El gobierno brasileño ocultó el nombre de CTU Security, empresa investigada por su participación en el asesinato del presidente de Haití, en una ordenanza publicada en el Diario Oficial de la Unión el pasado 30 de julio. Ese día, la Secretaría General de la Presidencia de la República anunció que la apuración interna de un contrato con la empresa se extendería por 180 días. Sin embargo, el gobierno federal cambió el patrón de publicaciones anteriores sobre el mismo caso y no incluyó el nombre de la empresa en la ordenanza.
Esta fue la primera vez que una comunicación en el Diario Oficial sobre el contrato con CTU Security no presentó el nombre de la empresa. El caso se identificó únicamente con el número del proceso administrativo que tramita en la Presidencia.
Poco más de una semana antes, el día 22 de julio, Brasil de Fato reveló que el contrato con la empresa está bajo investigación interna por parte del Poder Ejecutivo desde 2020.
El informe también mostró que el empresario Antonio Emmanuel Intriago Valera, conocido como Tony Intriago, es investigado en Florida, EE.UU., por participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse dentro del palacio de gobierno el 7 de julio.
El ministro de Defensa brasileño, el general Walter Braga Netto, fue el encargado de firmar el contrato por más de 40 millones de reales (aproximadamente 734 mil dólares), bajo investigación en el proceso administrativo que se encuentra en curso en el Ejecutivo. El acuerdo fue firmado en 2018 sin licitación por el Gabinete de Intervención Federal en Río de Janeiro, comandada por el militar.
Brasil de Fato envió preguntas sobre el “maquillaje” de la ordenanza a la Secretaría General de la Presidencia, responsable de la investigación, a la Casa Civil, donde se encuentra el Gabinete de Intervención (que aún está en funcionamiento), y al Ministerio de Defensa, encabezado por Braga Netto.
Ninguno de los organismos respondió las preguntas hasta la publicación de este informe. El espacio permanece abierto para sus manifestaciones. Esta es la diferencia entre las ordenanzas ya publicadas sobre el caso:
Ordenanza que no menciona la empresa:
Ordenanza que amplía el plazo de investigación por otros 180 días / Diario Oficial de la Unión
Ordenanzas que mencionan el nombre de la empresa:
Documento de exención a licitación publicado en 2018 para la contratación de la empresa CTU Security para suministro de chalecos antibalas / Diario Oficial de la Unión
Suspensión de la ejecución del contrato, publicado en 2019, ya en el gobierno de Bolsonaro; el acuerdo fue incumplido y enviado para investigación / Diario Oficial de la Unión
Ordenanza que designa auditores internos para investigar responsabilidades; el plazo para su verificación vence en la primera semana de agosto / Diario Oficial de la Unión
Entienda el caso
El contrato con el gobierno brasileño estipula la entrega de 9.360 chalecos antibalas a la Policía Civil de Río de Janeiro. El costo promedio de cada chaleco sería de 4,3 mil reales (aproximadamente 790 dólares). En el primer mes del gobierno de Bolsonaro, el Ejecutivo pagó 35.944.456,10 reales (660 mil dólares) a la empresa. Sin embargo, tres meses después, se canceló el pago y se suspendió el contrato.
Desde 2020, el Ejecutivo investiga las responsabilidades por incumplimiento del contrato. En tres ocasiones el plazo de investigación se ha ampliado por 180 días. La nueva fecha límite es solo a fines de enero de 2022.
Brasil de Fato
solicitó, a través de la Ley de Acceso a la Información, el proceso administrativo completo que investiga las irregularidades en el caso. Sin embargo, el Gobierno Federal afirmó que el caso se desarrolla en secreto hasta que se completen las investigaciones.
La exención de licitación en las compras por parte del Gabinete de Intervención ocurrió por solicitud de Braga Netto en mayo de 2018 al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). La agencia otorgó la autorización en junio del mismo año para compras sin proceso de licitación.
Según relatos de las autoridades de Florida, en una entrevista al sitio Politico, el dueño de CTU Security habría contratado a más de 20 ex soldados de Colombia para llevar a cabo la muerte del jefe de Estado haitiano. La semana pasada, el jefe de la Policía Nacional de Haití acusó a Intriago de visitar el país en varias ocasiones y de ser uno de los integrantes de una conspiración para matar a Moïse, pero no brindó más información.
Durante 13 años, de 2004 a 2017, alrededor de 37.000 oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil fueron desplegados en Haití. Brasil de Fato demostró en julio que al menos ocho militares que desempeñaron un papel de liderazgo en la misión ocupan o han ocupado cargos en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro (sin partido). Braga Netto no actuó en el país caribeño, pero tiene larga relación con militares estadounidenses.
Lea el reportaje aquí: Crise no Haiti tem digital de generais bolsonaristas; saiba quais ministros atuaram no país
Hace diez años, en 2011, el actual ministro de Defensa fue nombrado agregado militar del Comando del Ejército en la Embajada de Brasil en Estados Unidos. Braga Netto permaneció en territorio norteamericano durante aproximadamente tres años. Dejó su cargo en 2013, cuando regresó a Brasil para trabajar en el esquema de seguridad de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.
Menos de dos años después de los Juegos Olímpicos, en febrero de 2018, Braga Netto fue designado por el expresidente Michel Temer (MDB) como interventor federal en Río de Janeiro. La intervención continuó hasta diciembre del mismo año.
En 2019, la Agencia Pública de Periodismo Investigativo demostró que once empresas privadas de seguridad y tecnología, entre brasileñas y extranjeras, firmaron con el gobierno de Brasil un total de 140 millones de reales (25 millones de dólares) en contratos sin licitación, todos destinados a la intervención en Río de Janeiro.
Edición: Vivian Virissimo
