La matanza que cobró la vida de 21 campesinos en el municipio de Eldorado do Carajás, en Pará, norte de Brasil, cumplió 25 años el pasado sábado 17. En abril de 1996, unas 3.500 familias del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ocuparon la hacienda Macaxeira, en busca de un terreno para plantar y sobrevivir.
Representantes del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) garantizaron a los trabajadores la expropiación del área para la reforma agraria. El escenario cambió cuando un informe consideró la propiedad como productiva, beneficiando al terrateniente que dijo ser dueño de la finca.
En protesta, más de 1.500 campesinos iniciaron una marcha por la carretera BR-155 con destino a la capital de Pará, Belém. Los trabajadores cuestionaron la veracidad del informe y trataron de presionar a las autoridades públicas.
El 17 de abril, cerca de la zona de Eldorado conocida como la "curva S", los ‘sin tierra’ fueron rodeados por un contingente de 150 hombres de la Policía Militar (PM). La protesta terminó en ese momento, entre gritos, llanto y sangre.
Pará lidera asesinatos por conflictos por la tierra
Han pasado 25 años desde el día de la Masacre de Eldorado do Carajás y se ha avanzado poco en el ámbito de la reforma agraria en la región.
Las amenazas y ataques a los trabajadores rurales, antes promovidos principalmente por los terratenientes de la agroindustria, ahora también los llevan a cabo empresarios de otros sectores, como la minería y la energía.
Según el monitoreo realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), 320 trabajadores y líderes fueron asesinados en Pará entre 1996 y 2019. El estado lidera el ranking nacional de conflictos por tierras.
En el mismo período, otros 1.213 recibieron amenazas de muerte, 1.101 fueron detenidos por la policía, 30.937 fueron víctimas de trabajo esclavo y 37.574 familias fueron desalojadas como consecuencia de decisiones judiciales.
Innumerables líderes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, movimientos sindicales, religiosos y ecologistas han sido víctimas de la violencia en el campo de Pará.
Para Tito Moura, de la dirección del MST en el estado, el conflicto en el campo siempre ha estado latente en la región y es el resultado de la herencia colonialista que aún prevalece en Brasil. El líder del MST califica la masacre como un intento de silenciar a los campesinos de la región.
Nuevos contornos de la violencia en el campo
Próximo al escenario de la Masacre, han surgido nuevos conflictos agrarios que han ido cobrando víctimas. “En los últimos cuatro años, algunos líderes fueron asesinados en Parauapebas [una ciudad en el sureste de Pará]. Sospechamos que haya una conexión entre pistoleros y un consorcio de agricultores de la región”, dijo Moura.
“Este consorcio de agricultores tiene su propio grupo paramilitar, que desaloja a ‘sin tierras’, asesina a trabajadores, arroja pesticidas sobre nuestros campamentos. Hay varias formas de amenazas”, contó.
Andréia Silvério, de la Coordinación Ejecutiva Nacional de la CPT, explicó que las amenazas y la violencia contra la población rural ocurren de diferentes maneras en Pará y en todo el país, y que el gobierno no intercede ni evita los conflictos.
“Se multiplican las denuncias de amenazas y diversos tipos de violencia, como la fumigación aérea de agrotóxicos sobre asentamientos populares, la explotación indebida del territorio, los desalojos ilegales. El gobierno de Bolsonaro actúa de manera criminal chatarreando a los organismos públicos y paralizando la reforma agraria".
“En 2020, 159 personas fueron amenazadas de muerte, 35 sufrieron intentos de asesinato y más de 30 mil familias fueron amenazadas con ser sacadas de sus territorios, tanto por el poder público como por el poder privado”, señaló Silvério.
"Muchas perdieron sus hogares en medio de la pandemia. Tuvimos un aumento de más del 30% en la ocurrencia de conflictos por la tierra, la mayoría en la Amazonía legal”.
El primer año de la gestión de Jair Bolsonaro, en 2019, fue el que registró la mayor cantidad de conflictos en el campo en los últimos diez años, con un total de 1.833 ocurrencias registradas.
El número de asesinatos en el campo aumentó un 14% en 2019 (32) en comparación con 2018 (28). Los intentos de asesinato, a su vez, pasaron de 28 a 30 y las amenazas de muerte de 165 a 201.
Para Ayala Ferreira, de la dirección nacional del MST, la masacre no puso fin a un ciclo de conflictos en la lucha por la tierra y la reforma agraria en esta región, que solo adquirió nuevas proporciones.
“Hay un avance en la frontera agrícola y minera en el norte del país. Hay un avance en la apropiación y privatización de tierras, especialmente las públicas, que podrían ser utilizadas para la reforma agraria y para la demarcación de tierras indígenas y quilombolas”, explicó.
¿Qué dice el Incra?
Cuestionado por el equipo de Brasil de Fato sobre el avance de la reforma agraria en el sur y sureste de Pará, el Incra dijo que “el instituto ha implementado varias políticas públicas en la región. Una de ellas es el otorgamiento de créditos rurales a las personas asentadas”. Afirmó también que “la titulación es otra acción que se ha priorizado” y que “estas medidas garantizan la propiedad permanente de las personas asentadas sobre sus parcelas rurales, permitiendo el acceso a líneas de crédito y minimizando conflictos en el campo”.
Edición: Poliana Dallabrida
