La necesidad repentina de trabajar desde casa levantó la cuestión sobre el futuro del trabajo y, en algunos países, el apuro por su regularización. En abril, Chile promulgó una ley de teletrabajo, y ahora Argentina sigue el mismo camino. Este último miércoles (24), la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, presidida por primera vez por una mujer, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos), emitió un dictamen de mayoría del proyecto al Senado tras llegar a un consenso sobre el tema.
Si, desde 2007, un único proyecto de ley sobre el tema fue presentado y olvidado, en poco más de tres meses desde el inicio de la pandemia del covid-19, 21 proyectos surgieron para establecer una ley para reglamentar el teletrabajo como una modalidad. El aislamiento social enfatizó problemas como la dificultad de separar la vida privada del trabajo – lo que resulta en una extensión de las jornadas –, gastos extras y demandas específicas a los trabajadores, como la necesidad de conexión a internet.
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Si, por un lado, el aislamiento social hizo urgente la reglamentación, por otro, pone en jaque los plazos necesarios para las transformaciones profundas en la cultura y en las relaciones de trabajo, mientras los sindicatos pierden fuerza, naturalmente, por la imposibilidad de reunirse y movilizarse. Mientras tanto, el legislativo argentino sigue la regla definida por el filósofo Jacques Rancière como síntoma de la pandemia: "los gobernantes redujeron el tiempo de la política a la urgencia".
La cuestión central del debate sigue: ¿regular el teletrabajo garantiza los derechos de los trabajadores o amplía la precarización laboral?
Amplio acuerdo
La resolución general sobre el proyecto de ley en la Cámara de Diputados consistió en garantizar los mismos derechos del trabajo presencial a la modalidad remota, contemplando las especificidades que abarcan el teletrabajo y permitiendo adaptaciones a las particularidades de cada actividad.
El embate entre los intereses de trabajadores y del sector empresarial ganó espacio para consideraciones en las reuniones informativas de la comisión tripartita, en videoconferencia. En los cinco encuentros de la comisión, los proyectos de ley presentados por partidos tanto del oficialismo cuanto opositores, fueron discutidos por legisladores, representantes de centrales sindicales y del sector empresarial.
Uno de los puntos de mayor acuerdo se trató del derecho a desconectarse. El término "autoexplotación" surgió en la comisión, citado por el ex diputado nacional y asesor de la YPF Héctor Recalde, al advertir sobre uno de los efectos de esta modalidad de trabajo. El proyecto final determinó el "derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales", de manera que "el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitir comunicaciones fuera de la jornada de trabajo".
Argentina tiene la tradición de respetar los principios básicos del trabajo.
Otros puntos de amplia concordancia y contemplados en el proyecto enviado al Senado fueron la carga horaria coherente para trabajadores que cumplan tareas de cuidados especiales, como es el caso de responsables por niños u otros; garantía de condiciones sanitarias y de seguridad; facilitar equipos para ejercer el trabajo; y la necesidad de consentimiento de ambas partes para la realización de la modalidad remota, así como para la reversión a la modalidad presencial.
Más allá de los problemas en el campo del trabajo, que incluyen altos índices de desempleo, subocupación y empleo no registrado, el país cuenta con fuertes antecedentes de movimientos sindicales y leyes laborales avanzadas. "Excepto por la interrupción del Estado democrático, Argentina tiene la tradición de respetar los principios básicos del trabajo. Creo que este marco legal, la claridad en las definiciones y el derecho colectivo son una red de protección que garantizan los niveles que queremos para proteger a los trabajadores", resaltó el ministro del Trabajo, Claudio Moroni, en una de las reuniones de la comisión que trató el tema en la Cámara.
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Por otro lado, corrientes del sector sindicalista problematizan lanzar una ley permanente a partir de una situación excepcional, como defiende Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate): "Debería haber una resolución transitoria. Una cosa es la pandemia; después, deberíamos volver a las oficinas, a los puestos de trabajo. No sé quien apura la sanción de una norma que nadie está pidiendo", afirma.
"A los oídos distraídos, todo parece voluntario, nada es obligatorio. Pero la relación de trabajo no es una relación de pares, es de subordinación." En este sentido, Fuentes llama la atención sobre los intereses del sector empresarial, que tendría mayores ventajas con la reglamentación del teletrabajo, con el ahorro de gastos en espacios físicos y un margen más amplio para explotar a los trabajadores.
