El desalojo de alrededor de 2.500 familias, que ocupan más de 100 hectáreas en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, previsto para el último jueves (1) fue suspendido a última hora la noche pasada. La conquista fue festejada por todos que ocupan el territorio, dividido en cuatro barrios, cuya lucha para permanecer en el lugar ganó repercusión nacional.
Sin embargo, el plazo para el desalojo fue ampliado solamente hasta el 15 de octubre, y el conflicto sigue sin resolución. Según el movimiento de la ocupación, el gobierno exige la salida de las familias del territorio, sin una solución inmediata viable o una alternativa de vivienda.
La mayoría de los ocupantes quedó en la desocupación durante la pandemia de covid-19. Entre ellas, centenas de niños y niñas, personas trans, mujeres víctimas de violencia de género.
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Sin consenso
El mismo día jueves, se dio una reunión con los representantes legales de las familias, organizaciones sociales que acompañan la ocupación, representantes del gobierno de la provincia, como el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el secretario de Acceso al Hábitat, Rubén Pascolini. Las propuestas del gobierno se fundamentan en la "salida pacífica" de las familias para después presentar una solución; por otro lado, los representantes de la ocupación exigen garantía de tierra y vivienda, alegando no tener a donde ir.
Este último fin de semana, la provincia intentó cerrar acuerdos individuales con los ocupantes ofreciendo alimentos y una propuesta en dinero de AR$ 45 mil (US$ 584). El intento no tuvo éxito. Luego de la acción, el gobierno local lanzó un comunicado sobre "grupos violentos" presentes en la ocupación.
Pobreza y desempleo
Datos del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC) divulgados en la misma semana indican un aumento de la pobreza, que alcanza ahora al 40,9% de la población en Argentina. Ello indica que, con relación al último año, en este primer semestre agravado por la pandemia, 2,5 millones de personas cayeron bajo la línea de la pobreza.
Otro dato alarmante señala el 10,5% de indigencia, o sea, personas que no alcanzan a la canasta básica alimentaria.
Según el INDEC, el desempleo también tuvo un incremento y llegó al 13,1%, el índice más alto desde 2004, y, con él, la imposibilidad de pagar los alquileres. En ese sentido, como una de las medidas para enfrentar la crisis provocada por la pandemia, el gobierno federal argentino congeló los alquileres y prohibió los desalojos.
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"Ya sabemos como funciona", afirma Eduardo Soares, uno de los abogados que representa a las familias, de la Gremial de Abogados. "La justicia en Argentina, y en toda América Latina, responde a la conducción política de los territorios en donde está. En este caso, atiende a especies de señores y señoras feudales del lugar, que son dueños de la policía, de la justicia, de los fiscales. Así, sin ni siquiera interrogar a las personas, un fiscal pide el desalojo y un juez lo resuelve en 24 horas."
El juez en este caso es Martín Rizzo. A partir de denuncias de vecinos y de una sociedad anónima, que dice ser la dueña del lugar, el magistrado decidió la desocupación del terreno, incluso sin la presentación de la escritura de tenencia, de acuerdo con la defensa de la ocupación.
Alrededor de 100 hectáreas fueron divididas en cuatro barrios, en Guernica, municipio de presidente Perón, en Buenos Aires. / Reproducción
Tierra y territorio: una cuestión de América Latina
Guernica se caracteriza por poseer diversos country clubs lujosos. "La ocupación de Guernica es tan simbólica en nuestro país, en toda América", señala Alejandro Ignaszewski, del Movimiento Resistir y Luchar, una de las organizaciones que acompañan las familias.
"Son alrededor de mil countries en la provincia de Buenos Aires. El 80% fue construido de manera irregular, y son verdaderas tomas. Pero tomas a servicio de un sector que especula las mejores tierras, y con la mejor disposición para armar viviendas no populares", denuncia.
La cuestión de la tierra y del territorio es el problema social de largo plazo más profundo de América Latina.
Los comentarios en noticias sobre la ocupación reflejan buena parte de la opinión pública, es notable una curiosa y extrema preocupación por la propiedad privada, aun en este caso, en donde no hay un propietario declarado. Es lo que explica la historiadora e investigadora de la reforma agraria en América Latina, Joana Salém, que anota como ese imaginario sobre los que sufren por el déficit habitacional fue reforzado por las propias ciencias sociales.
"La cuestión de la tierra y del territorio es el problema social de largo plazo más profundo de América Latina", afirma, y agrega. "Con el avance del éxodo rural y el incremento de las periferias urbanas en los años 50 y 60, un sector de las ciencias sociales creó una teoría que las denominó como 'poblaciones marginales'", destaca.
Otra corriente, ligada al marxismo, criticó esa teoría, diciendo que, justamente, la pobreza no está al margen del sistema, sino que es producto del mismo. Una alternativa anticapitalista para superarla sería la ocupación del espacio, tanto rural como urbano", completa Salém.
Intimidación
En los más de dos meses de ocupación, las familias relatan haber sido atacadas diversas veces por policías y grupos armados, además de enfrentar el acoso directo por parte de funcionarios del gobierno que intentaban negociar una "salida pacífica".
Un censo realizado al principio de la ocupación por el gobierno recogió datos como documentos y teléfono de los ocupantes. Después de ello, a centenas de personas de la ocupación les iniciaron causas judiciales por "usurpación".
En uno de los primeros intentos de diálogo entre la provincia y las familias, la intendenta del municipio Presidente Perón – donde se ubica Guernica –, Blanca Cantero (Frente de Todos), afirmó estar allí por el interés de "defender a los dieciocho countries que están alrededor de la ocupación".
"La Justicia aceleró el proceso compulsivo de desalojo, acompañado del ala política, que es la que debería dar una solución real al problema", alega Ignaszewski. "Podrían haber usado todo este tiempo para analizar las soluciones que presentamos, para resolver el conflicto, y no lo hicieron."
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A la conquista de la prórroga del desalojo le antecede un proyecto de urbanización presentado por la Gremial de Abogados. Dada sus características, parte del territorio podría ser destinada a la urbanización y alojamiento de las miles de personas que hoy están en carpas y construcciones improvisadas.
"Mostramos con esa propuesta que era posible resolver el conflicto de forma simple, sin violencia, sin aplicar el Código Penal", cuenta Soares, uno de los responsables por el proyecto. "Nos felicitaron por la profundidad técnica de la propuesta, pero insistieron en que primero las personas tendrían que dejar el terreno."
Un día antes del desalojo previsto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Frente de Todos) reforzó que "las ocupaciones no son la solución" al presentar un plan que prevé la construcción de 33 mil viviendas en otras localidades. La propuesta se traduce en hacer que, momentáneamente, las familias vuelvan a sus municipios, aunque la mayoría de los ocupantes afirma no tener adonde ir.
Edición: Pilar Troya
