Hace exactamente 1.000 días, la activista feminista y concejala Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes fueron brutalmente asesinados en Río de Janeiro.
Hasta la fecha, no hay respuestas sobre quién fue el autor intelectual del delito investigado por la Policía Civil y el Ministerio Público de Río de Janeiro (MP-RJ).
En estos casi tres años las investigaciones señalan la participación de paramilitares e integrantes de las fuerzas de seguridad.
Algunos políticos de Río de Janeiro están entre los sospechosos de la autoría intelectual del delito, y al menos tres de ellos fueron considerados sospechosos en la planificación de la ejecución: el concejal Marcelo Siciliano (PHS), el exconcejal Cristiano Girão y el exdiputado Domingos Brazão, ex integrante del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE). Todos niegan estar implicados.
La sospecha sobre Brazão se intensificó en septiembre de 2019, cuando Raquel Dodge, en su último acto al frente de la Fscalía General de la República, presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) señalándole como responsable del crimen.
Unos meses antes, en junio, Brazão fue acusado formalmente en un proceso penal después de la Operación "Quinto de Oro", un despliegue de [la Operación] Lava Jato que investiga el fraude en el Tribunal Superior Electoral. Fue arrestado en 2017 pero fue liberado y destituido de su cargo.
Al presentar la denuncia contra Brazão, la entonces Fiscal de la República, Raquel Dodge, recomendó federalizar el caso, así las investigaciones se trasladarían de los ámbitos de la Policía Civil, Ministerio Público de Rio de Janeiro a la Policía Federal, como exigía la familia de Marielle Franco. Sin embargo, tras la asunción de Jair Bolsonaro, la familia cambió de opinión.
El agente militar expulsado Ronnie Lessa y el exagente militar Élcio Vieira están detenidos y comparecerán ante un jurado popular acusados de ejecutar a Marielle.
La motivación del crimen aún no está clara, pero según la denuncia del Ministerio Público contra los milicianos, Marielle fue asesinada por su activismo en materia de derechos humanos.
Obstruccionismo
La federalización sugerida por la ex Fiscal General, Dodge, fue impulsada después de una investigación abierta por el organismo para indagar acerca de obstrucciones en el proceso de investigación también en septiembre de 2019.
Los policías federales Hélio Khristian de Almeida e Gilberto da Costa, o PM Rodrigo Jorge Ferreira, la abogada Camila Nogueira, y, nuevamente, Domingos Brazão, fueron denunciados por Dodge.
Ellos habrían actuado para perjudicar al concejal Marcelo Siciliano y al miliciano Orlando da Curicica, además de plantar un testigo para desviar el foco de las investigaciones de la Policía Civil de los autores del asesinato.
Un mes antes, el bombero Maxwell Simões Correa también había sido detenido en Rio de Janeiro acusado de obstruir las investigaciones relacionadas con la ejecución de Marielle Franco y Anderson Gomes.
El era propietario del vehículo utilizado para ocultar armas de Ronnie Lessa que después del crimen fueron lanzadas al mar.
Sospechosos de asesinar a Marielle Franco comparecerán ante un jurado popular
Desde la ejecución, cambiaron la dirección de la investigación del caso dos veces. En septiembre de este año, Moisés Santana asumió la Delegación de Homicidios de Río y se convirtió en el responsable del caso.
El sustituyó a Daniel Rosa, que ocupó el puesto del delegado Giniton Lages, que era titular cuando se cometió el crimen. La sustitución se dio inmediatamente después de la detención de Lessa y Queiroz.
Bolsonaro y el paramilitarismo
La relación del presidente con los paramilitares de Rio de Janeiro se ha explicitado desde las primeras informaciones y detenciones del caso. En un informe especial publicado a los dos años del asesinato de Marielle, Brasil de Fato detalló los pasos de la investigación y la proximidad de Bolsonaro con los implicados.
El mandante
Los investigadores llegaron al nombre de Domingos Brazão a través de filtraciones realizadas por la Policía Federal en el teléfono móvil de un paramilitar, Jorge Alberto Moreth, alias “Beto Bomba”. En una llamada con el concejal Marcello Siciliano, el 8 de febrero de 2019, divulgada por el portal de noticias UOL, el paramilitar afirma que Brazão ordenó el crimen y habría pagado R$ 500.000 por la ejecución de la concejala.
Marcello Siciliano es un empresario del sector de la construcción civil, concejal en 2016 con votación masiva en la zona oeste de Rio de Janeiro, en regiones controladas por el paramilitarismo y ahora cumple su primer mandato en el Concejo Municipal de la ciudad.
En diciembre de 2018 la Cámara aprobó un proyecto de Marcello Siciliano con apoyo de otros dos concejales que autorizaba a una iglesia neopentecostal, la Iglesia Batista “Actitud”, en Barra da Tijuca, a construir un nuevo templo. Frecuentan la iglesia Jair Bolsonaro y la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, que participaron en una fiesta de despedida organizada por los fieles cuando se fueron a vivir en Brasilia.
Chiquinho Brazão, hoy diputado federal por el partido Avante y socio de su hermano Domingos en una red de gasolineras, recibió del gobierno federal tres pasaportes diplomáticos en marzo de 2019. Según reveló Brasil de Fato, se le concedió el beneficio al parlamentario, a su esposa y a su hijo.
