"La reanudación de la producción de uranio en Brasil". La frase fue estampada en el banner al fondo de la ceremonia, en la ciudad bahiana de Caetité. Allí, la población tiene tasas de cáncer superiores a las del resto de Brasil. La historia de la región evidencia que los daños a la salud y la contaminación radiactiva del suelo y el agua son inherentes al proceso de extracción de uranio. Sin embargo, estos temas no se mencionan en la ceremonia.
En el escenario, once hombres blancos, entre ellos el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque; el alcalde de Caetité, Valtécio Aguiar; y el presidente de la estatal Industrias Nucleares de Brasil (INB), Carlos Freire. Después de que una mujer negra, representante de los funcionarios de INB, canta el himno nacional, todos presionan un botón juntos. Se escucha una sirena. Cerca, en una zona deforestada y excavada, se detonan explosivos. Aplausos.
El evento hizo del primer día de diciembre 2020 la fecha en que la extracción de uranio se reanudó en el país, en el marco de un plan billonario del gobierno federal de inversión en energía nuclear, con miras a la construcción de ocho nuevas plantas para el año 2050 con las asociaciones público privadas.
"Esta reanudación representa el firme compromiso del presidente Bolsonaro de transformar los recursos nacionales en riqueza", dijo el ministro Bento Albuquerque. La región donde estaba parado el ministro y cuyos recursos naturales son de interés para el gobierno federal incluye los municipios de Caetité, Lagoa Real y Livramento de Nossa Senhora, en el suroeste de Bahía.
Las comunidades que allí habitan -incluidos 15 quilombos (comunidades descendientes de los focos de resistencia negra en el período colonial), entre ellos Passagem de Areia, Cangalha, Riacho da Vaca, Contendas y Pau Ferro- saben muy bien lo que significa la minería en la región.
La Unidad de Concentración de Uranio (URA) de la INB ya realizó la extracción y procesamiento de este mineral allí entre 2000 y 2015. El regreso de la minería, ahora en una nueva área, la Mina do Engenho, se produce después de solo cinco años de interrupción.
El mineral extraído en Caetité -en la unidad de INB que ocupa 1.700 hectáreas- sirve como combustible para las centrales nucleares de Angra dos Reis (Rio de Janeiro). Con la sexta reserva de uranio más grande del mundo, el país descubrió anomalías de uranio en la década de 1970 en esta región de la Serra Geral, que integra las cuencas hidrográficas del Río de Contas y el Río São Francisco.
En una entrevista concedida a la Asociación Brasileña de Energía Nuclear, el director de Recursos Minerales de INB, Rogério Mendes Carvalho, anunció que la meta es que en Caetité, para 2027, se produzcan 800 toneladas de concentración de uranio por año.
La Mina do Engenho, según Carvalho, "tendrá una vida de 16 años": "Es evidente que, para un aumento en la escala de producción, necesitaremos abrir, en 30 años, otras 13 minas nuevas".
A juicio de Camila Mandrek, del Movimiento por la Soberanía Popular en Minería (MAM), la decisión del gobierno de Bolsonaro de priorizar este modelo energético tiene "el protagonismo de los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas, que históricamente mantienen al proyecto nuclear brasileño en una 'caja negra' y están alineados con los intereses estratégicos de Estados Unidos en el contexto de las disputas geopolíticas con China".
Caetité es, por lo tanto, -con su pasado, presente y expectativas diseñadas por el gobierno federal para su futuro- un retrato exacto de lo que es, con los consecuentes impactos, una implementación práctica y territorial del Plan Nacional de Energía 2050 (PNE).
Entre 2000 y 2015, mientras estuvo activa la Mina Cachoeira, se extrajeron 3.750 toneladas de uranio. Por un lado, las actividades de INB marcan la historia de la región con la generación de puestos de trabajo, en su mayoría subcontratados y mal remunerados. Por otro lado, se acumulan denuncias por fugas de material radiactivo, accidentes, contaminación del suelo y aguas subterráneas, enfermedad de la población y falta de transparencia.
