Colombia llega a sus 211 años de independencia, este 20 de julio, con un conflicto interno más vivo que nunca. Además del paro nacional que lleva más de dos meses, con 79 muertos y 346 desaparecidos, el gobierno de Iván Duque ha irrespetado los Acuerdos de Paz, firmados en 2016 con las FARC-EP y desde 2018 se levantó de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En los últimos cuatro años más de mil líderes sociales y excombatientes fueron asesinados, 60% durante el gobierno Duque. Sólo en 2021 se registraron 50 masacres y 28 exguerrilleros asesinados, según levantamiento del Instituto para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).
En este contexto de violencia estructural, el ELN vuelve a insistir en la necesidad de diálogo. La guerrilla, que acaba de cambiar su comandancia general, con la renuncia de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, uno de los fundadores de la organización, y la asunción de Antonio García, como primer comandante, Pablo Beltrán y Pablo Marín como segundo y tercer comandante, respectivamente, analiza los desafíos para la paz en Colombia.
El pasado 24 de mayo, el Ejecutivo colombiano sustituyó a Miguel Ceballos, nombrando a Juan Camilo Restrepo Gómez como nuevo comisionado para la paz. Restrepo Gómez fue secretario general del conservador Partido de la U, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) y viceministro de Agricultura. Aunque sea responsable por conducir el diálogo entre gobierno y grupos insurgentes, el nuevo funcionario no ha retomado el diálogo con el ELN.
Las negociaciones empezaron en 2017, durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos, pero desde agosto de 2018, con el inicio del gobierno de Duque, las mesas de diálogo están suspendidas.
En 2022, el país celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias. Según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el senador Gustavo Petro sería el favorito para ocupar la presidencia, con 30,3% de intenciones de voto, seguido de Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, con 14,7% y Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, con 7,3%. Mientras Iván Duque aumenta su rechazo popular a 76%.
El comandante Aureliano Carbonell, miembro de la dirección nacional y representante de la mesa de diálogo, en entrevista a Brasil de Fato y People’s Dispatch destaca que la expectativa es de que las negociaciones avancen solo cuando terminen los gobiernos del partido Centro Democrático.
¿Qué lleva al ELN a cambiar su comandancia?
El comandante Nicolás Rodríguez es uno de los fundadores de la organización. Cuando murió el comandante Manuel Pérez en 1998, él era el segundo, y ese año entra a ejercer la primera comandancia, hace 23 años. Pero su situación de salud y la atención obligada que requiere, lo llevan a renunciar al primer mando.
Tengamos en cuenta que somos una organización político militar, que obliga a los dirigentes vivir en condiciones de clandestinidad, a estar en el monte, lo que se hace difícil en las condiciones del comandante Nicolás. Por eso él optó por renunciar. Su renuncia fue aceptada, a pesar del respeto, el cariño y el reconocimiento que le tiene toda la organización.
Ya en cuanto a los cambios que eso puede generar en la organización, pues cada persona tiene unas características particulares, pero la organización tiene decisiones colectivas, mandatos colectivos, sus políticas son definidas en los congresos, en los plenos de dirección nacional. La política en su sentido general seguirá siendo la definida por la organización.
¿Cómo ha sido el tratamiento del gobierno colombiano hacia el ELN?
Cuando Duque llega a la presidencia, deja en pausa el proceso de paz que se trae con el gobierno. Tengamos en cuenta que quien gana la presidencia es Centro Democrático, encabezado por Álvaro Uribe, que es el sector más guerrerista de la oligarquía colombiana, más intransigente, que incluso cuando se logra el acuerdo con las FARC-EP, ellos encabezan un plebiscito para rechazar los Acuerdos de Paz de 2016. Duque no reanuda el proceso.
En enero de 2019, seis meses después de que Duque se posesionó, el ELN realiza una acción contra la Policía en Bogotá, y esto sirve como pretexto para seguir enredando la reapertura del proceso.
Estamos ya en 2021, falta un año para que termine este gobierno y siguen insistiendo en colocar unas precondiciones para reiniciar el proceso. Esas precondiciones casi sugieren al ELN que deje de ser una organización insurgente para sentarse a hablar, para sentarse a dialogar. El ELN está dispuesto a reanudar este proceso de manera inmediata, sin ninguna precondición.
En este tiempo hemos hecho lo que podrían llamarse gestos. En abril del 2020, a propósito de la pandemia, y de las solicitudes que hicieron en el mundo, tanto el Secretario General de la ONU, como el Papa Francisco, de un cese mundial al fuego, el ELN decretó un cese unilateral atendiendo a esos llamados durante un mes, y le planteó al gobierno un cese bilateral.
Esto fue desoído por el gobierno. En 2019 y en 2020, el ELN liberó a militares capturados, pero las cosas han seguido igual.
Hemos hablado ya con el delegado del Papa Francisco, con el delegado de la ONU para hacer un seguimiento al proceso de los Acuerdos de FARC-EP, y también hemos planteado ante la comunidad internacional que levantemos un mecanismo de esclarecimiento y conciliación, pensando en las cuestiones humanitarias. ¿Qué es eso? En esencia es crear un puente, ojalá que pueda ser la iglesia, entre el ELN y las comunidades, para dialogar y aclarar situaciones humanitarias en las que se plantea alguna implicación del ELN. Si nosotros tenemos una responsabilidad la aceptamos, la dialogamos y tratamos de resolverla. Si no la tenemos, pues que se esclarezcan las cosas.
Después del cambio del comisionado de paz, ¿hay expectativas de retomar las negociaciones para un acuerdo?
En este momento el gobierno tiene un rechazo que está llegando casi al 80%, ha estado sometido durante estos dos meses a una explosión social, a grandes movilizaciones, hay un descontento en el país muy grande.
