Brasil ha recibido tres buques con fosfatos extraídos ilegalmente del Sahara Occidental en los últimos diez meses, que suman unas 110.000 toneladas por lo que se consolida entre los cuatro mayores importadores mundiales del mineral.
Brasil de Fato obtuvo esta información a través de las organizaciones que vigilan el comercio de recursos naturales extraídos de ese territorio sin ninguna compensación por parte del Reino de Marruecos.
El destino de estos cargamentos son las industrias de fertilizantes agrícolas, según el Observatorio de Recursos del Sahara Occidental (WSRW).
La información recopilada por los activistas que siguieron el viaje de los barcos hasta la costa brasileña y luego rastrearon los camiones de los transportistas en territorio nacional, llevó a las direcciones de dos empresas en Cubatão (SP), a 30 km del puerto de Santos (SP): Cesari Fertilizantes (Cefértil), que pertenece al Grupo Cesari, y Copebras, vinculada al grupo chino China Molybdenum (CMOC).
El Grupo Cesari declaró a Brasil de Fato que no es importador ni utiliza los fosfatos procedentes del Sahara Occidental en los productos fabricados por Cefértil [vea la respuesta al final de la nota]. Copebras no contestó a las preguntas de Brasil de Fato hasta el cierre de este texto.
Los fertilizantes organofosforados se obtienen a partir de la extracción, molienda y tratamiento de rocas que presentan una significativa concentración de fósforo. Su aplicación permite que la planta acceda a un volumen de nutrientes superior al que el suelo tiene capacidad de proporcionar, potenciando el rendimiento de los cultivos.
Cada año se utiliza en el planeta una media de 53 millones de toneladas de fertilizantes organofosforados, procesados a partir de 270 millones de toneladas de roca fosfórica. Brasil es el cuarto consumidor mundial de fósforo como fertilizante agrícola.
Marruecos y el Sahara Occidental, territorio ilegalmente ocupado, poseen la mayor reserva de fósforo del mundo.
Contexto
El Sahara Occidental es la última colonia africana, según el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. España, metrópoli hasta 1976, abandonó el territorio sin descolonizarlo, estableciendo un acuerdo tripartito ilegal con Marruecos (vecino al norte) y Mauritania (vecino al sur), por el que se repartía la zona y se garantizaba un porcentaje de las exportaciones de los recursos naturales.
Sin pretensiones expansionistas, Mauritania se retiró en seguida y dejó el territorio a las fuerzas marroquíes. La promesa de un plebiscito mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui nunca se cumplió.
"Marruecos ocupa el Sáhara Occidental por su gran riqueza mineral", afirma Jadiyetu El Mohtar, delegado del Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui creado en 1973.
"El Sahara tiene una gran riqueza de metales diversos, gas natural, hierro, cobre, uranio y telurio. También hay reservas petrolíferas, aún no explotadas, arena para la producción de cemento y para la ampliación de playas, además de una de las zonas de pesca más abundantes de África", subraya.
La ocupación del territorio y la explotación del fosfato por parte de Marruecos violan la Resolución 1514 de las Naciones Unidas, según la cual los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer de sus riquezas y recursos naturales, basándose en el principio del beneficio mutuo y el derecho internacional.
“A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacíficamente y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional”, declara.
En otras palabras, ningún gobierno está autorizado a extraer y comercializar recursos extranjeros de los territorios en proceso de descolonización. Es el caso del Sahara Occidental y de otros 16 territorios considerados "no autónomos" por la ONU.
“En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia, deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, dice aún el texto de Naciones Unidas.
“El sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas”.
Diferentes decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre 2016 y 2019 reafirmaron que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y que la extracción y comercialización de recursos sin el consentimiento del pueblo saharaui son ilegales.
No hay ningún documento, de ninguna corte u organización internacional, que permita a Marruecos explotar los recursos de esa región del planeta, como ocurre hasta ahora.
Se calcula que la población del Sahara Occidental está compuesta por 650.000 personas, divididas en cuatro grupos. Además de los que viven en el exilio y en los territorios ocupados, unos 170.000 saharauis viven en campamentos de refugiados en otro país vecino, Argelia.
La violencia contra los saharauis en los territorios ocupados está descrita en los informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU y abarca, por ejemplo, denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión.
Cinco países
Marruecos controla casi el 70% de las reservas totales de fosfatos del mundo, lo que equivale a unos 50.000 millones de toneladas. La mayor parte de la producción procede de la mina de Bou Craa, en el Sahara Occidental.
Al comercializar los fosfatos para la producción de fertilizantes en todo el mundo, Marruecos no hace distinción entre los recursos que provienen de sus territorios y los que se extraen de las reservas saharianas.
