Los brasileños, según el presidente Jair Bolsonaro (sin partido), pueden dormir tranquilos de ahora en adelante. Uno de los problemas estructurales del país ya no existe, al menos en el gobierno: la corrupción. Durante un discurso en el Palacio Presidencial de Planalto, el pasado miércoles (7), el capitán retirado dijo que puso fin a la Operación Lava Jato porque en su gobierno "no hay más corrupción".
“Es un orgullo, una satisfacción, decirle a esta maravillosa prensa que no quiero acabar con la Operación Lava Jato. Ya acabé con la Lava Jato porque no hay más corrupción en el gobierno. Sé que esto no es una virtud, es una obligación”, dijo el presidente brasileño mientras destilaba halagos a su gobierno.
El presidente, sin embargo, parece ignorar las pruebas de corrupción que lo envuelven a él y a su familia.
Brasil de Fato reunió algunos de los casos más sonados desde que el mandatario asumió la presidencia el primero de enero de 2019.
CPMI de Fake News
Tanto Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro, como Eduardo Bolsonaro, diputado federal, son investigados por la Comisión Mixta Parlamentaria de Investigaciones (CPMI) de Fake News por su presunta participación en campañas de Internet para descalificar y atacar a los opositores políticos a través de noticias falsas.
La información presentada recientemente a la Policía Federal, por el diputado Alexandre Frota (PSDB), ex-aliado de la familia Bolsonaro, relacionaron los IP, la identidad de los computadores, de Eduardo Bolsonaro con la diseminación de noticias falsas y con los ataques contra los enemigos políticos de la familia Bolsonaro.
Otra antigua aliada de la familia, Joice Hasselmann del Partido Social Liberal, también presentó un documento a la CPMI que van acorde a las acusaciones hechas por Frota.
Investigación de fake news en el STF
El Tribunal Supremo Federal (STF) lleva a cabo otra investigación sobre fake news, pero dirigida específicamente a miembros del Tribunal y del Congreso Nacional. Según el periódico local Folha de S. Paulo, la Policía Federal identificó, en esta investigación, una vez más a Carlos Bolsonaro como uno de los implicados en un esquema criminal de noticias falsas, además de varios empresarios bolsonaristas que estarían financiando dicho esquema.
Participación en actos antidemocráticos
Otra investigación en curso en el STF está relacionada con el ministro Alexandre de Moraes que abrió una investigación sobre las manifestaciones del pasado 19 de abril para determinar el sesgo antidemocrático de dicha protesta. Los manifestantes de entonces pidieron el cierre del Congreso Nacional y del STF, así como el retorno del Acta Institucional 5, una norma de la dictadura militar.
El presidente Jair Bolsonaro formó parte de la manifestación y pronunció un discurso frente al Cuartel General del Ejército, apoyando el discurso antidemocrático.
Fabio Wajngarten en la mira
La Policía Federal abrió una investigación contra Fabio Wajngarten, jefe de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SECOM). La investigación, que se lleva a cabo de manera reservada, partió de una solicitud del Ministerio Público Federal (MPF) para averiguar si Wajngarten había cometido delitos de corrupción, malversación de fondos y defensa administrativa.
Se le acusa de ser socio, paralelamente al cargo que desempeña en la Secretaría de Comunicación, de FW Comunicação, una empresa que recibe dinero del propio gobierno de Bolsonaro y de grandes emisoras de televisión como Record y Band.
Caso Queiroz
El 18 de diciembre de 2018, unas semanas antes de que Jair Bolsonaro asumiera el cargo de presidente de la República, un documento del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) identificó una serie de transacciones financieras atípicas en las cuentas de asesores de parlamentarios, entre ellos, el diputado y senador electo Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. Todos los políticos implicados, en ese momento, eran miembros del Partido Social Liberal.
Hay poca información sobre el destino de los fondos, pero según el COAF, una de las transacciones es un cheque de 24.000 dólares destinado a Michelle Bolsonaro, la esposa del presidente.
