El caso de la niña de 10 años embarazada tras ser violada por su tío intensificó la discusión sobre el aborto en Brasil a lo largo del último fin de semana. Sin embargo, la discusión estuvo vinculada a cuestiones atrasadas con relación al tema, considerado una cuestión de emergencia por el movimiento feminista de Brasil.
Mientras las organizaciones de derechos humanos intentan hace décadas consolidar que la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión exclusiva de las mujeres, los fundamentalistas religiosos objetaban el derecho de la niña de diez años al servicio, previsto en la ley desde hace 60 años.
Aborto legal
El artículo 128 del Decreto Ley número 2.848 del 07 de diciembre de 1940 deja claro que la interrupción voluntaria del embarazo es legal cuando resulta de una violación o pone en riesgo la salud de la mujer. Además, en 2012, un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) añadió otra causal, y se puede interrumpir el embarazo también en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.
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Las mujeres cuyo embarazo se encuentre en uno de esos tres casos, tienen derecho a realizar gratuitamente la interrupción del embarazo a través del Sistema Único de Salud (SUS).
En los casos de riesgo a la vida de la mujer o anencefalia, no hay un límite de semanas para realizar el aborto. En el caso de violación, la interrupción se restringe a las 20 semanas de gestación o 22 semanas si el feto pesa menos de 500 gramos.
La legislación no exige pruebas o un informe policial para comprobar que ha sido víctima de violación para que pueda acceder al procedimiento.
Pero fuera de esas tres causales, interrumpir el embarazo en Brasil todavía es crimen. Inducir el aborto puede llevar a la detención de uno a tres años para la mujer o para quien la ayude a realizar la práctica. En este último caso, para la persona que realizó el procedimiento puede implicar una pena de uno a cuatro años de prisión.
Cuando se induce al aborto sin el consentimiento de la mujer, la persona que realizó la práctica puede recibir una condena de tres a diez años de cárcel.
Latinoamérica
En el continente latino-americano, el aborto legal está garantizado sin restricciones solo en cinco países; Cuba, Uruguay, Guiana Francesa y Puerto Rico o en territorios específicos, como en México, donde la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada solo en la capital del país, Ciudad de Mexico, y en el estado de Oaxaca.
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En Argentina, las feministas organizadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito siguen movilizadas para mantener en la agenda política del país el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo pese a la interrupción de la masiva mobilizazión callejera que han realizado hace más de dos años debido a la actual pandemia de covid-19.
Aproximadamente un 80% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y más de un 50% son niñas de hasta 13 años. Según datos de 2018, presentados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), vinculada a la Organización Mundial de Salud (OMS), el embarazo adolescente es un grave problema de salud pública en Brasil.
Mientras que la tasa mundial es de 46 nacimientos por cada mil niñas entre 15 y 19 años, en Brasil son 68,4 nacimientos por cada mil jóvenes. La Organización Mundial de Salud reconoce el aborto como un servicio esencial desde 2012.
Edición: Lucas Weber