Huella radiactiva
Entre los más de diez accidentes por desborde de licor de uranio, ácido sulfúrico y aceite combustible en las instalaciones de INB en Caetité, destaca el momento en que, pocos meses después de la inauguración de la Mina Cachoeira, se filtraron cinco millones de litros de uranio al medio ambiente.
Según el Informe Misión Caetité, de la Plataforma Dhesca Brasil, este accidente ocurrió en abril de 2000, pero no fue informado a la población ni a los órganos de inspección. Solo fue confirmado seis meses después en un procedimiento del Ministerio Público Federal. Como resultado, la Licencia de Instalación de la mina se suspendió hasta julio del año siguiente.
Otro episodio clave ocurrió el 28 de octubre de 2009. Lucas Mendonça es empleado de INB y estuvo allí. En el distrito de Maniaçu, una celda de solvente cargado con una alta concentración de uranio se filtró al sistema de agua de lluvia. "Ayudé a tratar de estancar ese material", dijo Lucas, quien también es miembro de Sindmine (Sindicato de Mineradores de Brumado y Micro Región).
En esa ocasión, INB llamó a la prensa. "El coordinador luego les dice a los reporteros que el material que cayó estaba contenido en un agujero, que solo tenía queroseno y que se habían filtrado 500 litros", contó Mendonça. "Lo negué públicamente. Se filtraron 40 mil litros de material radiactivo y alrededor de 30 mil al medio ambiente", señaló.
La línea de tiempo de accidentes / Brasil de Fato
Un día, en 2012, Lucas llegó a la empresa y encontró extraño que su supervisor intentara dirigirlo a un sector diferente al suyo. "Y luego descubrí que había ocurrido una fuga masiva de combustible. Tan pronto como asumí el control, levanté la radio y llamé al último sector. Paramos la empresa", narra.
Al final de esa mañana, Mendonça fue informado de que había sido trasladado a otro sector. "Estaba aislado de todos los demás trabajadores. Hasta hoy me siguen exigiendo 400 mil reales (aprox. 73 mil USD) en la justicia por pérdidas de producción. A fines de ese año me suspendieron y estuve fuera de la empresa por dos años sin sueldo", contó.
El 26 de junio de 2013, un trabajador subcontratado que realizaba vigilancia nocturna en el INB se quedó dormido y cayó en una cuenca con un líquido radiactivo compuesto de uranio, ácido sulfúrico y otros productos utilizados en el sistema de procesamiento del mineral. Sobrevivió y sigue trabajando en la empresa.
En otra ocasión, según Mendonça, un trabajador desbloqueó un tubo del reactor de precipitación de uranio con una varilla que, luego de soltar el material, quedó enganchada impidiendo el cierre de la válvula. Se dio una ducha de material altamente radiactivo de la cabeza a los pies. También sobrevivió.
Según el MAM, la INB ya acumula alrededor de 1.200 demandas laborales en la Justicia Laboral.
Al ser contactada, la empresa estatal informó que ejecuta el Programa de Monitoreo Ambiental desde 1989 hasta la actualidad y que, "comparando los datos entre períodos", no se detectaron cambios "en los niveles de sustancias químicas y radiactivas que se encuentran naturalmente en la región".
"Cualquier hecho inusual que ocurra en la Unidad es informado a los órganos de licenciamiento (CNEN e IBAMA) y se toman las medidas de seguridad y control oportunas", afirmó la INB en un comunicado.
La empresa también dijo que la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) "tiene una oficina dentro de la instalación donde actúa el inspector residente de la agencia, lo que demuestra la transparencia de INB en estas situaciones". CNEN, una agencia federal, es la principal accionista de INB: posee el 99,9968% de sus acciones.
En 2016, debido a denuncias realizadas por Sindmine ante la Contraloría General de la Unión (CGU), el Ministerio Público Federal (MPF) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), se despidió a funcionarios de importantes cargos de INB por corrupción. Entre ellos, el entonces superintendente de Ingeniería y Calidad, Hilton Mantovani Lima. El gremio denunció que se estaban realizando compras a nombre del INB con fines privados, como la compra de materiales para pavimentar la calle donde vive el superintendente.
