación al tema del aborto legal en América Latina en la agenda de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud reconoce el aborto como un servicio de salud esencial desde 2012, la llegada del nuevo coronavirus a territorio latinoamericano puede afectar tanto la vida de las mujeres que recurren al servicio de aborto legal – en los países y casos en el cual el procedimiento está legalizado por el Estado – como de aquellas que realizan el procedimiento de forma clandestina en los países en que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho negado.
En el contexto del Día Internacional de Lucha por la Salud de la Mujer, celebrado el último 28 de mayo, Brasil de Fato conversó con militantes de Brasil, Argentina y Uruguay para comprender el escenario del aborto legal en medio de la pandemia.
En Brasil, después del inicio de la cuarentena decretada en el estado de São Paulo, el Hospital Pérola Byington, referencia en la atención a las víctimas de violencia sexual en Brasil, suspendió la realización de los procedimientos de interrupción del embarazo previstos en la ley.
Cinco días después, por la presión del movimiento feminista, del Ministerio Público de São Paulo y de la Defensoría Pública, el servicio de aborto legal fue retomado.
Con diferencias de contexto entre los países, todas las entrevistadas resaltan la importancia de que tanto el aborto legal como el acceso a los métodos anticonceptivos sean garantizados por los servicios de salud en este momento.
Además de los riesgos comunes, de negligencia médica, y de criminalización, ahora las mujeres tienen que lidiar también con el riesgo de contaminarse con el virus.
Entre los riesgos que las mujeres enfrentan en este momento están la disminución de los servicios de aborto legal en medio de la pandemia, lo que puede levar a una mayor exposición al virus debido a traslados más largos para acceder al aborto seguro.
En el continente latinoamericano, el aborto legal es garantizado sin restricciones apenas en cuatro países, Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico o en territorios específicos, como en México, donde está legalizado solamente en la capital del país, Ciudad de México, y en el estado de Oaxaca.
"Además de los riesgos comunes, de negligencia médica, y de criminalización, ahora las mujeres tienen que lidiar también con el riesgo de ser contaminadas por el virus", afirma Carla Vitoria, abogada e investigadora en derechos sexuales y reproductivos.
Ella también señala que los impedimentos que las mujeres enfrentan en este momento van mucho más allá de las restricciones de locomoción. Y alerta sobre el riesgo de un aumento en el número de abortos clandestinos debido a la falta de información pública sobre como hacer el procedimiento de forma segura durante el período de aislamiento social, así como la dificultad de acceder a los medicamentos necesarios.
Brasil
En el caso brasileño, la militante de la Marcha Mundial de las Mujeres e integrante de Sempreviva Organización Feminista (SOF), Sonia Coelho, comenta que los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo también están paralizados en otro hospital, en el Hospital Mario Degni, localizado en la región oeste de São Paulo (SP), para atención de los pacientes infectados con covid-19.
Ella comenta que la Red de Enfrentamiento a la Violencia de la región envió un documento al hospital solicitando la retomada de los procedimientos.
"El servicio de aborto legal es, para nosotros, un servicio también esencial, no es un servicio que puede ser dejado de lado, no es una cirugía electiva que puede hacerse de aquí a seis meses o un año. Un embarazo no deseado necesita ser atendido al momento, la mujer no puede dejarlo para después", afirma.
Coelho considera además que la falta de atención en los servicios de salud puede llevar más mujeres a recurrir a prácticas inseguras para realizar la interrupción del embarazo, lo que puede poner en riesgo la vida de esas mujeres ante alguna complicación médica en un contexto de sobrecarga de las camas de las UCI debido a la pandemia.
Un embarazo no deseado necesita ser atendido al momento, la mujer no puede dejarlo para después.
Ella además alerta que la suspensión de la atención en los hospitales puede exponer aún más a las mujeres que buscan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo al coronavirus durante los traslados.
"Aquí, por ejemplo, en la región de Butantã, si ese hospital no ofrece el servicio, la mujer tiene que ir al Pérola Byington o sino al hospital Campo Limpo. Quiere decir, ella necesita salir de su región, del aislamiento social, pegar más conducción, entonces eso también la pone en riesgo, en esas salidas, de contaminarse. Entonces más aún no se justifica que los servicios estén cerrados", analiza.
