La salud es una elección política. La máxima presentada por el Dossier nº 29 del Instituto Tricontinental de Investigación Social, lanzado esta martes (9), tiene como base el escenario de crisis profundizado por la pandemia del nuevo coronavirus en cuatro países que viven los efectos de gobiernos neoliberales en los últimos años: Brasil, Argentina, Sudáfrica e India.
El estudio retrata como durante el combate a la covid-19, los trabajadores de la salud son considerados esenciales y mucho se ha hablado sobre los derechos que no se les garantizan. El análisis presentado sustenta que la negligencia que se explicita en este momento resulta de un proceso de desmantelamiento que, de seguir el ejemplo de crisis pasadas y de políticas que privilegian el sistema privado al público, se profundizará aún más.
En este sentido, el dossier defiende el “no retorno” a la normalidad vigente del modelo capitalista y si la inversión continua y prioritaria en la salud pública, citando, entre otras referencias, una declaración de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“El mundo opera en un ciclo de pánico y negligencia. Colocamos dinero en un brote y, cuando acaba, lo olvidamos y no hacemos nada para impedir el próximo. El mundo gasta billones de dólares preparándose para un ataque terrorista, pero relativamente poco preparándose para el ataque de un virus, que podría ser mucho más mortal y mucho más prejudicial económica, política y socialmente”, dijo, el 15 de febrero de este año, al comienzo de la pandemia.
El mundo opera en un ciclo de pánico y negligencia. Colocamos dinero en un brote y, cuando acaba, lo olvidamos y no hacemos nada para impedir el próximo.
En entrevista con Brasil de Fato, Nathalia Santos, médica de la familia y la comunidad, respalda el argumento. Para ella, el contexto actual demuestra que salud "no es sólo una cuestión de asistencia médica”.
“La salud de los pueblos tiene que ver con sus condiciones de vivienda, de trabajo, de acceso a ingresos, de acceso a una alimentación de calidad, al saneamiento básico. Eso va a definir lo que es la salud”, explica la profesional, citando la Declaración Mundial de los Derechos Humanos publicada en 1946, que define que la salud debe ser socialmente referenciada.
“Hoy, en el contexto mundial, hemos pasado por una influencia del Banco Mundial, principalmente en los países pobres y subdesarrollados, para que estos países adopten la flexibilización de las inversiones en salud, reduciendo la inversión del Estado como política pública, para que haya una sustitución por políticas privadas”, continúa.
“Estamos pasando por una desigualdad de acceso y cada vez más poblaciones pobres, cuando no mueren por falta de acceso teniendo que gastar del propio bolsillo para costear la atención, exámenes médicos y medicamentos, están pasando por un empobrecimiento de su nivel de ingresos”, critica.
Dividido en tres partes, el documento también da voz a líderes de salud de países con sistemas que han realizado sucesivos cortes de recursos destinados al sector, y por eso, se encuentran debilitados en medio de la pandemia.
India
La respuesta de la India a la covid-19, por ejemplo, país que decretó la mayor cuarentena de la historia, sólo no fue menos robusta debido al compromiso de los más de 900 mil trabajadores de la red Activistas Sociales de Salud Acreditadas (Accredited Social Health Activist – ASHA, por su sigla en inglés). Con función semejante a los agentes comunitarios de salud, la categoría compuesta mayoritariamente por mujeres se convirtió en primera línea de frente en el combate al coronavirus.
Sin equipos de protección individual (EPI) suficientes y sin remuneración adecuada por el gobierno de extrema derecha de Narendra Modi, las trabajadoras están constantemente expuestas a los virus al monitorear la propagación de la enfermedad. Frente al avance de la enfermedad en el país y el descuido de las autoridades, se vieron obligadas a improvisar su propia protección.
Según el dossier, las trabajadoras no reciben apoyo del Estado y son tratadas como voluntarias. Surekha Rani, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras ASHA, afirmó que hace años la entidad de clase actúa en defensa de los derechos de esas profesionales, con movilizaciones y huelgas frecuentes para que los salarios sean garantizados.
