El proyecto que busca una reforma judicial en Argentina emerge como un motivo más para la polarización política en país, marcada por protestas de la derecha e intensos discursos mediáticos contra el gobierno del presidente Alberto Fernández (Frente de Todos), además de una ausencia de consenso en el interior del campo progresista en el país.
Ya aprobada por el Senado, en una votación que duró más de 10h el último día 28, la propuesta intitulada "Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal" establece un plazo de dos años para su concreción.
El texto prevé más puestos para magistrados y fiscales, con el objetivo de ampliar la actuación de los tribunales federales en todo el país. Además, establece el sorteo manual de los jueces responsables por los procesos y determina que el concurso público para jueces y fiscales que ocuparán los nuevos puestos cuente con exámenes escritos y grabados, con un 60% de aprobación para pasar a la siguiente etapa.
En el Senado, los argumentos contrarios y favorables a la reforma ilustran el embate actual: de un lado, los defensores del proyecto intentan justificar la ampliación del número de tribunales y funcionarios como modo de agilizar los procesos y descentralizar el Poder Judicial; de otro, la oposición afirma que se trataría de una estrategia para librar a los políticos del kirchnerismo de los procesos que enfrentan, incluso la propia vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner.
Pese a que no hay ningún punto concreto del proyecto que sustente el argumento de la oposición, esta narrativa está presente en los medios hegemónicos e impulsa la consigna de la movilización de la derecha contra la reforma.
Ya en el sector progresista, no hay un gran consenso sobre el modelo de la reforma y las principales críticas se deben al hecho de que no alcanza el problema de fondo del actual sistema: una minoría – de clase privilegiada, que no representa a la clase trabajadora y no es elegida a través del por voto popular – define qué sería la Justicia en el país. Lo que está en jaque, en este sentido, es el papel del Poder Judicial en la sociedad y a quienes realmente representa.
Los medios marcan la agenda
El gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019) estuvo marcado por la persecución de opositores, a través del uso de los servicios de inteligencia, del aparato judicial y también de los medios. El esquema de sorteo de los procesos era, en ese entonces, digital, y beneficiaba siempre a los mismos jueces.
En una reciente entrevista al canal C5N, el actual presidente, Alberto Fernández, que venció a Macri en las últimas elecciones, afirmó que la reforma pretende poner un fin a las prisiones preventivas aplicadas como penas adelantadas, "para callar a opositores".
"La oposición debería votar a favor de esa ley con las dos manos. Porque es la mejor garantía que tienen de que no haremos con ellos lo que nos hicieron a nosotros", afirmó el mandatario.
Para Gustavo Franquet, abogado del Gremial de Abogados de la República Argentina, otras reformas judiciales en el país ya fueron propuestas por gobiernos anteriores, y que, en este momento, lo que teme la oposición es que sus intereses sean afectados por la gestión peronista.
"La mayoría de los jueces federales se acomoda a cada gobierno y no presentan ningún tipo de inconveniente a actuar con los servicios de inteligencia. El problema de los que están ahora en la oposición es que saben de ello."
En un comparativo sobre el uso del aparato judicial en importantes procesos políticos que resultaron en ataques hacia la izquierda – como el último golpe en Bolivia, contra el gobierno de de Evo Morales, y, en Brasil, con la prisión y persecución contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva –, la investigadora e integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Silvina Romano, rescata el concepto de lawfare, o guerra jurídica. En una definición propuesta por CELAG, lawfare consiste en un juego de acciones aparentemente legales, en el cual los medios cumplen un papel fundamental.
"El Poder Judicial ha aparecido sistemáticamente en los medios de comunicación. Los jueces se hacen famosos – a ejemplo del caso de Sérgio Moro, en Brasil", apunta Romano. "Es interesante pensar esto: ¿cómo lograron conectar el Poder Judicial con la población? A través de los medios de comunicación masivos."
Mientras la narrativa de los medios hegemónicos instala la polarización y la agenda en torno de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, la reforma podría suscitar un debate relevante en la sociedad argentina sobre la representatividad del Poder Judicial.
"Como sucede en toda América, y en Argentina no es diferente, la mitad de la población está detenida por prisión preventiva, sin condena", afirma Franquet, sobre algo que ocurre incluso contra lo que establece el propio Código Penal. Sin embargo, la reforma no apunta para una solución directa a esa problemática.
"Supuestamente, el Poder Judicial no está vinculado a ningún interés político y actúa de manera imparcial para alcanzar una sociedad más justa", afirma Silvina Romano. "Pero la realidad es que el aparato judicial, por formar parte del Estado, es en sí mismo político. Y, tal vez, una de las partes más politizadas del Estado Nación."
Ahora, el proyecto de la reforma judicial pasará a la Cámara de Diputados, donde el gobierno del Frente de Todos deberá buscar consensos para aprobar el proyecto.
Edición: Luiza Mançano