La relación de trabajo no es una relación de pares, es de subordinación.
Mujeres y división sexual del trabajo
Llevar el trabajo dentro de casa levanta la problemática de la desigualdad en la distribución sexual del trabajo doméstico, que involucra el cuidado de terceros, como hijos, y las tareas propias del hogar.
La encuesta "Mujeres y el teletrabajo", realizada en conjunto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fundación Foro Sur y ONU Mujeres, revela que 84% de las mujeres son favorables a la modalidad, pero que poco menos del 50% la realizaría solo si fuese posible combinarla con la modalidad presencial.
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La economista Sofia Scassera, una de las autoras de la encuesta, ve la aprobación del proyecto de ley como una conquista para las mujeres. "Legislar el teletrabajo no es meter a las mujeres dentro de casa, otra vez. Es reglamentar y dar derechos considerando una realidad que la población pide y existe", dice, destacando que, aunque no sea el escenario ideal, todavía es una realidad: las mujeres cumplen más las tareas domésticas, en su mayoría
"El teletrabajo impone un nuevo desafío a las mujeres, pero no lo veo como algo que atenta contra el feminismo", señala.
En este sentido, la reglamentación sería una garantía contra la precarización y la explotación de las mujeres, combinando lo que parece ser una tendencia de preferencia sobre la forma de trabajar, sin que ello signifique que las mujeres quieran "volver a la casa".
El futuro del trabajo
Datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) señalan que 40% de las actividades en Argentina no podrían trasladarse a la modalidad remota, por imposibilidades técnicas y concretas. Componen estas actividades una mayoría de trabajadores de la población vulnerabilizada en el país, y que ven a su economía impactada en tiempos de cuarentena.
Los principales trabajos no virtualizables son los sectores de la construcción (15%), servicios domésticos (14%), industria manufacturera (13%) y el transporte (10%), mientras las actividades más aptas para el trabajo remoto son los sectores que, justamente, crecieron con el cambio tecnológico: enseñanza (71%), actividades financieras y seguros (61%), científicas (60%), e información y comunicación (58%).
Muchas empresas que adoptaron esta modalidad, sobre todo en los servicios, van a seguir así.
Con la aprobación de la ley, la expectativa es que la realidad pospandemia en el mundo del trabajo abarque mucho más el teletrabajo, como prevé el diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Hugo Yaski, autor de uno de los proyectos de ley discutidos en la comisión.
"Teníamos en Argentina, antes del aislamiento social, aproximadamente entre 12 a 14% de empleadores adoptando el teletrabajo. Después de la pandemia, sabemos que ese número va a crecer, porque muchas empresas que adoptaron esta modalidad, sobre todo en los servicios, van a seguir así", afirma.
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Vivienda
Si, por un lado, reconocer una nueva modalidad puede proteger al trabajador por ley contra una posible disolución de los derechos laborales, y asumir cambios que ya venían ocurriendo en el mundo del trabajo con las nuevas tecnologías, por otro, existen expectativas de que se afirme un nuevo escenario de desventaja para los sectores más populares.
Corporaciones empresariales saben que tendrán un escenario propicio para seguir bajando el costo laboral.
Al llevar el trabajo a casa, la cuestión de la vivienda también surge como un problema estructural, como apunta Fuentes: "En América Latina y el Caribe, vivimos en superficies por debajo del 50% de lo que sería necesario para habitar bien; en pequeños departamentos, en habitaciones, con poca comodidad. Quieren convertir estos hogares, producto de injusticias y de una pésima distribución de la riqueza en nuestro continente, en lugar de trabajo", afirma.
Yaski añade que el enfrentamiento con las corporaciones empresariales seguirá, y que, inevitablemente, un escenario en donde la expectativa es que el teletrabajo crezca, el impacto será grande entre la población más precarizada. "Las corporaciones empresariales saben que tendrán un escenario propicio para seguir bajando el costo laboral, extendiendo las jornadas de trabajo, generando empleos de baja calidad", analiza. "En algunos países, va a haber turbulencia social y movilización, y no descarto que esto pase también en Argentina."
Edición: Pilar Troya
