El Ministerio de Salud brasileño dio marcha atrás y, cuatro días después de confirmar a Brasil de Fato que también estaba negociando vacunas Moderna con la intermediación de Precisa Medicamentos, cambió la agenda oficial del secretario ejecutivo Rodrigo Moreira da Cruz, donde figuraba la información.
El 24 de junio, el sistema del gobierno confirmaba que el tema de la reunión con el socio de Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, era la vacuna Moderna. Ya el lunes 28, la coordinación de la asesoría de comunicación del ministro Marcelo Queiroga se comunicó con Brasil de Fato y atribuyó la información a un "error administrativo". Luego, el personal del ministerio cambió el registro de la agenda oficial que había tenido lugar el 28 de abril. El sistema indicaba “Precisa” como tema de la reunión, sin mencionar la vacuna.
Maximiano fue recibido por Rodrigo Moreira da Cruz, secretario ejecutivo de Salud. El gobierno había informado que el empresario "vino a presentar y hablar de los contratos de la vacuna" de la empresa estadounidense. El equipo de Brasil de Fato contactó a las dos empresas por correo electrónico, pero no hubo respuesta.
El socio de Precisa está involucrado en el supuesto esquema de fraude en la negociación de las dosis del inmunizante Covaxin, producido por el laboratorio indio Bharat Biotech. Durante la sesión de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión de la crisis de COVID-19 en el Senado, el viernes 25, varios senadores mencionaron la información revelada por el medio.
La reunión tuvo lugar más de un mes después de que el hermano del diputado federal Luis Miranda (DEM-DF), el funcionario Luís Ricardo Fernandes Miranda, jefe de la división de importación del Ministerio de Salud, advirtiera al presidente Jair Bolsonaro sobre las irregularidades en el contrato con el gobierno federal para la compra de Covaxin. Los hermanos se reunieron con el mandatario el 20 de marzo, cuando informaron sospechas sobre las actividades de la empresa de Maximiano.
Caso Covaxin: ¿qué se sabe hasta ahora?
La CPI investiga una posible ilegalidad en la intermediación de la empresa Precisa en un contrato de 1,8 mil millones de reales (aprox. USD 360 millones) para la compra de 20 millones de dosis de Covaxin por parte del gobierno federal brasileño. Una de las irregularidades sería el monto pagado por el Ministerio de Salud por cada dosis, que sería al menos un 250% más alto que el valor en India y casi un 1000% más alto que el precio inicialmente estimado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Otro problema es que Precisa todavía está esperando una licencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para importar los primeros 4 millones de dosis. El 31 de marzo, el jefe de la división de importación del Ministerio de Salud Luis Ricardo manifestó en un comunicado al Ministerio Público Federal (MPF) –en otra investigación por favoritismo en la negociación– que sufrió “presiones inusuales” para firmar un contrato de importación del inmunizante, dentro del Ministerio de Salud. El proceso está actualmente interrumpido.
Las irregularidades fueron reveladas públicamente el martes 22 de junio por el diputado Luis Miranda. Según el congresista, los documentos que prueban el fraude también fueron llevados personalmente por él y su hermano al mismo presidente Jair Bolsonaro, el 20 de marzo. El encuentro no figura en la agenda del presidente, pero Miranda, en su perfil en Twitter, publicó una foto al lado de Bolsonaro ese día y afirmó que ambos trataron temas importantes para Brasil.
En esta reunión, Bolsonaro prometió llamar a la Policía Federal para investigar el caso. Sin embargo, según el diputado, ni el mandatario ni la Policía Federal volvieron a contactarlo. A los senadores, Miranda afirmó que luego de la denuncia que se le hizo al presidente, nunca más pudo volver a hablar con él.
Luis Ricardo también encontró evidencia de fraude en la primera de tres facturas relacionadas con la compra de las dosis. Según el funcionario, el documento planificaba un adelanto de USD 45 millones a la empresa Madison Biotech, con sede en Singapur, un paraíso fiscal, que pertenece al grupo del laboratorio Bharat Biotech, pero que no formaba parte del contrato.
También en su testimonio, los hermanos Miranda declararon que Bolsonaro había atribuido el esquema al líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros (PP-PR). Barros es autor de una enmienda, de enero de este año, que prevé condiciones excepcionales para la adquisición de vacunas. La Medida Provisoria permite a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria otorgar una autorización extraordinaria y temporal para la importación y distribución de cualquier inmunizante que haya sido autorizado por una lista de autoridades sanitarias extranjeras. La enmienda de Barros incluyó a la agencia reguladora india Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) en esta lista.
Barros conocía a Maximiano antes de las negociaciones en torno a Covaxin. El diputado es imputado en una acción de improbidad administrativa relacionada con un contrato firmado con la empresa Global Gestão de Saúde, en la que Maximiano es socio. La acción determina un adelanto de 20 millones de reales (aprox. USD 4 millones) por medicamentos que nunca llegaron al Ministerio de Salud.
Edición: Vivian Virissimo