La violencia de los Carabineros (policía militarizada chilena) y del gobierno neoliberal de Sebastián Piñera contra las minorías sociales es blanco de constantes denuncias por parte de los movimientos populares chilenos y uno de los factores que motivaron las protestas que se apoderaron del país el año pasado y principios de este año.
En medio del contexto actual de una pandemia, mientras el gobierno niega ayuda a una buena parte de la población pobre, la policía reprime a las personas necesitadas que buscan en las calles su único medio de supervivencia.
En los últimos días, las comunidades mapuche en Temuco, en el sur de Chile, han sufrido repetidos ataques de los carabineros, que están trabajando para expulsar las hortaliceras mapuche (como se las conoce) de las calles y confiscar sus productos, a veces violentamente. Estas acciones se basan en una nueva orden municipal del alcalde Miguel Becker, que ilegalizó la actividad de los vendedores mapuche, precisamente en el momento en que más necesitan su fuente de ingresos.
Becker es miembro del partido Renovación Nacional, representante de la derecha neoliberal, el mismo partido del presidente Sebastián Piñera, cuyas medidas para la región de la Araucanía (de la cual Temuco es la capital) en medio de la pandemia se centran en la presencia de los militares, y no en profesionales de la medicina, aunque es una de las cuatro más afectadas en el país por el coronavirus, tanto en número de casos como en muertes.
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En algunas de las escenas grabadas en video por los transeúntes, es posible ver cómo la policía actúa para decomisar e incluso tirar a la calle la comida producida por las comunidades, que las hortaliceras llevan a la ciudad para vender en sus taburetes.
“Productos saludables”
La comercialización de productos agrícolas producidos por las comunidades es la principal fuente de sustento para muchas comunidades mapuche, y es la forma en que logran convivir en el mundo capitalista sin abandonar sus creencias y tradiciones, basadas en vivir de los productos que ofrece la tierra.
Según las hortaliceras, las autoridades arrojaron su actividad y sustento a la ilegalidad, y no respetaron su cultura. Yolanda Llanquitur, representante de la organización Zomo Newen (que significa “fuerza de las mujeres” en el idioma mapuche), se queja de la estigmatización a través de la medida del alcalde Becker, que justifica su decisión al cuestionar la calidad de los productos que venden.
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“(Queremos) que no haya más Fuerzas Especiales (aparato más represivo de los Carabineros), ni hoy ni nunca, porque somos mujeres mapuche que queremos trabajar libremente. No estamos robando, lo que tenemos aquí es nuestra producción. Que la comunidad tenga toda la confianza, y también los que vienen del exterior, que están seguros de que estamos vendiendo productos saludables”.
Para proteger la integridad física, así como las prácticas culturales del pueblo mapuche, la congresista Emilia Nuyado, que representa a esta comunidad, presentó una iniciativa parlamentaria que contó con el apoyo de varios parlamentarios de izquierda, que son mayoría al menos en la Cámara de Diputados (pero no en el Senado).
El proyecto tiene como objetivo reconocer las prácticas ancestrales de comercialización de los mapuche, para que se conserve la economía indígena, especialmente en este período tan difícil para la economía chilena, cuando el hambre comienza a hacerse realidad en varias regiones del país, especialmente en la Región Metropolitana de Santiago, donde se encuentra la capital y la mayoría de la población, aunque Araucanía, donde se encuentran la mayoría de las comunidades ancestrales mapuche, no está exenta del problema.
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Según la congresista Nuyado, del Partido Socialista, “en un Estado de catástrofe como el que vivimos, la producción no puede restringirse, tampoco se puede restringir la venta de productos en los diferentes mercados donde trabajan los pueblos indígenas. Se debe respetar el derecho consuetudinario de estos pueblos, y se deben tomar medidas para garantizar sus ingresos, sin restricciones, ni persecución, ni esta criminalización de la productividad de cada uno de ellos, en sus diferentes territorios”.
* Nota escrita en colaboración con Paola Cornejo, directo desde Santiago.
Edición: Rodrigo Chagas e Pilar Troya