Los propios importadores, con la ayuda de organizaciones y activistas de derechos humanos, tienen la responsabilidad de controlar el origen y la ruta de la carga.
En la última década, las empresas de los países desarrollados han interrumpido estas importaciones para liberarse de la violencia y las ilegalidades que ocurren en esa región.
Cuando el WSRW comenzó a vigilar el trayecto de los barcos en 2011, había 12 países compradores. En la actualidad, sólo hay cinco: India, Nueva Zelanda, Brasil, China y Japón.
" Hubo un cambio significativo en el perfil de las exportaciones en los dos últimos años", dice Erik Hagen, investigador de WSRW. Para hacernos una idea, en 2019, la mitad del fosfato extraído en el Sahara Occidental tenía como destino Estados Unidos o Canadá.
"La empresa que adquiría el 50% de los fosfatos que llegaban a Norteamérica era la canadiense Nutrien, con plantas en Canadá y Estados Unidos", recuerda Hagen.
"Hace un año dejaron de comprar, al igual que la Unión Europea y países como Australia, Colombia y Venezuela. En este contexto llegan los primeros cargamentos a Brasil", afirma.
Una de las empresas sospechosas de recibir fosfato del Sahara Occidental en Brasil, Cefértil, es socia de Mosaic Fertilizers, vinculada al conglomerado estadounidense The Mosaic Company.
En 2015, la sede de la compañía informó que había suspendido las compras de materias primas robadas del norte de África tras ser cuestionada por las violaciones de los derechos del pueblo sarahaui.
Brasil de Fato contactó a Mosaic Fertilizantes para informarse acerca de la naturaleza del vínculo con Cefértil y las acciones implementadas para evitar la compra de fosfatos ilegalmenteextraídos.
"Mosaic Fertilizers confirma que tiene al Grupo Cesari/Cefértil como socio en actividades industriales y de almacenamiento y no como proveedor de materias primas", dice la nota enviada. "La empresa refuerza que no está de acuerdo con el uso de materias primas procedentes de la extracción ilegal y [...] cumple con todas las normas de salud y seguridad, exigiendo el mismo cumplimiento a todos sus socios comerciales".
Según su asesoría de prensa, Mosaic Fertilizers "no es la responsable de la compra de ninguno de los productos procedentes de la región del Sahara Occidental y destinados a Cesari en el último año".
Del Sahara a Brasil
El tránsito de buques con cargamentos de fosfatos hacia Brasil ha aumentado significativamente en los últimos dos años, según WSRW.
En 2019 se registraron dos buques que atracaron en los puertos de Salvador, en el estado de Bahia, y Antonina, municipio del estado de Paraná. El año pasado, tres barcos partieron directamente de El Aaiún - la mayor ciudad del Sahara Occidental y que se reivindica como capital de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) - con destino al puerto de Santos, en São Paulo.
El viaje del norte de África a Brasil suele durar unas dos semanas.
El primer buque identificado en 2020 se llamaba Golden Bonnie. Con capacidad para almacenar 32.200 toneladas de roca fosfórica, el buque salió de El Aaiún el 31 de marzo y atracó en Santos el 14 de abril.
El segundo buque, el Lalis D, podría albergar hasta 55.600 toneladas. Este buque salió de El Aaiún el 6 de junio y llegó a Brasil el 20 de junio.
El tercer cargamento llegó el 27 de diciembre. El buque Regius, con una capacidad de transporte de aproximadamente 33.400 toneladas, había salido del Sáhara Occidental el 14 de diciembre.
Los datos anteriores fueron obtenidos por Brasil de Fato a partir del cruce de información proporcionada por WSRW y Anselmo Fariña, miembro del colectivo Sahara Acciones.
Relaciones previas
Anselmo Fariña dijo haber registrado una probable recepción de fosfato saaráui por parte de Brasil el 2 de junio de 2017. En ese caso, un buque denominado Neptune partió de El Aaiún hacia el puerto de Paranaguá (estado de Paraná), pero primero hizo escala en el puerto marroquí de Jorf Lasfar.
Las informaciones declaradas por los responsables del buque señalaban que el cargamento de fosfato había sido realizado en Marruecos, por lo que la extracción y la exportación serían legales.
El paso previo del barco por El Aaiún fue lo que despertó las sospechas de Fariña. Según él, es frecuente que se manipule la declaración de la medida de calado para ocultar el origen saharaui de los fosfatos.
"Una cosa es el fosfato que posee el propio Marruecos, en su propio territorio, y otra el fosfato robado al pueblo saharaui", dice el activista.
