Amenazas de muerte, casas apedreadas, prisiones políticas. Trescientos días después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), la persecución a sus aliados se volvió rutina en reductos históricos de la derecha boliviana. Es el caso de Santa Cruz de la Sierra, departamento dominado por el agronegócio, en la frontera con Brasil, que es considerado una de las cunas del golpe de noviembre de 2019.
El joven Alpacino Mojica trató de desafiar la hegemonía de los terratenientes cruceños en las últimas elecciones. Líder del MAS en el departamento, se candidateó a diputado y no fue electo por una diferencia mínima – 3.500 votos, en una región donde el partido acostumbra perder por más de 20 mil. La frustración con el resultado de las urnas fue el aperitivo de la tragedia que vendría a continuación.
Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) – desmentido por auditorías independientes – indicó fraude en la reelección de Morales como presidente días después de las elecciones de octubre de 2019. Integrantes del MAS relatan que la acusación infundada fue el gatillo para la criminalización del partido.
Mojica fue uno de los blancos prioritarios. En 13 de diciembre, el y su hermano Paolo fueron juzgados por participación en asesinatos ocurridos un mes antes, durante ataque a un asentamiento de campesinos del MAS en Montero, a 65 km de la capital del estado de Santa Cruz. En esa ocasión, hubo intercambio de tiros y dos hombres fueron asesinados.
:: Conoza el asentamiento atacado por la derecha boliviana en Montero ::
Paolo fue liberado el día 13 por no haber indicios de involucramiento en el caso. Alpacino, por otro lado, permaneció detenido por 67 días y no consiguió despedirse de su madre, que falleció un mes después de la orden de prisión.
“Después de que el presidente Morales renunció, nos acusan de delitos que nunca cometemos”, afirma el dirigente del MAS en Santa Cruz. “Nosotros ya fuimos perseguidos, fueron a nuestra casa, a la casa de mi madre, lanzaron piedras, nos insultaron, nos agredieron, y después inventaron un caso. Primero, éramos apenas testigos. En seguida, nos prendieron ilegalmente.”
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“Fue un abuso total”, resalta Mojica, que se emociona al recordar a su madre. Según el militante, el dolor de ver a su hijo preso puede haber abreviado su vida. “Era la persona que yo más amaba en el mundo, una persona que siempre me dio apoyo, fuerza. Debe haber sido muy difícil prender la radio y la televisión y oír a los hijos acusados injustamente.”
Mojica dejó la prisión de Palmasola después del pago de una fianza de 15 mil bolivianos – el equivalente a US$ 2.172. El continúa respondiendo a las acusaciones por supuesto homicidio en grado de complicidad y organización criminal.
Intentos de cooptación
Ex diputado por el MAS, Darwin Choquerive es dirigente de la regional urbana del partido en Santa Cruz. En su evaluación, amedrentar aliados de Morales es una táctica central de los articuladores del golpe.
“Días antes del golpe, tuve que salir de casa a las dos de la mañana. Dirigentes de la derecha fueron a ‘visitarme’ cerca de 100 pandilleros, para amenazarme”, relata Choquerive, sin mencionar el nombre de los adversarios políticos. “Mi madre, que vivía conmigo, tuvo que huir a la casa de una pariente, y está viviendo allá hasta hoy. Son personas racistas, atrevidas, y actúan de esa forma”.
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Otro movimiento recurrente, según el militante, es la tentativa de cooptación de líderes del MAS en el interior del país. La idea es seducir los dirigentes y tratar de extraer información y debilitar al partido a cambio de dinero o cargos en el gobierno.
“La ventaja del MAS es que tenemos estructura política y dirección en todos los municipios, hasta el último rincón de Bolivia. La derecha, claro, tiene recursos económicos, puede comprar algunos dirigentes, pero no todos tienen un precio”, enfatiza el ex diputado.
Ataques mediáticos
Para Rafael Gamez, militante del MAS en Santa Cruz, los ataques mediáticos y las presiones contra integrantes del partido son anteriores al golpe. “Comenzaron en la época del referendo de 2016”, recuerda. En esa época, la población boliviana fue llamada para decidir sobre la posibilidad de una nueva candidatura de Morales.
La renuncia del entonces presidente, en 2019, según Gámez, dejó a los militantes “a la deriva”. El mismo, enseguida del golpe, se encontró con una imagen de su rostro y su nombre circulando en las redes sociales, como si fuera un fugitivo o buscado por la Justicia. Inmediatamente, pasó a tomar cuidados redoblados con su seguridad y redujo las visitas a sus familiares, para protegerlos.
Organizaciones populares de Bolivia salieron a las calles a pedir la renuncia de Jeanine Áñez, que se posesionó después del golpe contra Evo Morales / Luis Gandarillas / AFP
La necesidad de responder a las noticias falsas en la internet desde 2016 hizo que integrantes del MAS crearan el Grupo de Apoyo Estratégico (GAE), al cual pertenece Gámez. Hoy, el equipo también tiene la tarea de divulgar las propuestas de Luis Arce, candidato a sucesor de Morales, durante la pandemia.
“Son profesionales, técnicos y políticos, que están haciendo una campaña digital, además de la campaña tradicional”, explica el militante.
Antecedentes y saldo del golpe
Descendente de indígenas quechua y aimara, Evo Morales gobernó a Bolivia por tres mandatos, entre 2006 y 2019. La nacionalización de los hidrocarburos –petróleo y gas– fue uno de los pilares de su popularidad. La extrema pobreza cayó de 38% a 15% en el país y el crecimiento económico fue uno de los mayores del continente.