En la filtración de escucha telefónica realizada por la Policía Federal, el paramilitar Beto Bomba señala a otros ejecutores del asesinato de Marielle: Edmilson Gomes Menezes, alias Macaquinho, Leonardo Gouveia da Silva, alias Mad, y Leonardo Luccas Pereira, alias Leléo. Según él, el comandante de la Policía Militar Ronald Alves Pereira habría comandado la operación.
Un mes después de la conversación, Ronnie Lessa y Élcio Queiroz fueron arrestados en Rio de Janeiro. Para el Ministerio Público de Rio de Janeiro y la Policía Civil, los dos son los responsables por ejecutar a Marielle. El último 10 de febrero la Justicia del estado decidió que los dos comparecerán ante un jurado popular.
La “Oficina del Crimen” y la Familia Bolsonaro
Ronnie Lessa, Élcio Queiroz, Mad, Leléo y Macaquinho son algunos de los sicarios de la llamada “Oficina del Crimen”, formada por un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad que actúan en la región de Rio das Pedras, en la zona oeste de Rio de Janeiro, desde hace 20 años. Mencionado por Beto Bomba, Adriano Magalhães da Nóbrega, ex oficial del Batallón de Operaciones Especiales, la tropa de élite de la policía de Rio de Janeiro, sería el jefe de la organización criminal.
Él estaba fugado hace un año y fue asesinado el 9 de febrero de este año, en una operación que intentaba arrestarlo en Bahia. Nóbrega es una figura clave en diversos crímenes, pero también en el vínculo del clan Bolsonaro con el paramilitarismo carioca.
Su abogado, Paulo Emílio Catta Preta, que también es abogado de Fabrício Queiroz, en entrevista a Globo, mencionó la posibilidad de que su cliente haya muerto por saber demasiado. Sin embargo, no especificó lo que sabía.
"El me dijo: 'doctor, nadie está aqui para detenerme. Quieren matarme. Si me detienen, me van a matar en la cárcel. Sus palabras", afirmó el abogado defensor.
Él estaba fugado hace un año y fue asesinado el 9 de febrero de este año, en una operación que intentaba arrestarlo en Bahia. Nóbrega es una figura clave en diversos crímenes, pero también en el vínculo del clan Bolsonaro con el paramilitarismo carioca.
El paramilitar había sido mencionado como uno de los beneficiarios de un esquema de desvío de dinero público en el gabinete del entonces diputado estadual Flavio Bolsonaro, hijo de Bolsonaro y senador de la República actualmente.
Además, durante su mandato en Rio de Janeiro, formaban parte de su gabinete la esposa y la madre de Nóbrega, Danielle Mendonça da Costa y Raimunda Veras Magalhaẽs, respectivamente. Ellas recibieron un total de R$ 1.029.042,48 en sueldos, de lo cual enviaron R$ 203 mil a Fabrício Queiroz, ex asesor de Flávio Bolsonaro investigado por el Consejo de Actividades Financieras (COAF) debido a transacciones financieras ilícitas.
En total, Queiroz movió R$ 7 millones en tres años. En 2016, realizó un depósito en la cuenta bancaria de la primera dama, Michelle Bolsonaro, por el valor de R$ 24 mil.
Cuestionado sobre la transferencia a su esposa, Jair Bolsonaro contestó que habría hecho un préstamo a Queiroz y el depósito sería una parte del pago restante. En una entrevista, el presidente afirmó ser amigo del ex asesor de su hijo desde 1984.
Flavio Bolsonaro concedió honores a Nóbrega en la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro en 2003 y en 2005. En 2005, el paramilitar no estuvo presente en la ceremonia porque estaba detenido después de recibir condena por homicidio.
Durante su juicio, Nóbrega recibió un apoyo importante del entonces diputado federal Jair Bolsonaro. Después de la audiencia que culminó en la condena del paramilitar, el actual presidente de la República lo defendió ante la tribuna de la Cámara de Diputados: “Siempre ha sido un magnífico oficial”.
En 2007, Nóbrega apeló ante la justicia y fue declarado inocente. En 2013 fue expulsado de la policía por trabajar ilegalmente como guardia de seguridad en una casa de juegos de azar en Rio de Janeiro.
Marielle, Bolsonaro y el paramilitarismo: los hechos que implican al mandatario
Otro importante personaje de la Oficina del Crimen, el mayor Ronald Paulo Alves, señalado por Beto Bomba como el responsable por organizar el grupo de asesinos de Marielle Franco, también recibió honores por parte de Flavio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa en 2004, tras comandar una operación que culminó en tres asesinatos. Un año antes, él había sido acusado de participar de la matanza de cinco jóvenes en un club nocturno.
El 15 de febrero último, después de la muerte de Nóbrega, Bolsonaro comentó su relación con los paramilitares y rechazó tener cualquier vínculo. “No conozco al paramilitarismo en Rio de Janeiro. Lo desconozco. No hay ningún vínculo entre el paramilitarismo y yo en Rio de Janeiro”, afirmó.
Edición: Douglas Matos