Lucas Mendonça fue amenazado de muerte y hasta inicios del gobierno de Bolsonaro estuvo en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos Amenazados. "Pasé por situaciones complicadas. Hubo un período en el que no podía salir a la calle", dijo.
Problemas de salud pública
En comparación con el resto del estado de Bahía, la tasa de cáncer en la población de Caetité, que tiene 51 mil habitantes, es mucho más alta. No es de extrañar que en noviembre del año pasado se inauguró en la ciudad un hospital especializado en oncología.
La Universidad Federal de Bahía (UFBA) en asociación con la Comisión de Investigación e Información Independiente sobre Radiactividad (CRIIRAD), de Francia, llevó a cabo un extenso estudio sobre los riesgos de contaminación ambiental y humana relacionados con la exploración de uranio en la región, cuyo informe fue publicado en 2019.
El documento señala que las mujeres de Caetité mueren anualmente por cáncer de pulmón 6,27 veces más que en el resto de Bahía. Las muertes de hombres menores de 50 años por cáncer gastrointestinal aumentaron 19 veces más que en otras partes del estado.
La parte etnográfica de la investigación detectó que existe un gran "desconocimiento sobre los riesgos de la radiación ionizante", generado "por la falta de información de la empresa minera".
El estudio también analizó el agua de 19 pozos para consumo humano en las comunidades aledañas a la INB. De estos, el 26,6% tenía niveles de uranio por encima del valor máximo permitido por el Consejo Nacional de Medio Ambiente.
"Las comunidades de Caetité y Lagoa Real siguen consumiendo agua contaminada. Es deber del Estado cuidar la salud de la población, y esta omisión estatal implica la pérdida de vidas", advierte Camila Mandrek.
Para Lucas Mendonça, es necesario tener en cuenta que existen al menos 38 anomalías de uranio en la región. "Dondequiera que se perfora el suelo, hay uranio. Hay radiación en el suelo", argumentó. "Las ciudades son antiguas, es probable que las piedras de las calles y las casas tengan radón. La gente respira este material", analizó.
"¿La llegada de la empresa intensificó el problema? Sí, mucho. Se abre la roca, se la saca del fondo, se libera la radiación, salen la nube de radón y el material radiactivo. Esto empeoró a partir de la extracción. El suelo donde se encuentra la planta está completamente contaminado por las filtraciones de las mantas. ¿Contamina las aguas subterráneas? Sí", afirmó. "Pero tenemos un problema que no es solo de la empresa. Es una cuestión de salud pública. Nadie debería vivir aquí. Y el gobierno lo único que hace es mirar de lejos", opinó.
Se espera que la explotación de la Mina do Engenho se prolongará hasta el 2036 / Brasil de Fato con imagen del Archivo INB
"Que no se permita implementar este programa nuclear"
Renato Cunha, del Grupo Ambientalista de Bahía (GAMBA), cree que con la crisis hídrica vivida en Brasil, la reanudación del plan nuclear brasileño podría ganar más fuerza. Los problemas de Caetité son, para Cunha, "surrealistas".
Si bien el gobierno de Bolsonaro pone "más énfasis" en la producción de energía nuclear, Renato identifica una continuidad en relación con gobiernos anteriores. Para él, la novedad radica, además de la reanudación de la minería en Caetité, en la intención del gobierno actual de establecer empresas público privadas en el área nuclear.
"Somos parte de la Articulación Antinuclear Brasileña, que fue creada hace casi 15 años. Estamos en este movimiento para que no se permita llevar a cabo este programa nuclear", contó el ambientalista. "Que no sigan con la exploración en Caetité, que no construyan las plantas en las riberas del río São Francisco, que no terminen la construcción de Angra 3", defiende. "Es una lucha, una resistencia. Esperemos a ver qué pasa".
Edición: Vivian Virissimo
