El Ministerio de la Salud de Brasil divulgó el último viernes (28), un decreto ministerial que obliga a los profesionales de salud a notificar a la policía cuando atiendan mujeres víctimas de violación que opten por el aborto legal.
“Será obligatorio que el médico, profesionales de salud o demás responsables por el centro sanitario notifiquen a la autoridad policial al acoger pacientes de casos en que hay indicios o confirmación del delito de violación”, dice el decreto firmado por el ministro de Salud interino del país, el general Eduardo Pazuello.
La decisión llegó 12 días después que fundamentalistas intentaron impedir el aborto legal de una niña de diez años que se quedó embarazada después de ser violada por su tío y altera la norma técnica anterior que no exigía la presentación de un informe policial para acceder a la interrupción del embarazo en casos de violación, una de las tres causales en que el aborto es legal en Brasil.
Para Sonia Coelho, integrante de la Sempreviva Organización Feminista (SOF), la orden ministerial es un modo de “criminalizar e impedir” el acceso al aborto legal, dado que la norma anterior buscaba facilitar el acceso de la víctima de violenca sexual a los servicios de salud, porque muchas veces las mujeres tienen miedo de sufrir amenazas del violador, que en algunos casos es un familiar suyo”.
“Eso lo hemos visto ahora, con la niña diciendo que sufría amenazas frecuentes de su tío y eso pasa con muchas mujeres y niñas, que sufren la violación y tienen miedo de denunciar. Poder recurrir al aborto legal sin hacer la denuncia policial muchas veces facilitaba acceder a ese derecho”, dice la referente.
El nuevo decreto significa entonces “un modo de dificultar que mujeres y niñas puedan acceder al aborto legal, así como dificultar y amedrentar a los profesionales de salud. Aunque sea un derecho establecido por ley, muchas veces los profesionales de salud temen ejecutar el procedimiento. Esa es una medida para dificultar el derecho al aborto legal y ellos [el gobierno] siempre quisieron hacer eso”, señala.
La oposición al gobierno ultraderechista coincide con el análisis de la militante. La diputada federal Jandira Feghali (PCdoB) y otras diez parlamentarias presentaron un Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) para suspender la orden ministerial que, según ellas, “dificulta el aborto legal y preve violencia psicológica con la mujer”.
El obstetra e integrante de la Federación Brasileña de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia (Febrasgo) Olimpio Barbosa de Moraes Filho afirma que la organización es totalmente contraria al decreto, que representa una política del gobierno federal “contra las mujeres y su dignidad”, dado que crea aún más trabas al acceso a este derecho.
Para Filho, obligar a la víctima a realizar una denuncia representa “una violencia más” pues el Estado no ofrece a las víctimas protección y seguridad.
“Claro que debemos empoderar a las mujeres, ofrecerles condiciones para que puedan dejar el lugar donde se produjo la violencia y que se sientan protegidas para presentar la denuncia. Pero como está la ley, no van a tener ningún apoyo, lo que significa que van a denunciar y después volverán a las comunidades en las cuales fueron violadas. O sea, es una política de exterminio, quieren acabar con la vida de las mujeres”, declara.
Otros cambios
La orden ministerial cambia las reglas y medidas para que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo como establece la ley. Entre los cambios está la exigencia de que médicos comuniquen a las pacientes la posibilidad de ver al feto en la ultrasonografía y la obligación de que las pacientes firmen un formulario de consentimiento que enumera las posibles complicaciones de un aborto.
Sonia Coelho considera que estas dos exigencias representa la tortura y culpabilización de la víctima de la violación, por ejemplo. “Hay profesionales que intentan limitar o impedir el derecho al aborto legal y así podrán obligar a la mujer a ver el feto y eso es una forma de tortura para que renuncie al procedimiento”, afirma.
La nueva norma tiene cuatro fases de “Justificación y Autorización de la Interrupción del Embarazo”. La primera, tiene que ver con la necesidad de un “formulario de informe circunstanciado” que deberá presentar el lugar, fecha y hora aproximada del hecho, tipo y modo de violencia, descripción de los agresores e identificación de testigos, en el caso de que hayan testigos.
En la segunda y tercera fase se realizarán los exámenes físicos y ginecológicos y el médico responsable deberá emitir un informe técnico. Un “formulario de aprobación del procedimiento de interrupción del embarazo” firmado por tres personas del equipo de salud y otro “formulario de responsabilidad” que deberá ser firmado por la víctima o su representante legal. Este último presentará una advertencia expresa sobre la previsión de delitos de falsedad ideológica y aborto, previstos en el Código Penal, en el caso de que no haya sido víctima de violación.
Esos procedimientos estaban previstos en un decreto del Ministerio de la Salud de 2005, pero fueron alterados.
En la cuarta fase está el “formulario de consentimiento libre y esclarecido” que deberá contar con la declaración de aceptación del aborto legal, que contará con una lista detallada de todos los riesgos que presenta a la salud, como hemorragia, daños al útero y sepsis. Antes el formulario apenas mencionaba que la mujer debería ser informada por el equipo sobre los riesgos del procedimiento.
El obstetra consultado por Brasil de Fato alerta que el aborto legal es más seguro cuando el embarazo está en las primeras semanas. Por lo tanto, si se crean trabas [para dificultar el acceso], prorrogando el embarazo, el procedimiento pasa a presentar más riesgos para la mujeres, según él.
Además, el decreto ministerial establece que los profesionales deberán preservar y entregar a la policía “presuntas evidencias materiales del delito de violación, como fragmentos del embrión o feto con el objetivo de realizar pruebas genéticas que podrían llevar a la identificación del presunto autor del crimen”. Según el obstetra, ningún centro médico en Brasil tiene la capacidad técnica de ofrecer este servicio, lo que podría hacer inviable una parte de la atención a la mujer.
La representante de la SOF señala también que la prueba de ADN, prevista en ley, ya identifica al autor del crimen y que la necesidad de presentar fragmentos del embrión tiene por objetivo la coerción de los equipos médicos y la culpabilización de la mujer. Ella recuerda que en 2019 hubo un incremento de proyectos contra el aborto legal en el Congreso Nacional, presentados principalmente por partidarios del actual gobierno, y destaca que el actual decreto viene a concretar este objetivo.
En la opinión del obstetra Olimpio Barbosa de Moraes Filho, si el gobierno tiene el objetivo de atender a las mujeres, deberían democratizar el debate y escuchar a sus posiciones, además de debatir el tema entre investigadoras e investigadores y “no actuar en nombre del negacionismo y de la ignorancia”.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
