La decisión publicada por el juez Edson Fachin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), divulgada el pasado lunes (8) tomó a Brasil y al mundo por sorpresa.
De acuerdo con la opinión del magistrado, todas las condenas imputadas al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de la Operación Lava Jato fueron anuladas. Así, el miembro del Partido de los Trabajadores tuvo sus derechos políticos habilitados y podrá postularse en cualquier contienda electoral, incluso en las presidenciales de 2022.
En su decisión, Fachin dijo que el 13º Tribunal Federal de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, responsable por las condenas del ex presidente, no tiene jurisdicción para juzgar los procesos relacionados con un apartamento triplex en el balneario de Guarujá en el litoral del estado de São Paulo; una casa de campo en la localidad de Atibaia, interior de São Paulo; una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario; y otra sobre supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht.
Según el ministro, esos procesos no se ocupan de las desviaciones en Petrobras, objetivo inicial de la Operación Lava Jato.
Con la decisión de este lunes, esos casos deberán pasar a la órbita de la justicia federal en Brasilia, la cual tiene que pronunciarse sobre el curso de cada uno de ellos.
Así, el análisis de los procesos estará a cargo de la Justicia Federal. La Procuraduría General de la República, bajo el mando del ministro Augusto Aras, alineado políticamente con el presidente Jair Bolsonaro (sin partido), dijo que apelará la decisión de Fachin, para que las condenas de Lula se mantengan.
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Condenas
La solicitud de habeas corpus que dio lugar a la decisión del ministro Edson Fachin fue presentada en noviembre del año pasado por la defensa de Lula.
"Es el reconocimiento de que siempre hemos tenido razón en esta larga batalla legal, en la que nunca tuvimos que cambiar nuestros fundamentos para demostrar la nulidad de los procesos y la inocencia del ex presidente Lula y el lawfare que se estaba practicando contra él", destacaron los abogados de Lula, Cristiano Zanin y Valeska Martins, en un comunicado enviado a la prensa el lunes (8).
El ex presidente brasileño fue condenado en julio de 2017 a 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso del triplex de Guarujá. Lula fue acusado de haber recibido un apartamento de la empresa constructora OAS, como forma de pago de sobornos.
En el caso de la casa de campo en Atibaia, Lula fue condenado a 12 años y 11 meses de prisión por la jueza Gabriela Hardt. En esta acción, el ex presidente está acusado de haber recibido sobornos de las empresas constructoras OAS y Odebrecht, a través de obras realizadas en dicha casa que no pertenece al ex presidente.
Según la denuncia presentada por el Ministerio Público Federal de Paraná, las obras sirvieron para adaptar el sitio a las necesidades del ex presidente y su compañera en ese momento, Marisa Leticia, y habrían costado 850 mil reales (alrededor de 146 mil dólares, al tipo de cambio de hoy).
Todavía sin sentencia, hay otros dos procesos contra Lula que fueron anulados. En los dos, el blanco es el Instituto Lula, creado por el ex presidente tras dejar la presidencia de la República.
La defensa de Lula siempre negó que el ex presidente haya sido beneficiado por empresas constructoras. Cristiano Zanin Martins, abogado del petista, sostiene que el juicio realizado por el ex juez Sergio Moro, que también es ex ministro de Justiciai del gobierno de Jair Bolsonaro, fue "político".
Decadencia
La anulación de las sentencias contra Lula da Silva es otro golpe a la frágil reputación de la Operación Lava Jato y del ex juez Sergio Moro, responsable por la detención del ex mandatario el 7 de abril de 2018.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) permaneció en la cárcel durante 580 días y su libertad sólo se dio después de una decisión de la Corte Suprema que prohibió la prisión en segunda instancia. Es decir, para que un acusado sea encarcelado, deben agotarse todos los recursos de apelación en la Justicia.
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La condena del ex mandatario impidió que se presentara como candidato presidencial en las elecciones de 2018, cuando lideraba las encuestas y aparecía como el principal nombre para derrotar a Jair Bolsonaro (sin partido) en la contienda por la Presidencia de la República.
Tras la asunción de Bolsonaro, Moro abandonó la toga y aceptó el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública del nuevo gobierno.
Los abogados de Lula señalan que la decisión de Fachin "no tiene el poder de reparar los daños irreparables causados por el ex juez Sergio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato al ex presidente Lula, al Sistema de Justicia y al Estado Democrático de Derecho".
"En esta larga trayectoria, a pesar de todas las pruebas de inocencia que presentamos, el ex presidente Lula fue detenido injustamente, se le retiraron injustamente sus derechos políticos y se le bloquearon sus bienes", resaltan los abogados.
"Siempre demostramos que todas estas conductas formaban parte de un complot entre el entonces magistrado Sergio Moro y los miembros del 'grupo de trabajo' [la fuerza tarea] de Curitiba [municipio donde se dio la Operación de la Policía Federal], como reafirma el material al que tuvimos acceso también con autorización del Supremo Tribunal Federal."
También el pasado lunes (8), Moro sufrió una nueva derrota en la Justicia. La ministra del Supremo Federal Rosa Weber rechazó la petición del ex juez, que solicitó que la defensa de Lula no tuviera acceso a los mensajes filtrados en el marco de la Operación Spoofing.
En estos mensajes filtrados, el ex juez habla y aconseja a los fiscales del Ministerio Público Federal, bajo el liderazgo del fiscal Deltan Dallagnol, sobre los procesos que involucran a Lula. La alianza entre los acusadores y el juez del caso para detener al ex presidente, destrozó la reputación del magistrado y de la Operación Lava Jato en el país.
Edición: Leandro Melito
