La Policía Federal (PF) brasileña inició este miércoles, por orden del Supremo Tribunal Federal (STF), una investigación para determinar el grado de participación del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, y otras autoridades ambientales en un esquema de exportación ilegal de madera a Europa y Estados Unidos (EE.UU.).
Alrededor de 160 agentes de la PF en el Distrito Federal, Sao Paulo (sureste) y Pará (norte) cumplen 35 mandatos de búsqueda y aprehensión de documentos en varias ciudades, que incluyen allanamientos en la sede del Ministerio y el domicilio de Salles.
La operación surgió a partir de la decisión de un juez del STF, Alexandre de Moraes, quien determinó la “suspensión inmediata” de diez servidores públicos de la referida cartera y del ente regular nacional, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama).
Entre esos agentes públicos suspendidos e investigados se encuentran Salles y el presidente de Ibama, Eduardo Bim.
La acción policial procura identificar delitos contra la administración pública como corrupción, abogacía administrativa, prevaricación y facilitación de contrabando, “practicados por agentes públicos y empresarios del ramo maderero”.
El STF también ordenó la suspensión inmediata de una autorización oficial, rubricada a inicios de 2020, que permitió la exportación de productos forestales sin la necesidad de emitir autorizaciones de exportación.
La Policía Federal estima que ese permiso se concedió a petición de empresas a las que se les confiscaron embarques no regulados en Europa y EE.UU. De acuerdo con la PF, esa autorización condujo a la “legalización de más de 8.000 cargas de madera exportadas ilegalmente entre los años 2019 y 2020”.
Antecedentes de la operación
Denominada Akuanduba, esta acción policial toma su nombre de una divinidad de los indios araras. Según la mitología amazónica, esta imagen hacía sonar una flauta para restablecer el orden cuando alguien tenía un mal comportamiento.
En enero de este año, autoridades extranjeras facilitaron informaciones que alertaban de un posible desvío de conducta de funcionarios públicos brasileños en el rubro de la exportación de madera.
En abril pasado, la Policía Federal del estado de Amazonas (norte) había pedido al STF investigar a Salles por supuestas interferencias en las fiscalizaciones de delitos ambientales en esa región. Dichos delitos estaban vinculados a la madera proveniente de talas ilegales.
El entonces superintendente de Policía en esa región, Alexandre Saraiva, promovió la investigación de la responsabilidad de Salles y otras autoridades en el marco de una operación que incautó unos 200.000 metros cúbicos de madera (cerca de 65.000 árboles talados). Tras su denuncia, Saraiva fue separado del cargo.
A Salles también se le ha criticado por respaldar la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro, la cual incentivó la explotación de los recursos naturales de la Amazonía (incluso en tierras indígenas), ayudó a incrementar la deforestación y los incendios forestales, y dio paso al relajamiento de los controles de actividades ilegales, como la minería y el comercio de madera.
