El activista de derechos humanos zimbabuense Elvis Mugari está exilado en Sudáfrica desde enero de 2019, cuando entró en la lista de buscados en su país. El motivo: organizar una manifestación pacífica contra el aumento del precio de los alimentos, dispersada después de fuerte represión.
“Los militares mataron siete personas, centenas fueron presos, mujeres fueron violadas”, relata. El gobierno no reconoce esos números y afirma que las fuerzas de seguridad apenas reaccionaron a la violencia de los manifestantes.
Ubicado en el sur del continente africano, Zimbabue ve la pandemia de covid-19 intensificar conflictos políticos que comenzaron hace más de dos décadas.
Cerca del 34% de la población vive en extrema pobreza, y la inflación es superior a 300% – la segunda mayor del mundo. La precarización de las condiciones de vida de los trabajadores amplió la insatisfacción con un gobierno presionado incluso antes de la posesión.
“El régimen responde con mano pesada a las demandas de los trabajadores y les niega el derecho de participar en acciones laborales, peticiones y manifestaciones. Los están arrestando, secuestrando y atacando por pedir mejores condiciones de trabajo”, describe Mugari, mientras reúne fuerzas para “volver y encarar el monstruo de frente.”
Independiente de Inglaterra desde 1980, Zimbabue realizó una amplia reforma agraria en la década siguiente, redistribuyendo 85% de las tierras del país. El jefe de Estado que lideró aquel proceso, Robert Mugabe, pertenecía a la Unión Nacional Africana de Zimbabue, el mismo partido de su vice y sucesor, el actual presidente Emmerson Mnangagwa.
Marcha de la oposición, en medio de la pandemia, denuncia corrupción en el gobierno Mnangagwa/ Phill Magakoe / AFP
El Congreso de Sindicatos de Zimbabue (ZCTU), mayor central sindical del país considera que el mandato de Mnangagwa es ilegítimo. En noviembre de 2017, una semana después de haber sido cesado del cargo de vicepresidente, ascendió a la presidencia con apoyo del ejército, llevando Mugabe a la renuncia a sus 93 años.
La lista de críticas y acusaciones de la ZCTU a Mnangagwa incluye corrupción, cooptación de la Justicia, persecución a periodistas y opositores y violaciones al derecho de asociación de los trabajadores. Este último aspecto fue endosado por Clément Nyaletsossi Voule, relator especial de la ONU para el derecho a reunión y asociación pacífica.
“Violencia estatal ya existía durante el gobierno de Mugabe, pero la situación empeoró. Mugabe usó la policía, mientras Mnangagwa usa tanto la policía, como los militares y la Justicia”, afirma el secretario general de la ZCTU, Japhet Moyo, que utiliza el término dictadura para referirse al actual gobierno. “En dos años como presidente, ya acusó a 17 sindicatos, activistas de derechos humanos y activistas de la oposición de traición, mientras Mugabe acusó a cuatro personas de traición en 40 años.”
Historia
Las décadas de 1970 y 1980 estuvieron marcadas por guerras de liberación en el sur del continente africano, después de siglos de dominación europea. En países como Zimbabue, Angola y Mozambique, la independencia sólo se consolidó después de lucha armada con los colonizadores.
“En Zimbabue hubo guerra y, al final, una transición negociada, en la que una de las condiciones fundamentales era la preservación del régimen de propiedad. Entonces, los hacendados blancos mantuvieron su tierra”, recuerda Paris Yeros, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Federal de ABC (UFABC).
“Eso porque Sudáfrica estaba en la escalada final de lucha contra el apartheid, y se evaluó que Zimbabue necesitaría ‘morigerarse’ un poco para no causar conflictos que desestabilizaran las negociaciones en curso en el país vecino.”
Apenas terminó el apartheid, en 1991, los cambios en la estructura de tenencia de la tierra volvieron a la agenda de Mugabe, que había asumido el poder en 1980. La reforma agraria, considerada la mayor del período post Guerra Fría, se concretó en el cambio de siglo, obligando a hacendados blancos a entregar sus propiedades a agricultores negros.
La noticia de la redistribución de las tierras en Zimbabue, sin la compensación requerida por los expropietarios, hizo eco en Occidente como amenaza.
“Hubo una reacción muy fuerte. El FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial, obviamente, cortaron financiamiento. En 1998, habían comenzado las sanciones militares, y el país ya no conseguía comprar de las fuentes de Occidente”, añade Yeros.
Policía reprime a manifestante durante protesta contra la corrupción y el deterioro de la economía en agosto de 2020 / Phill Magakoe / AFP
Conflicto estructurado
En 2001, Estados Unidos y Unión Europea iniciaron sanciones económicas unilaterales contra Zimbabue, que restringen los intercambios comerciales de bienes y servicios, prohíben viajes de políticos considerados enemigos y suspenden políticas de cooperación y apoyo entre gobiernos.
Dentro del país, también hubo reacciones –incluso antes de la reforma agraria. Activistas políticos y sectores de la clase trabajadora que habían apoyado o participado de las luchas de liberación rompieron con Mugabe y pasaron a integrar las filas de la oposición a partir de 1995. El tenor de las acusaciones era semejante al de hoy: autoritarismo, corrupción, cooptación del Estado.