Hoy, ante de la pandemia que prolifera a ritmo acelerado, Rani lamenta que “las trabajadoras ASHA estén tristes y desmoralizadas”. “Ellos creen que somos las responsables por quebrar la cadena de infección y, no obstante, los funcionarios del gobierno no están escuchando nuestros problemas”, dijo a los investigadores del Tricontinental.
Sudáfrica
La negligencia con los trabajadores de la salud también se registra en Sudáfrica. En respuesta a la pandemia, Cyril Ramaphosa, presidente del país, anunció un paquete de emergencia de 500 mil millones de rands (aproximadamente US$ 30 mil millones) en abril. Sin embargo, conforme el dossier, la medida no proporcionaba ningún recurso justamente para los profesionales de salud que trabajan para contener la covid en el país.
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De acuerdo con Lerato Madumo, presidente del Sindicato Indaba de Jóvenes Enfermeras (YNITU, sigla en inglés), los trabajadores tampoco acceden ampliamente a exámenes ni EPI, y, después de anunciar que harían huelga si sus reivindicaciones no fueran atendidas, fueron amenazadas por el gobierno. El presidente respondió que estarían cometiendo un crimen según la Ley de Gerenciamiento de Desastres, aprobada en 2002.
Madumo refuta la tentativa de criminalización y evoca la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, de la década de 1990. “No se trata de un acto criminal, sino de decir que nuestro gobierno está cometiendo un crimen contra la humanidad. Las enfermeras son seres humanos. Usted no puede pedir a un soldado que luche en una guerra y no darle protección como chalecos a prueba de balas; simplemente no es correcto. Si la primera línea continua enferma significa que, al final de la pandemia, tendremos un sistema de salud que ni siquiera tendrá trabajadores de la salud”, observa Madumo, en el documento publicado por el Tricontinental.
Nuestro gobierno está cometiendo un crimen contra la humanidad.
El dossier además señala que, en Sudáfrica, 84% de la población es atendida por el sector público mientras el sector privado – que atiende apenas al 16% restante – contrata 60% de los profesionales disponibles, sobrecargando la atención pública.
Brasil
Los recortes del presupuesto en la salud han sido frecuentes en Brasil que, según los datos más recientes, suma más de 37 mil muertes causadas por la enfermedad respiratoria. Bajo el gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido), el país sobrepasó a Italia y ahora ocupa la tercera posición en la lista de naciones que más vidas perdieron en la pandemia.
A pesar de la existencia del Sistema Único de Salud (SUS), un de los sistemas más fuertes del mundo, su sofocamiento protagonizado por el gobierno Michel Temer (MDB) y por el actual presidente, compromete la respuesta de Brasil a la pandemia. Profesionales también relatan trabajar con protección insuficiente ante la amenaza de contaminación.
“Nuestra condición de respuesta ahora ha sido, de hecho, una consecuencia de la política de los últimos años. Hemos pasado por desinversión, reducción en el aporte de dinero que el SUS recibe. Sentimos eso hoy cuando nos encontramos con la necesidad de camas de UCI, cuando nos encontramos con comunidades en las cuales había una Unidad Básica de Salud de la Familia y ahora no existe más”, comenta Nathalia Santos, añadiendo que, incluso siendo un foco mundial de la pandemia, Brasil es uno de los países que menos hacen pruebas a los pacientes con síntomas respiratorios.
::Presupuesto de salud perdió R$ 20 mil millones en 2019 debido a la Enmienda del Techo de Gastos::
La integrante de la Red Nacional de Médicas y Médicos Populares destaca el daño causado por la Enmienda del Techo de Gastos, que limitó la inversión en el área de salud por 20 años, lo que profundizaría aún más las desigualdades dentro del propio SUS.
Por ser un sistema tripartito, que recibe financiamiento del gobierno federal, de los estados y de los municipios, hay una gran diferencia geográfica en el país, ya que regiones del Norte y Nordeste no poseen tanta capacidad de inversión pública como el estado de São Paulo, por ejemplo.
