"Viví 41 años pensando que había policía para proteger a mi familia. Y esa misma policía que admiraba le quitó la vida a mi hijo, me lo quitó. De manera cruel y cobarde", dice Maria Cristina Quirino Portugal, madre de Denys Henrique, una de las nueve víctimas fatales de una truculenta acción de la policía militar en un baile funk realizado en Paraisópolis, barrio popular ubicado al sur de la ciudad de São Paulo.
Aquel 1 de diciembre de 2019 debería haber sido sólo una noche de ocio para Denys y miles de otros jóvenes, pero se convirtió en una pesadilla cuando los ritmos funk fueron abruptamente reemplazados por bombas de gas lacrimógeno, golpes y balas de goma. El episodio, cuyos autores siguen impunes hasta hoy, se conoce como la Masacre de Paraisópolis.
Los videos de jóvenes atrapados en los callejones de la comunidad y rodeados por agentes de policía que cerraron las posibles vías de salida registran la desesperación y el tumulto causados por la acción policial.
Además de Denys Henrique Quirino, fallecieron los jóvenes Mateus dos Santos Costa, Eduardo Silva, Bruno Gabriel dos Santos, Dennys Guilherme dos Santos Franca, Luara Victoria Oliveira, Gabriel Rogério de Moraes, Gustavo Cruz Xavier y Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 14 a 23 años.
Murieron por "asfixia mecánica por sofocación indirecta", según el informe pericial, como resultado del acorralamiento al que fueron sometidos por la acción policial. Según la versión de la policía, los jóvenes habrían sido pisoteados hasta la muerte y vivían en otras regiones de la ciudad y no estaban familiarizados con las calles de Paraisópolis.
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La policía afirma que perseguían a dos hombres en moto que habrían disparado. La comunidad rechaza esta y afirma que los oficiales bloquearon las calles para reprimir el baile. El cerco provocó pánico y una fuga desordenada de una multitud de jóvenes, por callejones estrechos y sin salida.
Un año después de la tragedia, las familias siguen sin respuestas y luchan por justicia y sanciones a los responsables por las muertes. La investigación aún no ha terminado y los 31 agentes de policía aún no han sido imputados.
Al convivir diariamente con el dolor y el anhelo, Maria Cristina se empeña en hablar sobre su hijo, Denys Henrique. El adolescente cumpliría 18 años el próximo 31 de diciembre y trabajaba limpiando tapicerías. En su relato, con un llanto ahogado, cuenta que no sabía que su hijo había ido al baile y esperó durante horas que regresara. Su corazón de madre sabía que algo no iba bien hasta que el teléfono sonó el domingo por la mañana, solicitando que algún familiar del joven compareciera al hospital.
La responsabilidad de la policía en la muerte de los "9 de Paraisópolis", como se conoce las víctimas, es incuestionable para ella. "Si la policía no hubiera actuado así, mi hijo habría vuelto a casa", critica María Cristina.
María Cristina defiende que los agentes sean juzgados por uso indebido y desproporcionado de la fuerza. "Ellos [la policía] siguen trabajando, recibiendo su sueldo. Siguen siendo agentes de policía... solo Dios sabe si no siguen matando. La batalla por la justicia no se da sólo en estas fechas. Tenemos que exigir todos los días. Y lo haremos. No van a quedar impunes".
La foto favorita de María Cristina retrata a ella y a su hijo juntos; Denys solía acostarse y hacerle compañía a su madre antes de dormir / Foto: Archivo personal
Lucha colectiva
Ante el duelo, las familias de las nueve víctimas, que no se conocían personalmente y vivían en diferentes regiones de la ciudad de São Paulo, se unieron. En esta articulación exigen reuniones con el Poder Público y también organizan protestas.
Vagner Oliveira, el tío de Luara Oliveira, la única mujer entre las víctimas fatales, critica la postura del gobierno derechista de João Doria, el gobernador de São Paulo. Para él, las reuniones realizadas con los familiares después de las muertes fueron "una actuación" y no resultaron en acciones efectivas.
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Mientras tanto, el tío y la abuela de Luara sufren la nostalgia de su sobrina a la que habían cuidado desde que tenían 12 años. Vagner lamenta que su futuro haya sido interrumpido tan violentamente. "Cuando miro la foto de los nueve, no hay ninguno que no fuera joven. Todos los que estaban allí tenían ideales. Ella [Luara] tenía sus sueños. Lo más grande era tener su propia casa", recuerda Vagner.
Luara soñaba con conquistar su propia casa / Foto: Archivo personal
Violencia recurrente
Según Desirée Azevedo, investigadora del Centro de Antropología y Arqueología Forense (CAAF) de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), la muerte de los nueve jóvenes explicita que hay un apoyo institucional a la violencia policial, empezando por el informe policial, que afirma que las víctimas reaccionaron a la intervención policial. Según ella, los marcos burocráticos y legales ocultan la realidad de lo sucedido.
"Para que esto suceda, no sólo se necesita un policía que mate, sino un grupo de otros actores estatales que estén de acuerdo con este policía que mata. Los expertos legales que hacen el informe, que evalúan los casos, el comisario que presenta una narración sobre lo sucedido. El fiscal que, ante ese relato, decide si va a presentar o no la denuncia y todo el sistema judicial en consecuencia. Existe, de hecho, una estructura institucional que apoya esta violencia", critica Azevedo, que apoyó a las familias de las víctimas fatales durante el último año.
Edición: Rogério Jordão
