Relacionado con una disputa entre el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el agronegocio, el caso de la Fuerza Nacional en asentamientos de Bahía es el último acontecimiento destacado en el escenario del campo brasileño. El asunto aparece en el ámbito nacional luego del envío de tropas por parte del gobierno Bolsonaro, el miércoles pasado (2), después de un despacho del ministro de Justicia, André Mendonça.
El mandatario había publicado, el día anterior, el decreto nº 493, autorizando la actuación de los agentes en la región extremo sur del estado de Bahía. El documento tiene como discurso oficial la propuesta de apoyar al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa) en asentamientos ligados al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) en los municipios de Prado y Mucuri.
Coordinada por la Policía Federal, la operación fue autorizada inicialmente por 30 días, del 3 de septiembre hasta el 2 de octubre, pudiendo ser prorrogada posteriormente. Desde la llegada de los agentes hasta este viernes (11), la tropa sigue concentrada en el municipio de Prado, zona de fuerte actuación del MST.
El municipio es la sede, por ejemplo, del asentamiento Rosa do Prado, que reúne a 265 familias. La sospecha de la organización es que la actuación de los agentes en el área estaría volcada a un ataque político a otro asentamiento, Jacy Rocha, a cerca de 50 km de allí, que concentra a otras 223 familias del MST. Las áreas resultan de una batalla trabada entre agricultores familiares y agronegocio, especialmente latifundios de eucalipto.
Intriga
La intriga política que resultó en la ida de la Fuerza Nacional al lugar tiene su origen en hechos anteriores. El movimiento dice haber sido sorprendido cuando, el día 26 ultimo, una pareja que había sido expulsada del asentamiento el 31 de julio del año pasado volvió al área acompañada de la Policía Militar (PM). Los agentes dijeron estar en compañía también de un representante del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), al cual estarían escoltando. Los militantes del MST afirman que el interlocutor del organismo no se identificó en la ocasión.
Al día siguiente, 27 de agosto, la pareja volvió al lugar con 13 personas más, según la organización, en un intento de recuperar el área. La expulsión de los dos se había dado después de que fueran acusados de estar involucrados con tráfico de drogas y robo de ganado. La remoción de la pareja del asentamiento se discutió en una asamblea popular cuya acta menciona que ellos no estarían residiendo con su familia en el lugar después de que terminaron de construir las casas, se habrían ausentado por más de 30 días sin motivo justificado y además habrían faltado al trabajo colectivo por tres días consecutivos y seis días alternados. Además de eso, los dos habrían portado armas de fuego dentro del asentamiento.
El despacho emitido por el Ministerio de Justicia para el envío de la Fuerza Nacional a la región vincula, de forma indirecta, el conflicto interno del asentamiento y la intervención del gobierno federal en la historia. En el texto, André Mendonça afirma que las tropas iban a auxiliar al INCRA “en las actividades y servicios imprescindibles para la preservación del orden público y que las personas y el patrimonio permanezcan incólumes”.
Gobierno de Bahía
La decisión recibió fuertes protestas y la reacción del gobernador de Bahía, Rui Costa (PT), que se dice sorprendido por la iniciativa. “La legislación es muy clara al decir que la Fuerza Nacional no es una fuerza federal. Es una fuerza de cooperación de los entes federados, y la ley establece que la Fuerza Nacional sólo puede ser utilizada por llamamiento, en concordancia y con anuencia de cada estado. Este estado ni siquiera fue informado”, criticó el mandatario el miércoles pasado (9), afirmando que la medida habría ocurrido “completamente al margen de la ley”. El prepara actualmente una acción directa de inconstitucionalidad (ADIN) para presentarla al Supremo Tribunal Federal (STF).
MST
Para el MST, la iniciativa del gobierno federal tendría el interés de “aprovechar” la disidencia interna anteriormente ocurrida en el asentamiento para crear una intriga que pueda criminalizar al movimiento a la luz del discurso bolsonarista, que tiene al agronegocio como un de sus principales brazos políticos.
El movimiento señala al asentamiento Jacy Rocha, supuesto objetivo final de la ida de la Fuerza Nacional a la región, como uno de sus puntos fuertes en el estado. Enfocado exclusivamente en la agroecologia, técnica que no utiliza venenos en el proceso productivo, la unidad se considera un “asentamiento-modelo” del MST y sirve de referencia para otras acciones de la organización en la región, donde el movimiento ha consolidado una actuación política que rindió frutos en diferentes frentes. Uno de ellos fue la creación de la Escuela Popular de Agroecología y Agrofloresta Egídio Brunetto, dentro de Jacy Rocha.
La lectura del movimiento es que los resultados de la lucha popular por la reforma agraria en el extremo Sur bahiano habrían inflamado los ánimos de opositores ideológicos. “Para nosotros, esto solamente es una disputa en el sentido de intentar acabar con el MST donde es más fuerte. Y el movimiento aquí de Bahía también ayuda mucho a sostener la lucha en el nivel federal, por lo tanto, estamos en una región donde tenemos fuerza, y la derecha está con rabia de nuestra actuación”, atribuye Vitor Passos, de la dirección del MST en el estado.
En nota pública divulgada el último día 2, la organización afirma que el gobierno Bolsonaro estaría, entre otras cosas, intentando “fragmentar el territorio”.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