"Esto último permite a Marruecos determinar el precio de esta materia prima en el mercado internacional, controlando entre el 70% y el 80% del tráfico mundial de fosfatos", explica.
La empresa estatal marroquí Office Chérifien des Phosphates (OCP), controlada por Mohammed VI, rey de Marruecos, tiene oficinas en Brasil desde 2010.
En el norte de África, la empresa controla cuatro centros de extracción de fosfato de roca: tres en Marruecos y uno en el Sahara Occidental. Este último se encuentra cerca de la mina de Bou Craa, que cuenta con un depósito de fosfatos estimado en 1.700 millones de toneladas y está a 115 km al sureste de El Aaiún.
En 2008, OCP creó una filial conjunta con la multinacional de origen holandesa Bunge, la mayor exportadora del agronegocio brasileño, para construir una planta de refinación de fosfatos en Jorf Lasfar. Fariña señala que cinco años después OCP compró el 50% de Bunge, convirtiéndose en el único propietario de esa planta.
¿Qué está en juego?
El 13 de noviembre de 2020, Marruecos violó un alto el fuego de 29 años y atacó a un grupo de saharauis que protestaban en una región conocida como la "brecha del Guerguerat", una de las rutas por las que que se transportan los recursos del Sahara Occidental. Esa misma semana, el movimiento del Frente Polisario declaró que se reanudaba la guerra.
El investigador de WSRW, Erik Hagen, llama la atención sobre la gravedad de la extracción ilegal, patrocinada por las empresas del agronegocio en Brasil.
"Estas empresas están comprando los fosfatos a la entidad inadecuada. El pueblo del Sahara Occidental es dueño de estos recursos. Con estos minerales, el pueblo saharaui podría construir un país independiente. Así que es muy poco ético", explica.
"Marruecos está violando las leyes internacionales al ocupar otro territorio, y estas empresas están facilitando este proceso, que es una de las peores agresiones cometidas por un Estado después de la Segunda Guerra Mundial", añade Hagen.
Jadiyetu El Mohtar recuerda que el derecho a la lucha armada de los pueblos bajo dominio colonial está garantizado por las Naciones Unidas. Paralelamente a la guerra, el delegado del Frente Polisario afirma que el movimiento seguirá presentando las demandas legales contra Marruecos.
"No podemos permitir, en ningún lugar del mundo, que se violen los derechos de los pueblos, la legalidad internacional, pisoteando los derechos humanos. Si permitimos esto en un lugar, aunque nos parezca lejano, estamos asumiendo que también nos puede pasar a nosotros, en cualquier momento", advierte el activista saharaui.
Marruecos, que hoy controla dos tercios del territorio del Sahara Occidental, no reconoce la reanudación de la guerra contra el Frente Polisario y se autodenomina controlador legítimo de esa zona.
La Asociación de Solidaridad y Autodeterminación del Pueblo Saharaui (Asaaraui) ha prometido denunciar la postura de las empresas brasileñas.
"Al legitimar la recepción de cargamentos de fosfatos del Sáhara Occidental robados por Marruecos, Brasil está legitimando, a través del mercado, acciones que refuerzan esta ocupación ilegal", dijo la ex diputada Maria José Conceição, presidenta de Asaaraui.
"Nosotros, los activistas, denunciaremos sistemáticamente todas las veces que tengamos conocimiento de estas situaciones", afirma.
Otro lado
El Grupo Cesari, propietario de Cefértil, respondió a Brasil de Fato, que tiene una terminal logística con 300 mil m² al lado de la fábrica de fertilizantes en Cubatão [una ciudad costera industrial en el estado de São Paulo] pero "sólo recibe carga nacionalizada, que ya fue aprobado por las autoridades aduaneras".
La nota enviada señala que Cefértil no utiliza el fosfato saaráui en sus formulaciones. "Además, nuestros contratos de industrialización y almacenamiento contienen cláusulas específicas en las que los clientes se responsabilizan por el origen del producto", dice el texto.
El conglomerado también declaró que ninguna de sus empresas actúa como importadora. " Finalmente, el Grupo Cesari no tenía conocimiento de la extracción ilegal de fosfato en la región conocida como Sahara Occidental, y entiende que cualquier acción para frenar el uso del producto debe ser tomada por los organismos federales competentes", añade la nota.
Brasil de Fato se puso en contacto con la Secretaría de Asuntos Económicos Internacionales de la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía. Se planteaba la pregunta si dicho órgano considera preocupante la importación de fosfatos del Sahara Occidental, o si tiene alguna posición o acción al respecto. Hasta la fecha nadie contestó.
Edición: Leandro Melito