Con este escenario, no descartamos que haga simulaciones que quiere algo en relación con la paz. Pero fíjense el estado en que tienen los acuerdos con las FARC-EP. Prácticamente lo único que se habla es de la reinserción y las cosas están muy críticas.
Miren lo que acaba de mostrarse en estos dos meses de movilizaciones. El gobierno y el Comité Nacional de Paro sentaron a dialogar, y el gobierno tuvo una posición tan intransigente, que el Comité de Paro tuvo que levantarse de la mesa de negociaciones, porque eso no iba para ningún lado.
No nos olvidemos que los que están ahora en el gobierno se oponían radicalmente a los procesos de paz. Pero de todas maneras el ELN está dispuesto, y lo ha expresado públicamente, a reestablecer una mesa de negociaciones.
Un punto clave, en la agenda que se ha firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos, es la participación de la sociedad, porque nosotros consideramos que, en un proceso de paz, eso es algo vital, prioritario.
No es un proceso con el ELN para reconocernos como organización. Un proceso de paz tiene que tocar directamente las realidades del país y todos aquellos fenómenos que han originado el levantamiento armado.
¿Cuál es la lectura de la guerrilla sobre el paro nacional? ¿Cómo evalúan estos 2 meses de manifestaciones?
Lo que ha sucedido en esos meses, desde fines de abril, mayo y junio, es algo excepcional. Las luchas populares han dado un salto en Colombia. Hubo movilizaciones casi que permanentes en todas las ciudades del país, hubo momentos con movilizaciones en la mitad de las cabeceras municipales, más o menos en 500-520 cabeceras municipales.
El paro tuvo apoyo de muchos sectores de la sociedad, pero también se dieron cosas muy particulares: en algunos momentos los bloqueos de carretera llegaron a pasar la cifra de mil. Con la característica de que no solo campesinos y trabajadores del transporte, también sectores urbanos salieron en las ciudades que colindan con carreras troncales a bloquear.
Pero igualmente se han formado puntos de concentración permanente en varias ciudades, como Cali y Bogotá, que se han denominado puntos de resistencia.
También se han desarrollado las primeras líneas que son grupos de jóvenes que tratan de ponerse en primera línea para defender el resto de la movilización, con escudos artesanales, con cascos, con gafas para los gases.
Otro aspecto relevante de estos meses de estallido social es el protagonismo que han tenido los sectores urbanos, la gente de las ciudades.
En Colombia, viene dándose un proceso, un ciclo de ascenso de las luchas sociales que arranca 13 años atrás.
Arranca con lo que se ha conocido como la Minga Indígena del departamento del Cauca, en 2008, pero después hay un gran movimiento estudiantil en el 2011, después en 2013, 2014, 2016, de nuevo se repiten acciones de mucha importancia de masas de los indígenas, así como los paros agrarios.
En estos años, el factor principal de la movilización era la zona rural. Es a partir de 2017, que entra a jugar de alguna manera lo urbano. Ya en 2018 y 2019 cobra más dimensión con las movilizaciones estudiantiles.
Pero ahora en 2021, hay un gran protagonismo urbano, también hay una gran presencia de los sectores rurales, pero ya no son los principales.
La otra cara que hay que destacar de estos meses de estallido social es la brutal represión.
La violación ya muy visible y constatable de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. La manera violenta como se responde por parte del Estado, del gobierno, de las clases dominantes a la protesta social, al reclamo de la gente.
Incluso hay un caso muy emblemático de una niña, de una joven en la ciudad de Popayán que por el teléfono indica antes que ha sido abusada sexualmente por la policía que la detuvo y ella, a raíz de eso, se suicida.
La Fiscalía, que es un ente adscrito al gobierno sin ningún tipo de independencia, aceptó durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía registradas 84 personas asesinadas. Si la Fiscalía aceptaba esa cifra, es de esperar que la situación era mucho más grave.
Entonces el componente de represión, de violencia, de brutalidad, de violación de los derechos humanos, de un trato dictatorial a la protesta social, ha quedado evidenciado ante el mundo en estos meses. Se ha desnudado ante el mundo cuál es el comportamiento de la clase dominante en este país y se ha visto en las ciudades lo que ellos vienen haciendo con mayor impunidad en los campos durante todas estas décadas de conflicto armado.
2022 es año electoral en Colombia y el uribismo parece estar dividido o al menos debilitado después del paro. ¿Eso favorece las negociaciones de paz con el ELN?
Tiene razón que el uribismo es el sector más de ultraderecha, y es el que está en estos momentos al mando del gobierno. Digamos que está en mayores dificultades y digamos que está en retroceso. Lo expresa la situación en que se encuentra de crisis, de rechazo. Y lo que se prevé es que las elecciones presidenciales, serán ganadas por posiciones oligárquicas menos extremas o el candidato de centro izquierda, Gustavo Petro.
Entonces indudablemente sí, ese será un nuevo gobierno de otro carácter, así sea oligárquico distinto al gobierno de Duque y al uribismo. Favorecerá más los caminos de búsqueda de la paz. Y lógico si es un gobierno de centroizquierda pues en el camino se ve un poco más provisorio.
De todas maneras, lo determinante para que se impongan en el país los caminos de negociaciones, de búsqueda de paz con la insurgencia, es la crisis actual del país. La crisis en que está el sistema de dominación. El descontento social que hoy es mucho más amplio que en otros momentos, y lógicamente el estallido social que tiende a seguir en los próximos meses.
Esto va imponiendo cambios a las clases dominantes y a los sectores oligárquicos, va debilitando a la extrema derecha, y abriendo posibilidades de avanzar en procesos de paz y de cambio en el país.
Edición: Arturo Hartmann