Las interpretaciones históricas, sociales y políticas del impeachment a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, que tuvo lugar en 2016, todavía se encuentran en una etapa de elaboración crítica.
Aun así, los historiadores escuchados por Brasil de Fato señalaron que la traumática salida del Partido de los Trabajadores (PT) de la Presidencia de la República resultó en un colapso político institucional que afectó a la ya frágil democracia brasileña.
“En la práctica, lo que han demostrado estos años es que la desconfianza hacia la clase política solo ha aumentado y, más que eso, se ha profundizado el colapso institucional provocado por el impeachment. Hoy estamos en un escenario de instituciones completamente disfuncionales”, dijo el historiador Murilo Cleto, uno de los organizadores del libro “¿Por qué gritamos Golpe? Para entender el impeachment y la crisis política en Brasil".
Cleto agregó que “la clase política dejó muy claro que cualquier cosa valía para que sus intereses prevalecieran en el juego político. En una democracia, las cosas no funcionan de esa manera. Creo que eso fortalece a los autoritarios y demagogos en la medida en que se dan cuenta de que pueden, todo el tiempo, poner a prueba los límites de las instituciones y, así, desgastarlas poco a poco”.
Para Osvaldo Coggiola, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de São Paulo, aunque el proceso de impeachment puede no enmarcarse en la categoría clásica de golpe de Estado militar, la definición de golpe en la época contemporánea puede ser más amplia. En el caso de la destitución de Dilma, según él, es posible afirmar que las Fuerzas Armadas actuaron en su legitimación. "Hubo una injerencia directa del poder militar en el resultado de este golpe, tanto en el impeachment a Dilma como en la detención de Lula", dijo.
Como objetivo inmediato, dijo Coggiola, los organizadores del golpe contra Dilma querían sacar al Partido de los Trabajadores de la cabeza de la coalición gobernante y crear otro tipo de coalición política, además de evitar que la izquierda regresara al poder.
“El objetivo social, y diríamos histórico, va mucho más allá. El objetivo era reemplazar 15 años de gobierno de conciliación de clases con una agenda política neoliberal. Reemplazar ese gobierno de conciliación de clases por un gobierno de ataque directo a las conquistas sociales de los trabajadores, del pueblo en general. No sólo las que se habían obtenido durante los gobiernos de Lula, sino todas las acumuladas en Brasil desde que se legisló una serie de conquistas, como los derechos laborales”, opinó.
A continuación, Brasil de Fato reconstruye el contexto y las principales etapas y personajes de antes, durante y después del juicio político.
La victoria de Dilma y la reacción de la derecha tradicional
La reelección de Dilma Rousseff y su vice Michel Temer, en 2014, se obtuvo en segunda vuelta con el 51,64% de los votos válidos, el margen más ajustado de una elección presidencial en el país. Brasil ya vivía un proceso de insatisfacción social, con un sesgo reaccionario, que surgió principalmente después de las llamadas Jornadas de Junio de 2013. El candidato de derecha derrotado, Aécio Neves, comenzó a cuestionar el resultado electoral e incluso abrió un caso en el Tribunal Superior Electoral para erosionar y quitarle la legitimidad a la presidenta reelecta.
La crisis económica y las “pautas bomba”
La crisis económica iniciada en 2008 comenzó a agravarse en Brasil justo después de la reelección, a fines de 2014, en el presagio de lo que se convertiría en una fuerte recesión con repercusiones hasta hoy. El desempleo, que en ese momento rondaba el 4%, aumentó un 8% el año siguiente y llegó al 13% en 2017. El Producto Interno Bruto (PIB) sufrió caídas consecutivas en 2015 y 2016 que, en términos acumulados, alcanzaron casi el 7% en pérdidas.
Para contener el problema fiscal del gobierno, Dilma dio un giro en su política económica y buscó adoptar un ajuste para retener el gasto público, a cargo del banquero Joaquim Levy. Pese al intento, el gobierno se enfrentó a la represalia promovida por Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara de Diputados. En lugar de orientar el ajuste, Cunha pasó a orientar las llamadas “pautas bomba”, proyectos de ley que generaban un aumento del gasto público. En esa lucha de brazos, el gobierno se debilitaba cada vez más.
Popularidad y protestas
A partir de marzo de 2015, pocos meses después de la reelección, varias protestas contra el gobierno federal reunieron a cientos de miles de personas en todo el país para pedir, entre otras demandas, el impeachment o la renuncia de la presidenta. La combinación entre la crisis y la inestabilidad política hizo que la popularidad de Dilma cayera a solo un 9%.
La operación Lava-Jato, el chantaje y la apertura de procesos
Un elemento clave en la construcción del juicio político fue el surgimiento de la operación policial Lava-Jato, que comenzó en 2014 y se intensificó en 2015, con operaciones con fuerte cobertura mediática y dirigidas a miembros del PT, además de otros partidos y políticos, entre ellos Eduardo Cunha, quien comenzó a amenazar tras bambalinas con aceptar el pedido de impeachment contra Dilma si no contaba con el apoyo del PT para no sufrir su propio proceso de casación.
Cuando el PT decidió no ceder al chantaje de Cunha, el parlamentario anunció la apertura del proceso de impeachment, el 2 de diciembre. Uno de los principales argumentos del pedido fue que Dilma habría cometido un delito de responsabilidad al editar decretos presupuestarios sin autorización previa del Congreso, en lo que se conoció como “pedaladas fiscales”.
Las pedaladas fiscales
Para Osvaldo Coggiola, las pedaladas fiscales fueron solo una excusa para caracterizar un inexistente delito de la responsabilidad de Dilma. “Si fuera por las llamadas pedaladas fiscales, no solo el presidente de la República, sino todos los gobernadores de Brasil deberían haber sido removidos, porque se practicaron de manera sistemática”, dijo. Además, otros presidentes también habían utilizado este tipo de recurso.
La caída
El 17 de abril de 2016, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el informe a favor del impeachment de Dilma con 367 votos a favor y 137 en contra, en una sesión que estuvo marcada en la memoria política del país por la sucesión de políticos con discursos demagógicos en favor de la familia y los valores cristianos. Incluso hubo un homenaje de Bolsonaro al torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los responsables de la tortura de decenas de presos del régimen militar, incluida la misma presidenta Dilma.
El dictamen de la Cámara fue luego enviado al Senado, que también continuó el rito de juicio político y llevó a la destitución de Dilma de la presidencia. En ese momento, el vicepresidente Michel Temer asumió temporalmente el cargo de presidente.
El 31 de agosto de 2016, con una votación en el Senado con 61 votos a favor y 20 en contra, Dilma Rousseff perdió definitivamente el cargo de presidenta de la República.
Otros actores
En 2015, la cobertura de las protestas que pedían el impeachment de Dilma fue fundamental para varias estaciones de radio y televisión, que también convocaron los actos. Además del rol activo de los medios corporativos, participaron también actores y órganos del Poder Judicial, quienes luego continuaron la Operación Lava-Jato, que hoy se reconoce por haber actuado de manera parcial e irregular, agravando la crisis política y el futuro de Brasil durante años, como en el pasado caso de la acusación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Edición: Vivian Fernandes