El informe de la OEA, con el supuesto fraude electoral hizo estallar la insatisfacción de los opositores de Morales, que ya lo criticaban por haberse candidateado a la tercera reelección. En el referéndum de 2016, la población boliviana había votado contra esa posibilidad, pero la Suprema Corte del país garantizó el derecho constitucional al entonces presidente.
Agresiones de aliados, quemas de casas y amenazas de muerte motivaron la renuncia de Morales, que se vio forzado a pedir exilio en noviembre de 2019. En todo el mundo, circularon imágenes de la Whipala siendo quemada y destruida. La bandera, de origen andina, es uno de los símbolos del Estado Plurinacional de Bolivia y representa el reconocimiento de la diversidad de los pueblos indígenas que habitan aquel territorio.
“El racismo, que ya existía, en una sociedad predominantemente indígena, se evidenció sin ningún pudor después del golpe”, analiza Gladstone Leonel Jr., profesor de Derecho de la Universidad Federal Fluminense (UFF) e investigador del constitucionalismo boliviano.
“Sumado a esos elementos del racismo, hay un desgaste de un gobierno que ya estaba (en el poder) hacia casi 14 años. Ya existían algunas fisuras en ese gobierno, por más que el contribuyera a una mayor popularización de derechos básicos”, complementa. “Muchas de las críticas al gobierno estaban relacionadas con la figura indígena de Evo, aunque internamente algunos grupos indígenas que componían el gobierno habían roto con el. Al final, hay diferentes percepciones políticas y disputas de poder entre los indígenas”.
El golpe de 2019 sería resultado de la articulación de intereses de actores internos y externos, insatisfechos con la reelección de Morales. “La derecha supo apropiarse de ese desgaste, estimuló un racismo histórico, que ya existía, sustentado por el imperialismo, y consiguió realzar todo eso en un contexto de golpe, porque no consiguieron hacer ese proyecto victorioso por la vía electoral”.
Varias de las publicaciones anti-indígenas, quema de la Whipala y agresiones a seguidores del MAS se atribuyen al Comité Cívico de Santa Cruz. En 2019, la organización estaba liderada por Luis Fernando Camacho, uno de los articuladores del golpe, que mantiene relación estrecha con el gobierno brasileño y es candidato a presidente en las próximas elecciones bolivianas.
Gámez acusa a Jair Bolsonaro y a Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, de participar en el golpe de 2019. Para Alpacino Mojica, el proceso no fue coordinado por actores sudamericanos: “La responsabilidad es de los Estados Unidos y de las transnacionales que pretenden apoderarse del litio boliviano”.
El sur de Bolivia posee la mayor reserva mundial de litio, metal alcalino utilizado para la fabricación de baterías.
Perspectivas
Después de la renuncia de Morales, la presidencia fue asumida interinamente por la ex senadora Jeanine Áñez, opositora del MAS. Ella incumplió la promesa de convocar a elecciones en 120 días y autorizó otros tres aplazamientos de la fecha de votación, utilizando la pandemia del coronavirus como argumento.
El pleito está previsto para 18 de octubre. Además de Áñez y Camacho, la derecha boliviana tiene como principal representante al ex presidente Carlos Mesa. En todas las encuestas, los tres aparecen detrás de Arce, ex ministro de Economía de Morales y considerado uno de los responsables por el crecimiento del PIB boliviano.
La campaña electoral comenzó formalmente el pasado día 6. “Hicimos una caravana extraordinaria con Arce por todos los barrios cruceños, y fue impresionante la cantidad de personas acompañándonos en las calles a las ocho de la mañana”, resalta Choquerive. En esa ocasión, cinco vehículos de seguidores del MAS fueron destruidos. “Estamos preparados para los ataques de la derecha, porque Santa Cruz es la cuna de la derecha boliviana. Pero no vamos a responder con la misma moneda”, finaliza.
Para Mojica, hacer una campaña limpia y honesta es la reacción más adecuada a la persecución sufrida desde el golpe. “Llegamos donde llegamos por la vía democrática, del crecimiento, desarrollo. No vamos a dejar de lado esos valores. Volveremos al gobierno porque somos el único instrumento político que tiene un proyecto claro para el pueblo boliviano”, afirma.
“El inicio de la campaña reafirmó que la mayoría de las personas está con Arce y confía que vamos a recuperar la estabilidad económica construida a lo largo de 14 años y comprometida después del golpe de Estado”, finaliza el ex candidato.
Rafael Gámez pondera que la violencia contra integrantes del MAS no ocurre sólo en Santa Cruz. “En Potosí [en la región de los Andes], también quemaron carros y banderas el día 10, durante la apertura de la campaña”, recuerda.
“Tenemos mucho miedo de que ahora si, suceda un fraude. No confiamos en el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que fue montado después del golpe”, añade Gámez. “Estamos luchando para que observadores internacionales de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y de la Unión Europea acompañen las elecciones, porque no confiamos en la OEA.”
Morales fue impedido de participar en las elecciones para el Senado, el pasado día 8, por no tener residencia comprobada en Bolivia en los últimos dos años. El ex presidente continua exilado en Argentina, donde actúa como jefe nacional de campaña del MAS.
El reportaje intentó contacto con el Comité Cívico de Santa Cruz y con la presidenta interina Jeanine Áñez para comentar las acusaciones, pero no obtuvo respuesta.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
