El 20 de septiembre de este año, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil defendió la continuación de una acción penal abierta contra Luiz Inácio Lula da Silva por haber cometido presunto tráfico de influencias a cambio de dinero en la compra, por parte del Estado brasileño, de 36 aviones de combate para una compañía sueca, cuando ya no era presidente de la República.
Este es el último caso que permanece abierto contra Lula. En los últimos años, el expresidente enfrentó al menos 18 aperturas de investigación, acusaciones y acciones penales contra sí y pasó 580 días en prisión, durante los cuales le revocaron sus derechos políticos, le impidieron ser un candidato, le prohibieron dar entrevistas durante el período de elecciones y no permitieron siquiera que asistiera al entierro de un hermano.
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Actualmente, en la acusación que queda y que aún resguarda el Ministerio Público, Lula, quien dejó el cargo de presidente en 2010, ejerció o "pretendió poder ejercer" un tráfico de influencias predominante que llevó al gobierno brasileño a adquirir aviones de combate de una compañía sueca en detrimento de las otras dos que compitieron en el proceso brasileño de adquisición de aviones de defensa.
En el proceso penal, el MPF-DF acusa a Lula de haber "vendido" la falsa idea de que podía influir en el gobierno de Dilma Rousseff para comprar 36 aviones de combate de la compañía sueca SAAB, y no los de la empresa francesa Dassault, que participaba en la competencia. La tercera opción, la norteamericana Boeing, ya había abandonado la competencia.
Todo ocurrió dentro de un intrincado proceso de compra de equipo militar por parte del Estado brasileño que se venía negociando desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y cuya conclusión solo se dio durante el gobierno de Dilma, en agosto de 2015.
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En la demanda, los fiscales afirman que el ex primer ministro sueco Stefan Löfven habría tratado de organizar una reunión con el expresidente Lula a finales de 2013, cuyo propósito era que Lula usara su influencia en el gobierno Dilma para convencerla a comprar los cazas suecos.
Los fiscales también alegan que el mandatario sueco (quien en ese momento todavía no era el primer ministro del país) habría escrito una carta a Lula pidiéndole que "le hiciera este favor".
Esto es lo que afirma el MPF-DF. La acusación, sin embargo, no presenta ninguna prueba de que la carta llegara siquiera a Lula, como se señala en el caso de defensa del expresidente, ni explica cómo hubiera sido posible o cómo hubiera ocurrido el arreglo ilegal entre el presidente y la empresa. ¿Cómo habría intercedido el expresidente ante el gobierno federal para que se llevara a cabo la compra?
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La acusación del MPF no ofrece estas respuestas, pero sugiere una razón por la que la empresa estadounidense habría abandonado el proceso competitivo antes de que finalice: "El factor determinante en la elección de la expresidente [Dilma Rousseff] parece haber sido su crisis con el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, basada en documentos filtrados por Edward Snowden".
"El proceso de adquisición de los cazas Gripen NG (el producto sueco) estuvo impregnado de refinamiento técnico y atención a los problemas económico-financieros y la situación fiscal del país. La complejidad de los factores involucrados no permite justificaciones simples elaboradas por la fiscalía para explicar el proceso de toma de decisiones. Así, el aporte del Parquet (Ministerio Público) al emitir opiniones superficiales sobre temas que están fuera de su ámbito es de poca relevancia", fue la respuesta, en el mismo proceso, elaborada por la defensa de Lula.
La renovación de la flota de combate de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) es un proyecto de larga data, cuyo embrión se remonta al gobierno de José Sarney, y conlleva una importante decisión geopolítica. La evaluación fue realizada por Alcides Peron, profesor de la Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap).
"La compra de armamento no es la compra de un producto cualquiera, obedece a conjuntos de intereses y alineamientos geopolíticos muy sólidos, importantes y sensibles", dice el investigador a Brasil de Fato.
Peron estudió el programa FX-2 de la FAB, como se nombró la compra brasileña de aviones de combate, en su maestría en la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) y señala que los suecos de SAAB fueron elegidos porque ofrecían el mejor offset, un término utilizado para el tratamiento del paquete de compensación que acompaña a la negociación. La venta de los aviones de combate Gripen prevé la producción de piezas para la aeronave en Brasil, por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), además de la capacitación del personal y la transferencia de tecnología.
"No podemos pensar que fue solo el gobierno o tres, cinco o diez soldados en una pequeña sala discutiendo esto. Hubo participación activa de la industria nacional, sectores de la FIESP [Federación de las Industrias del Estado de São Paulo], sectores de defensa que estuvieron ampliamente comprometidos en este proceso", analiza Peron.
En este contexto, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, visitó Brasil en 2010 y defendió la compra de aviones de combate Boeing. Y la Embajada de Estados Unidos en Brasil emitió un comunicado defendiendo la compra de aviones de combate F-18. Además, Donna Hrinak, embajadora de Estados Unidos en Brasil de 2002 a 2004, ha sido presidenta de Boeing en Brasil desde 2011.
Estados Unidos, sin embargo, nunca estuvo cerca de cerrar el contrato con el gobierno brasileño. La elección fue entre los franceses de Dassault, como favoritos en la disputa, y los suecos de SAAB, evalúa el profesor de la FECAP.
En 2013, un episodio contribuyó a disminuir las posibilidades de que Boeing ganara la competencia: la revelación de Edward Snowden de que Estados Unidos espió a la entonces presidenta Dilma Rousseff y Petrobras, así como a otros líderes mundiales, como la canciller alemana Angela Merkel.
"El episodio de Edward Snowden ayuda a sacudir un poco las relaciones entre Brasil y EE. UU., pero en ese momento la elección del avión de combate norteamericano ya estaba descartada hacía mucho tiempo, porque lo que ofrecían como offsets era muy falso y una compra como esta requiere un conjunto de beneficios, ya que se trata de un alineamiento geopolítico."
Se espera que la Justicia Federal del DF brasileño decida aún este año por la continuación o no de la acción penal.
Edición: Leandro Melito