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Carla Vitoria, abogada e investigadora en derechos sexuales y reproductivos analiza que esta cuestión de los traslados se extiende también a otros países, como Colombia y México. Según ella, el bajo número de establecimientos de salud aptos hace que las mujeres tengan que circular largas distancias para tener acceso al aborto legal, incluso en el contexto de la crisis sanitaria.
“En México, por ejemplo, el aborto sólo está legalizado en dos territorios. Buena parte de las mujeres que abortan, transitan centenas de kilómetros para realizar el aborto. Colombia, que acepta realizar el procedimiento a extranjeras, hoy es uno de los principales destinos de las mujeres que pueden viajar para hacer la interrupción. La ley del país incluye la perspectiva de la salud mental, además de las causales comunes del territorio latinoamericano, reconociendo que llevar adelante un embarazo no deseado puede traer daños graves”, comenta.
Colombia es uno de los destinos de las mujeres brasileñas que buscan realizar el procedimiento de interrupción del embarazo en un país donde está legalizado. Este mes, un reportaje de la Revista Azmina recogió testimonios de mujeres que tuvieron que cancelar sus viajes después del cierre de las fronteras en Colombia el 16 de marzo.
Buena parte de las mujeres que abortan, transitan centenas de kilómetros para realizar el aborto.
Legislación sobre aborto en los países de América Latina / Fernando Bertolo/ Brasil de Fato
Argentina
En el país vecino, las feministas organizadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se movilizan para mantener en la agenda política del país el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), incluso con la suspensión de la movilización que venían realizando, de forma masiva, desde 2018.
“Estamos en un contexto atípico, porque queríamos salir a las calles, pero estamos en un aislamiento obligatorio por causa de la pandemia y eso nos coloca desafíos de creatividad. Pero queremos decir que el aborto también es una emergencia social, como ya dijeron algunos organismos internacionales y como nosotros también lo estamos diciendo hace muchos años, el aborto es una urgencia inclusive durante la pandemia, porque tiene a ver con la problemática de la salud pública, de justicia y de derechos humanos”, comenta la periodista Laura Salomé, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Sin poder realizar los tradicionales “pañuelazos” por la legalización del aborto en el país, las integrantes de la campaña promovieron el jueves pasado (28), un debate online sobre el tema, en la fecha que marca 15 años de organización.
En marzo de este año, el presidente recién electo Alberto Fernández, del Frente para Todos, anunció que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), propuesto por el gobierno, está listo y será enviado al Congreso de la Nación futuramente porque, según el mandatario, el país enfrenta “otras urgencias” en este momento.
El aborto es una urgencia inclusive durante la pandemia, porque tiene a ver con la problemática de la salud pública, de justicia y de derechos humanos.
Laura Salomé afirma que las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho del Aborto Legal esperan conocer pronto el proyecto de ley que será presentado por el Poder Ejecutivo.
"Queremos conocer ese texto y queremos que sea lo más cercano posible [al proyecto presentado hace 15 años por la Campaña] en relación a los derechos que garantiza, porque nosotras, dentro de nuestro proyecto de ley, estamos velando por los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Entonces exigimos que esos derechos sean colocados en discusión, respetados y sancionados y garantizados por el Estado, con políticas públicas activas y presupuesto para ser llevado adelante", comenta.
Argentina, México, Colombia y Uruguay emitieron comunicados alineados con la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinando que el servicio de aborto legal constituye una actividad esencial que no puede ser paralizada por causa de la crisis actual.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires fue el primero en dar orientaciones sobre la atención de abortos legales y el acceso a la salud sexual durante la pandemia en Argentina. El 21 de marzo, el Ministerio de Salud de Buenos Aires divulgó el documento "Recomendación para atención integral a personas con derecho a interrumpir el embarazo y acceso a métodos contraceptivos en el contexto de la pandemia de coronavirus", un protocolo que formaliza las sugestiones para los equipos de salud que actúan en la provincia.
:: "La legalización del aborto es una deuda de la democracia", afirma activista argentina ::
Las militantes argentinas consultadas por Brasil de Fato elogian las iniciativas del gobierno federal que, por medio del Ministerio de Salud, ha realizado una campaña de divulgación y concientización sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo durante la pandemia.