El documento también revela que la mayoría de los depósitos en efectivo, hechos en la cuenta del ex asesor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, coinciden con las fechas de pago en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj).
Interferencia en la Policía Federal
El avance de la investigación de la operación que tiene como uno de los objetivos a Flávio Bolsonaro, habría llevado a Jair Bolsonaro a interferir directamente en un cambio de mando de la Policía Federal en Río de Janeiro, razón alegada por el ex Ministro de Justicia, Sergio Moro, para dejar el cargo. El órgano investiga el caso en el estado de Río de Janeiro y también en Brasilia.
Organización delictiva y lavado de dinero
La investigación que se lleva a cabo la Fiscalía de Río de Janeiro sobre los cargos de organización delictiva, lavado de dinero y malversación de fondos públicos por parte del hijo de Bolsonaro continúa en estado reservado.
Sin embargo, el sitio web de The Intercept Brasil tuvo acceso en abril de este año a documentos y datos confidenciales recopilados por el Ministerio Público, durante la investigación, que indican que el dinero recaudado en la oficina de Flávio Bolsonaro se utilizó como inversión para edificios levantados por tres constructoras: São Felipe Construção Civil Eireli, São Jorge Construção Civil Eireli y ConstruRioMZ.
El hoy senador Flávio Bolsonaro recibiría el beneficio económico de la inversión de los edificios, según los investigadores, a través de las transferencias realizadas por el ex capitán de Bope, Adriano da Nóbrega, que fue nombrado jefe de la Oficina del Crimen, una milicia especializada en asesinatos por encargo que opera en la zona oeste de Río de Janeiro, y su ex asesor Fabrício Queiroz.
La organización delictiva también opera en la recaudación de "tasas de seguridad", la venta de botellones de gas, botellones de agua, la explotación clandestina de señal de TV, la apropiación de tierras y la construcción civil en las regiones de Río das Pedras y Muzema.
La ejecución de Marielle Franco
El brutal asesinato de la concejala Marielle Franco hace más de dos años también puso de manifiesto la implicación de la familia presidencial con la milicia en el estado de Rio de Janeiro.
Exactamente un año después de su muerte, el policía retirado Ronnie Lessa y el ex militar Élcio Queiroz fueron arrestados, acusados de ser los ejecutores del crimen que tuvo repercusiones en todo el mundo.
Lessa es vecino de Jair Bolsonaro en el condominio Vivendas da Barra en Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro. En las redes sociales, Élcio Queiroz, por su parte, a menudo exaltaba al representante brasileño, además de publicar fotos con él.
Meses más tarde, en octubre de 2019, Raquel Dodge presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) denunciando a Domingos Inácio Brazão, ex-diputado y consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, como responsable del asesinato de la concejala.
La implicación de la familia Bolsonaro con los responsables de la muerte de Marielle provocó incluso una campaña contra la federalización de la investigación del caso. Una bandera antigua de la familia de la concejala, que cambió completamente de posición tras la llegada de Bolsonaro a la presidencia.
Adriano da Nóbrega, por otro lado, fue asesinado el 9 de febrero de este año, después de una operación policial que intentó capturarlo en Bahía, nordeste brasileño, tras de un año de fuga. En una entrevista con la Red Globo, su abogado, Paulo Emílio Catta Preta, incluso planteó la posibilidad de que su cliente muriera como parte de una "quema de archivos".
"Él me dijo así: 'Doctor, aquí nadie tiene la intención de arrestarme. Quieren matarme. Si me arrestan, me matarán en la cárcel. Estoy seguro que me matarán por una quema de archivos. Fueron sus palabras”, afirmó el abogado defensor.
Con Adriano, se incautaron 13 teléfonos celulares, que actualmente están en manos de la Policía Civil de Río de Janeiro.
Edición: Luiza Mançano e Pilar Troya