La integrante de la Red de Médicas y Médicos Populares destaca además que, según la Constitución Brasileña, el acceso a la salud es deber del Estado y un derecho de todos. Exactamente por eso, en medio de la pandemia, la utilización de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la red privada, defendida por la campaña Cama para Todos, se vuelve cada día más urgente.
Cuando consideramos la fila única, estamos tratando a los ciudadanos con igual peso independientemente de su poder de compra.
Conforme información de la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS) y del Ministerio de Salud, 75% de los brasileños no tienen acceso a un plan de salud, mientras la mitad de las camas de UCI del país, cerca de 15 mil, pertenecen a establecimientos particulares.
Más que una política de emergencia, para Santos, el uso de las camas de UCI privadas es el reconocimiento de la salud como un derecho constitucional.
“Un ciudadano que hoy no tiene convenio médico y no tiene plan de salud, tiene el mismo derecho de que se proteja su vida que quien paga un plan de salud. Cuando consideramos la fila única, estamos tratando a los ciudadanos con igual peso independientemente de su poder de compra, lo que es un gran avance cuando miramos las iniciativas constantes de mercantilización de la salud, dejando a quien puede pagar con más acceso y a quien no puede sucumbiendo como venimos hablando”, comenta ella.
Argentina
El contexto actual de la Argentina es el de un país recién salido del gobierno de derecha de Mauricio Macri (2015-2019) también es retratado en el dossier. Durante el mandato de Macri, de acuerdo con el Ministerio de Economía, el gobierno recortó en 22% el presupuesto de salud, convirtiendo a la situación en insustentable.
El estudio además revisa los impactos de la política del Banco Mundial en la mayoría de los países de América del Sur que, en vez de promover una cobertura universal de salud pública, incentivaba la creación y el fortalecimiento de sistemas privados.
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Principalmente, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, que vieron el aumento de asociaciones público-privadas y el crecimiento de los planes de salud privados con fines lucrativos, hoy enfrentan duras consecuencias. El sistema ecuatoriano, por ejemplo, entró en colapso total, con cuerpos de víctimas fatales acumulados en las calles.
Argentina, que estableció en la Constitución Nacional de 1994 que la salud es un derecho esencial, también sufrió con la presión del Banco Mundial en la década de 90. El documento del Tricontinental señala que las instituciones públicas también fueron debilitadas y la asistencia médica pasó a depender de fondos privados, generando un sistema desigual.
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La actuación de gobiernos progresistas de 2003 a 2015, con el auxilio de organizaciones de clase, conquistó importantes avances en la defensa del derecho a la salud. Hechos que volvieron a ser atacados con Macri, que recortó presupuesto para programas esenciales volcados al combate y tratamiento de enfermedades sexualmente transmisibles, enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, chikunguña y zika, además de que descontinuó las vacunas.
Actualmente, el gobierno progresista, liderado por el presidente Alberto Fernández, que asumió el mando del país en diciembre de 2019, intenta lidiar con las consecuencias de la lógica neoliberal adoptada en el país.
¿Qué quieren los trabajadores?
En la última parte del dossier, el Instituto Tricontinental de Investigación Social publica una lista basada con las reivindicaciones de los sindicatos de los trabajadores del área de la salud en diversas partes del mundo. Entre ellas:
- Priorizar inmediatamente la capacidad de todos los servicios de salud en el tratamiento de casos graves de la covid-19, sean ellos públicos o privados.
- Prestar asistencia especial a regiones y comunidades severamente afectadas por la pandemia.
- Aplicar políticas como el aislamiento para contener la propagación del virus e implementar subsidios y políticas necesarias para permitir que los trabajadores, principalmente los informales, obedezcan a la cuarentena de una forma digna.
- El suministro amplio de EPI y máscaras de alta calidad, además de otros equipos necesarios.
- Muchas pruebas del virus a los profesionales de salud y el reconocimiento del derecho de los trabajadores de alejarse del trabajo debido a un riesgo inminente a su salud o vida, si así deciden, con base en las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo 155 y 187.
Mire el estudio completo aquí.
Edición: Rodrigo Chagas