“Cuando llega la pandemia [de covid-19], el conflicto ya está estructurado hace 20 años. Entonces, la oposición en Zimbabue incluye desde EE. UU., terratenientes contra la reforma agraria, hasta el propio movimiento sindical”, resalta Yeros.
Aunque el propósito de la reforma agraria sea casi unanimidad entre los opositores –excepto por los exterratenientes–, Mugabe es criticado por utilizar ese proceso para beneficiar aliados y veteranos de las luchas de liberación.
Elvis Mugari defiende una auditoria de las tierras del país y una recuperación de la distribución de tierras basada en el concepto “un hombre, una propiedad”. Según el opositor, el gobierno nunca combatió las nuevas formas de apropiación ilegal de tierras que se desarrollan en Zimbabue desde los años 2000.
Sanciones
La economía de Zimbabue depende de la minería y de la agricultura, principalmente del tabaco, del azúcar, del maíz y del algodón. La adopción del dólar como moneda oficial, en 2009, revirtió la tendencia de encogimiento del Producto Interno Bruto (PIB), pero no trajo la estabilidad prometida.
El gobierno alega que las sanciones encarecen las importaciones y restringen las exportaciones, debido a las multas y prohibiciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea.
En 4 de marzo de 2020, cuando la covid-19 comenzaba a propagarse en el continente africano, Donald Trump renovó las sanciones por tempo indeterminado. “Zimbabue tuvo muchas oportunidades de estabilizar la región de África del Sur y abrir las puertas a una mayor cooperación con los EE. UU. Infelizmente, el gobierno de Emmerson Mnangagwa aún no indicó voluntad política para implementar esas reformas”, informó un comunicado de la Casa Branca ese día.
Mugari explica que el fin de las sanciones no es una de las banderas centrales de la oposición. Para el activista, culpar a las sanciones por los problemas socioeconómicos del país es quitarle la responsabilidad al régimen por la crisis.
“La matanza de manifestantes por el ejército en 2018, la represión violenta a las protestas en 2019, las palizas a manifestantes en agosto de 2019 y la continua ola de secuestros, tortura de críticos del gobierno, líderes sindicales, miembros de la oposición, muestran que las sanciones se intensificarán hasta que el régimen se arrepienta y pase a respetar el Estado de Derecho”, afirma.
Contradicciones
Paris Yeros llama la atención sobre el no-alineamiento político y militar de Zimbabue con Occidente. “A partir de 2003, la región [África del Sur], con excepción de Botsuana y Tanzania, cerró un acuerdo multilateral de defensa mutua. Por eso, está blindada, diferente al resto de África, donde hay presencia de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y de la CIA. Son conquistas de los movimientos de liberación, que consiguieron consolidar esas ganancias en materia de seguridad”, resalta.
“Existe, claro, represión, prisión de periodistas”, añade el profesor. “Es claro que eso no es saludable al espacio democrático, pero también sucede en otros países, como la propia Sudáfrica. Los asesinatos políticos, la corrupción, también”.
Al analizar violaciones al Estado de Derecho, Yeros señala que no habría reforma agraria en Zimbabue sin la radicalización de la Justicia.
“Para hacer la reforma agraria, ellos violaron la propiedad privada. Y ahí comienza el debate en torno del Estado de Derecho, porque el sistema de justicia defendía automáticamente la propiedad privada. Ellos tuvieron que jubilar jueces [contrarios a la reforma], reestructurar el sistema, movilizar al ejército para defender las ocupaciones”, resalta.
El profesor de la UFABC admite dificultad para caracterizar el Estado en Zimbabue. “Hay problemas conceptuales que nos desafían. Tuvimos una situación revolucionaria. El partido tiene una estructura leninista, que viene de la guerrilla, pero ideológicamente es ‘pequeño burgués’, y puede ir de lo neoliberal hasta lo radical”, explica.
Emmerson Mnangagwa, presidente de Zimbabue desde noviembre de 2017 / Jekesai NJIKIZANA / AFP
“Hubo un paquete neoliberal, de desindustrialización, entre 1990 y 1996. En seguida, el país entra en ruta de colisión con el FMI, y desde 2005 hay una serie de intentos de normalizar la relación con Occidente, incluyendo la dolarización – al mismo tiempo, con represión interna y con límites a la explotación de minerales por empresas extranjeras”, completa Yeros.
“Hay varias contradicciones. Los bancos nunca fueron tomados, se formó una burguesía interna con intereses propios, y los cultivos agrícolas fueron reinsertados en cadenas globales, en la lógica de las multinacionales”, ejemplifica.
Perspectivas
Con 15 millones de habitantes, Zimbabue tiene menos de 300 muertes confirmadas por covid-19, pero las consecuencias de la pandemia son más amplias.
Como 94% de la fuerza de trabajo está en la informalidad, el gobierno no consiguió garantizar ingreso mínimo para todos durante la cuarentena. La ayuda mensual, equivalente a US$ 3, no llegó ni a la mitad de las familias pobres.
Las dificultades económicas limitan la compra de pruebas, lo que explica el bajo número de víctimas fatales – el país es apenas el 96º del ranking mundial de muertes por covid-19. La falta de recursos también compromete la conservación de la estructura de los hospitales y el pago de salarios al día a los servidores públicos.
Edición: Rodrigo Chagas
