Una decisión judicial ha garantizado a las familias del asentamiento Santa Rita de Cássia II, situado en Nova Santa Rita, en la región metropolitana de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, un mayor control sobre el uso de agrotóxicos por parte de las explotaciones agrícolas vecinas, bajo pena de una multa de 100.000 reales [moneda local] en caso de incumplimiento.
Según el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el asentamiento sufrió innumerables pérdidas en sus producciones agroecológicas debido a la deriva de las fumigaciones aéreas de agrotóxicos esparcidos en las fincas vecinas.
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La decisión judicial reconoce el derecho de los campesinos Sin Tierra a producir alimentos agroecológicos y determina que los organismos responsables deben garantizar y limitar este tipo de fumigaciones con pesticidas.
En los últimos meses, según el MST, varias familias asentadas que tienen certificados de producción orgánica han perdido su producción de alimentos agroecológicos, ya que fueron víctimas de las fumigaciones aéreas que afectaron a sus casas, huertos, estanques, pastos, frutales y vegetación nativa.
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Además, según el movimiento, los propios campesinos empezaron a sentirse enfermos como consecuencia de las fumigaciones.
Marina Dermmam, abogada de la Cooperativa Central de Asentamientos de Rio Grande do Sul, LTDA. (COCEARGS), explica que se trata de una decisión importante, ya que las familias afectadas por el derrame de agrotóxicos tuvieron pérdidas irreparables y los organismos responsables de la fiscalización no tomaron las medidas necesarias para garantizar su derecho a la producción orgánica.
Por su parte, Emiliano Maldonado, de la Red Nacional de Abogados y Abogadas Populares (RENAP), que trabaja en la defensa de las familias y de las entidades, la decisión también determina que la Unión y el Estado de Rio Grande do Sul entregarán en un plazo de 30 días los informes concluyentes de las muestras que fueron recogidas.
Edición: Rodrigo Chagas
