La Constitución Federal de 1988 fue la primera en Brasil en reconocer que los pueblos indígenas son los primeros y verdaderos dueños de las tierras ocupadas por ellos antes de la llegada de los no indígenas.
Según la Constitución, las tierras indígenas son patrimonio de la Unión, que tiene la obligación de promover la demarcación de estos territorios a favor de sus habitantes tradicionales.
La demarcación es un proceso administrativo complejo, que tiene nueve etapas, desde los estudios iniciales de identificación y delimitación del territorio, hasta la interdicción de áreas para la protección de pueblos indígenas aislados.
En este sentido, es derecho de los pueblos indígenas el ejercicio de la posesión permanente y el uso exclusivo del suelo, los ríos y todos los recursos naturales esenciales para el mantenimiento de sus formas de vida en estas tierras.
Este marco de protección para los pueblos originarios, sin embargo, nunca se concretó del todo.
La Constitución dio un plazo hasta 1993 para la demarcación de todas las tierras indígenas, pero actualmente hay más de 300 territorios que se encuentran en situación legal indefinida.
Un hito en el ataque a los derechos originarios
En este contexto, la creciente violencia que sufren los pueblos indígenas de Brasil podría alcanzar nuevos niveles, si el Supremo Tribunal Federal (STF) aprueba el llamado "marco temporal".
El proceso que fue nuevamente analizado por los ministros este miércoles 1 se refiere a la posesión del territorio del pueblo Xokleng, del estado de Santa Catarina. Se trata de una acción de recuperación de propiedad presentada en 2009 por el gobierno del estado que se refiere a la Tierra Indígena (TI) Ibirama-Laklãnõ.
Duramente criticado por las organizaciones indígenas, el "marco temporal" es una tesis legal defendida por los parlamentarios ruralistas que levanta nuevas barreras a la demarcación de tierras de los pueblos originarios.
En el "marco temporal", los territorios se demarcan únicamente si los pueblos indígenas logran demostrar que ocupaban el área anteriormente o en la fecha exacta de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988, o si se corrobora que existe un conflicto por la propiedad de la tierra.
"Muchos de hecho no estaban en sus tierras en esa fecha porque fueron expulsados, sus tierras fueron tomadas por terratenientes", señala Samara Pataxó, asesora legal de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
"Esta tesis perversa desconoce la historia de violencia a la que fueron sometidas las poblaciones indígenas antes de 1988, así como las amenazas y asesinatos que resultaron en la expulsión de comunidades de sus tierras", complementa Antônio Eduardo Oliveira, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI).
Genocidio continuo
Las organizaciones y líderes advierten que las consecuencias de la validación del "marco temporal" por parte del Supremo Tribunal Federal pueden profundizar intensamente el proceso de genocidio experimentado por los pueblos originarios.
Incluso las comunidades que habitan en tierras que ya han sido demarcadas pueden ser expulsadas si no pueden acreditar que ocuparon el territorio en el período establecido por la tesis legal.
Esto se debe a que la Corte Suprema clasificó la sentencia del "marco temporal" como de repercusión general. En otras palabras, se creará una jurisprudencia que servirá de base para juzgar todos los casos similares en otros tribunales, definiendo el futuro de las próximas generaciones de los pueblos indígenas en Brasil.
"Si se refrenda la tesis, las demarcaciones serán interrumpidas y seguramente tendremos solicitudes de revisión de tierras ya demarcadas", explica Paloma Gomes, asesora legal del Consejo Indigenista Misionero.
Los acaparadores de tierras, madereros y mineros, que ven los territorios indígenas como una fuente de ganancias que aún no ha sido explorada, pueden ser aún más motivados a ingresar a las áreas preservadas, lo que se suma a las crecientes estadísticas de conflictos por tierras.
"Tendremos aún más la ausencia de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, tendremos más violencia, más expulsiones de pueblos originarios. En definitiva, es un proceso de exterminio absoluto de la cultura y los pueblos indígenas en nuestro país", agrega la abogada.
El "marco temporal" ya se practica
La tesis se utilizó por primera vez para cuestionar la demarcación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en el estado de Roraima. En 2009, la Corte Suprema determinó la demarcación continua de la tierra indígena y la remoción de la población no indígena, eliminando la necesidad de que los pueblos originarios demuestren su presencia en 1988.
"Si bien la decisión fue favorable a los pueblos indígenas, este criterio comenzó a aplicarse de manera indebida e inapropiada en otros procesos de demarcación que no tienen ningún aspecto similar a este proceso específico", explica Samanta Pataxó, de APIB.
Para hacerse una idea del daño que se puede causar a los indígenas basta con mirar los casos en los que el "marco temporal" ha servido de base para decisiones judiciales desfavorables para los pueblos.
Un ejemplo simbólico es la Tierra Indígena Guyraroka, perteneciente al pueblo guaraní Kaiowá, en el municipio de Caarapó, en el sur del estado de Mato Grosso do Sul.
La comunidad formada por 26 familias, y rodeada de la siembra de monocultivos como soja, maíz y caña de azúcar, tuvo el trámite administrativo para la demarcación de sus tierras cancelado en 2014 por el Segundo Panel del STF con base en el "marco temporal".
Los Guaraní Kaiowá obtuvieron una victoria judicial en abril de este año, cuando el mismo STF aceptó un recurso judicial y abrió el camino para revertir la nulidad.
La victoria definitiva, sin embargo, aún no ha llegado, ya que los ministros no apreciaron los méritos de la acción. Y la recuperación del territorio puede estar más lejos si se aprueba el "marco temporal".
Consecuencias climáticas
Si bien los pueblos indígenas son la principal parte interesada en el rechazo del "marco temporal" por parte del STF, el tema es de interés general para la sociedad brasileña.
Los pueblos indígenas son los principales responsables de prevenir la degradación de los biomas brasileños, especialmente la Selva Amazónica, que ha batido récords anuales de deforestación, según un informe de Naciones Unidas publicado en marzo de este año.
Los primeros habitantes de Brasil son, por tanto, aliados naturales de la preservación del medio ambiente, el único remedio para sortear los graves cambios climáticos que atraviesa el planeta, como el calentamiento global y la gran concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.
Edición: Vivian Virissimo
