Desde 2018, la gestión migratoria del flujo venezolano en Brasil la realiza la Operación Acogida, una fuerza tarea logística para el estado de Roraima (frontera con Venezuela), coordinada por el Ejército Brasileño y agencias internacionales y nacionales, muchas de ellas vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Después de casi cinco años de intenso flujo migratorio hacia Brasil (2015-2020), ese modelo de respuesta militarizada continúa creando dificultades para que las acciones puedan ir más allá de la emergencia, de modo que se fortalezcan las comunidades migrantes en un proceso de autonomía e integración a la sociedad brasileña.
Creada durante la gestión de Michel Temer (2016-2018), la operación tiene por objetivo organizar la llegada de los venezolanos en Brasil. De forma tardía, el gobierno federal asumió, por medio de la Medida Provisional 820, el control del acogida de los venezolanos, sin embargo, optó por designar al Ministerio de Defensa para coordinar las acciones de acogida.
Al comienzo de la Operación, algunas organizaciones de la sociedad civil se posicionaron contra la militarización. La polémica llegó hasta Ginebra (Suiza), a la 38ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018, en la voz de la activista venezolana Ligia Bolívar, que denunció la violación de derechos de las más de 1,6 millones de personas que salieron de Venezuela rumbo a otros países de las Américas. La denuncia mencionó el proceso de acogida en Brasil.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también se posicionó contra la gestión militarizada, alegando que la medida contrariaba de lo que preconiza la Nueva Ley de Migración (Ley nº 13.445/17), o sea, la sustitución del paradigma de la seguridad nacional por la lógica de los derechos humanos.
La acogida de migrantes involucra aspectos que están fuera de las competencias de las Fuerzas Armadas
“La adecuada acogida de migrantes involucra aspectos de documentación, albergue y acceso a derechos, competencias que salen del alcance constitucional de las funciones de las Fuerzas Armadas”, destaca el informe producido por el CNDH, en 2018.
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Incluso con todas las recomendaciones, la Operación Acogida está siendo implementada desde marzo de 2018, y se concentra en tres áreas de trabajo: ordenamiento de la frontera, albergue de los migrantes y traslado a lugares de residencia en el interior del país. Después tres años de trabajo, Marcia Oliveira, profesora del Programa de Posgrado en Sociedad y Fronteras (PPGSOF-UFRR), evalúa que la Operación está siendo insuficiente para dar cuenta de la complejidad del contexto migratorio en Roraima.
Las políticas migratorias no son efectivas, son apenas de emergencia
“La actual política de acogida presentada por el Estado no corresponde a los anhelos (humanitarios), en un contexto en que las políticas migratorias no son efectivas, son solo de emergencia, tanto de parte del Estado como de las agencias nacionales, internacionales y organismos gubernamentales”, argumenta la profesora.
A contramano de la autonomía
Actualmente, la Operación Acogida está al frente, junto con diferentes organizaciones humanitarias, de 14 albergues en la capital Boa Vista (13 de Setembro, Jardim Floresta, Latife Salomão, Nova Canãa, Pintolândia, Rondon 1, Rondon 2, Rondon 3, Santa Tereza, São Vicente 1, São Vicente 2 y Tancredo Neves) y Pacaraima (BV-8 y Janokoida). En total, los espacios albergan a 4.518 personas, en su mayoría mujeres jefas de hogar (cerca de 960).
La autonomía de las personas migrantes es un punto de ebullición para la actual gestión migratoria, ya que la Operación Acogida es también la principal responsable por la desarticulación de las ocupaciones autónomas autogestionadas por migrantes.
“Mi trozo de Venezuela en Brasil”, conforme comunitarios definen las ocupaciones espontáneas / Benjamin Mast
Hasta el momento, de las 10 ocupaciones espontáneas existentes en Boa Vista, ocho ya fueron desactivadas (Antiga Sec. Educación, Totozão, Segad, Antiga Creche, Futura PM, Clínica de Rehabilitación, Antiguo Shopping y Casa Bernardo Coutinho), donde vivían cerca de 1.400 personas. Reubicadas en espacios disponibles en refugios, reciben temporariamente ayuda para el alquiler o fueron reubicadas en el interior del país. Aún están activas las ocupaciones en Embratel y Clube del Trabalhador (Ka’Ubanoko).
Vivimos en el refugio como prisioneros, no podemos ni cocinar nuestros alimentos
El principal motivo para el desmantelamiento de las ocupaciones, según la Operación Acogida, está relacionado con la “falta de condiciones sanitarias en las ocupaciones espontáneas”. Los refugios, no obstante, tampoco logran ofrecer condiciones adecuadas para la comunidad. "Vivimos en el refugio como prisioneros, no podemos ni cocinar nuestros alimentos, tenemos poco acceso al agua, vivimos en barracas, son baños colectivos para 500-700 personas. Hablo a partir de mi experiencia y la de muchos otros migrantes. Ya viví en un refugio con un hijo recién nacido y fue una experiencia que no quiero repetir. En ese espacio a nuestra palabra no cuenta, no existe decisión nuestra”, afirma la líder criolla de Ka’Ubanoko, Yidri Torrealba.
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Según nota de la Operación Acogida, las desocupaciones son realizadas conforme el Plan de Emergencia para las Ocupaciones Espontáneas y responde a “todos los criterios humanitarios legales". Con todo, en ningún momento el Plan involucró a las comunidades venezolanas de las ocupaciones espontáneas en su construcción. “Yo se lo que es una consulta previa y se que lo que ellos están haciendo no es una consulta, ellos nos dieron información. Ellos sólo dieron una opción: refugio. Ellos le dicen a eso consulta. Nos sentimos vulnerables”, afirma la vicecacique indígena Warao de Ka’Ubanoko, Leannys Torres.
Vicecacique indígena Warao de Ka’Ubanoko, Leany Torres, que representa cerca de 140 familias indígenas de la ocupación / Benjamin Mast
La ocupación Ka’Ubanoko posee una comunidad interétnica, compuesta por migrantes venezolanos no indígenas (mestizos) y por pueblos indígenas desplazados, pertenecientes a cuatro etnias: Warao, Pemon, Eñepa y Kariña.
La comunidad está ubicada en el barrio periférico Jóquei Clube y recibió el comunicado que habría la desocupación completa del espacio el próximo 28 de octubre, fecha que está siendo flexibilizada por presión de la comunidad. La noticia inesperada en medio de la pandemia fue anunciada por la Operación Acogida, que pretende acabar con la resistencia a la militarización de la gestión migratoria.
El grupo tiene total conciencia de su organización, es una comunidad legítima que no debería ser trasladada
“Ka’Ubanoko es resistencia porque representa esa posibilidad de acogida e integración con la sociedad local. El grupo que está allí tiene total consciencia de su organización. Es una comunidad legítima que no debería ser trasladada”, explica la profesora Marcia.
Incluso con la amenaza de desalojo a la vista, y la coacción por parte de los militares, que comenzaron a convocar reuniones para hablar sobre el desalojo, la comunidad permanece organizada y firme en el propósito de autogestión. “Refugio y traslado a lugares lejos de la ciudad son soluciones de corto plazo, que aumentan aún más el problema, que ellos transfieren a otros estados. No tienen las respuestas de largo plazo, pero nosotros tenemos: construcción de comunidades autónomas”, finaliza Yidri Torrealba, de Ka´Ubanoko.
Comunitaria de Ka’Ubanoko hace hallacas, comida tradicional venezuelana / Benjamin Mast
Edición: Rogério Jordão