Sin embargo, Ruth Zurbriggen, profesora e integrante de la organización Socorristas en Red, afirma que es preciso realizar un esfuerzo más amplio para no jerarquizar las cuestiones de salud y no tratar la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, como algo que puede suspenderse en momentos de crisis.
“Lo que tenemos que evitar es eso, que quede en suspenso, continuar insistiendo que el acceso a la IVE, a métodos anticonceptivos, son servicios esenciales que deben estar garantizados. Para eso, tenemos un desafío enorme”, afirma.
Socorristas en Red – feministas que abortan es una articulación formada por 54 colectivas feministas de Argentina. Actualmente, la organización cuenta con 503 militantes que proporcionan información y acompañan la decisión de abortar, como explica Ruth:
“Para eso, tenemos líneas públicas en todas las colectivas del país, las personas llaman a esas líneas públicas, y a partir de ahí organizamos encuentros presenciales para dar información y compartir los acompañamientos que podemos hacer”.
La cuarentena obligatoria decretada en todo el territorio nacional argentino en 20 de marzo interrumpió la atención presencial de las socorristas y todo el acompañamiento pasó a acontecer a través de las llamadas telefónicas.
Según Ruth, durante el aislamiento social, las socorristas han observado un aumento de la demanda emocional de las mujeres que recurren a las líneas telefónicas, debido a la situación de encierro y a las angustias generadas por la crisis sanitaria.
"Con o sin cuarentena el aborto es un derecho. El sistema de salud no puede te abandonar (...). El socorrismo encurta las distâncias" / Afiche de divulgación de las Socorristas en Red
Uruguay
El Uruguay es el único país de América del Sur en el cual la interrupción del embarazo se realiza hasta 12 semanas sin restricciones.
En marzo de este año, las organizaciones feministas y profesionales que se dedican a la salud de las mujeres fueron sorprendidas con una declaración del nuevo presidente de Uruguay, el megaempresario Lacalle Pou. En una rueda de prensa, el afirmó que su gobierno está alineado a la agenda pro vida conservadora, con gran repercusión, despertando innúmerables críticas.
Lilian Abracinskas, directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), asegura que, pese a las declaraciones del mandatario, el aborto legal en Uruguay está garantizado por la ley y no puede ser alterado por el presidente.
Sin embargo, según la militante, la garantía constitucional no impide que el gobierno trate de precarizar o dificultar el acceso al aborto legal.
“No hay ley que diga que puedan hacerlo, pero pueden estigmatizar la práctica del aborto, entonces es muy preocupante esta declaración de Lacalle Pou, absolutamente sin ningún marco normativo que la ampare”, comenta.
Ella resalta que la compra y distribución de los métodos anticonceptivos e insumos para la realización del aborto legal a servicios de salud es de responsabilidad del Ministerio de Salud Pública.
“La medicación abortiva sólo está disponible en las farmacias intrahospitalarias del sistema de salud y, además de eso, tiene que ser prescrita por un ginecólogo. Por lo tanto, si el ministerio no garantiza la compra de esos insumos también quedará complicado el acceso a la medicación, lo que puede poner en riesgo el funcionamiento del sistema legal si no hay provisión de los insumos requeridos.”
La investigadora Carla Vitoria también analiza como la ofensiva conservadora en Uruguay puede afectar el derecho al aborto legal.
“El presidente Lacaulle Pou ha instalado lo que el llama ‘una política de desestímulo del aborto’, prometiendo facilitar el sistema de adopciones y la situación económica de la mujer que no desea proseguir el embarazo”.
Para ella, tanto en Uruguay como en otros países de la región, los sectores conservadores han aprovechado la crisis sanitaria generada por la pandemia para causar confusión e imponer su agenda.
“Están argumentando de forma cínica la situación de sobrecarga de los sistemas de salud para impedir el acceso al aborto legal. Hay relatos de peticiones encabezadas por sectores conservadores en toda América Latina para inhibir la práctica. Ellos tergiversan el argumento del aplazamiento de cirugías electivas para extenderlo a los casos de aborto”, explica.
Edición: Rodrigo Chagas
