El número de muertos en conflictos en zonas rurales en Brasil aumentó más de un 1.000% el año pasado, según un informe difundido por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) este lunes 18. El Cuaderno de Conflictos en el Campo 2021 también señala un crecimiento considerable de violaciones de derechos humanos, desalojos, ejecuciones y masacres.
Los asesinatos aumentaron un 75%. El mayor número de casos se observó en los estados de la Amazonía Legal (región que comprende a los estados brasileños que integran la cuenca amazónica), que registraron 28 crímenes de esta naturaleza, el 80% del total. De los 35 hechos registrados a nivel nacional durante el año pasado, 33 víctimas fueron hombres y dos mujeres. Rondônia, Maranhão, Roraima, Tocantins y Rio Grande do Sul fueron los estados donde más ocurrieron.
Las víctimas fueron indígenas, trabajadores sin tierra, ocupantes, quilombolas (comunidades descendientes de los focos de resistencia negra en el período colonial), asentados, pequeños propietarios, quebradeiras de coco babaçu (mujeres de comunidades que trabajan en la recolección de estos frutos en estados de las regiones norte y noreste de Brasil), líderes y personas vinculadas a la lucha por la tierra.
En dos de estos casos hubo asesinatos de más de tres personas en una misma acción delictiva. La CPT considera masacres los hechos de estas características. Los intentos de asesinato también aumentaron, así como las amenazas de muerte, que llegaron a 132 hechos registrados. Los casos de tortura aumentaron de 9 en 2020 a 13 en 2021.
En 2020, la CPT ya había registrado el mayor número de conflictos de la historia. Según Andréia Silvério, de la coordinación de la institución, el crecimiento del año pasado ocurrió sobre bases ya muy elevadas, lo que multiplica la alerta.
"El año 2021 reafirma una tendencia que la CPT viene registrando al menos desde 2015 y 2016, cuando se produjo una ruptura política en Brasil. Desde ese período, detectamos un aumento en el número de conflictos y en relación con el número de familias involucradas en estos conflictos", señala.
El incremento sustancial de los asesinatos y las muertes como consecuencia de los conflictos apunta a una realidad de inseguridad y falta de derechos para las familias y los líderes rurales. "No son asesinatos personales, son causados por situaciones de conflicto y por las condiciones en que se encuentran las familias, como resultado de los procesos de lucha que libran en defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Brasil", dice Silvério.
Terror en el campo
Como principales operadores de la violencia están los agentes privados que se autodenominan hacendados, las "agromilicias", grupos de pistoleros que actúan bajo órdenes, y el poder público. Según Andréia Silvério, la CPT observa que se intensificó el avance sobre áreas ya destinadas, como territorios indígenas, unidades de conservación, tierras quilombolas y áreas de reforma agraria.
"Siempre ocurren desde esta perspectiva de apropiación de los bienes naturales. Actividades como la minería ilegal y la explotación maderera. No se trata de acciones realizadas únicamente por grupos económicos, empresarios, terratenientes y grileiros (acaparadores de tierras). Son, en cierta medida, actividades también protagonizadas y fomentadas por las acciones del Gobierno Federal y por las acciones legislativas de los gobiernos estatales", advierte.
Entre las masacres registradas el año pasado, al menos tres indígenas del pueblo Moxihatëtëa, que permanece aislado, fueron ejecutados en la Tierra Yanomami, en Roraima. En Rondonia, tres personas que vivían en el Campamento Ademar Ferreira fueron asesinadas en agosto de 2021.
"La gran mayoría de los conflictos sucedieron en la Amazonía. Sabemos que la frontera agrícola agropecuaria y minera avanza precisamente sobre estos territorios y se relaciona con el intento de apropiación de áreas que aún se conservan", destaca Silvério.
Entre las 100 personas detenidas en 2021 por conflictos en el campo, hay incluso un registro de niños aprehendidos (el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia -ECA- utiliza el término "aprehensión" cuando hay niños acusados de una infracción). Casi un tercio de todos los casos ocurrieron en Rondonia. En noviembre pasado, la Policía Militar detuvo a 30 campesinos del Campamento Escurão. Los agentes policiales destruyeron casas, robaron equipos y golpearon a mujeres y hombres residentes.
Por primera vez, el informe de la CPT presenta información sobre la orientación sexual y expresión de género de víctimas de violencia en el campo. Cinco personas LGBTQIA+ fueron objeto de asesinato, arresto, intimidaciones y tortura.
Siguiendo la tendencia de aumento de la violencia en el campo, los casos flagrantes de trabajo esclavo también aumentaron durante 2021. 169 personas fueron rescatadas de condiciones análogas a la esclavitud en el campo. La cifra representa un aumento del 76% con relación al año anterior.
Destrucción de las condiciones de existencia
Pese a las recomendaciones de organismos internacionales y del Consejo Nacional de Justicia, el año 2021 registró más de 22 mil familias desterradas en zonas rurales. En plena pandemia de covid-19, en la fase más crítica de la crisis sanitaria global, la tasa de desalojos aumentó un 12%.
El 2021 también tuvo un aumento del 18% en el número de familias expulsadas de donde vivían. Más de 550 tuvieron que abandonar sus tierras y hogares. "Los intentos de destrucción de formas de vida significan la destrucción de las casas, granjas y plantaciones, que muchas veces son el medio de subsistencia de estas familias. Esas son las áreas responsables de la producción de alimentos en Brasil", dice Andréia Silvério.
"Estas familias son las principales responsables de mantener una identidad sociocultural, especialmente en la Amazonía. Lamentablemente, este proceso de ocupación tiene un marcado carácter colonial. Traen una visión estereotipada e intentan imponer una lógica de mercado sobre los modos de vida de las poblaciones, lo que impacta directamente contra estas comunidades", agrega.
En datos parciales de 2022, la CPT ya contabiliza 14 asesinatos en conflictos rurales. Silvério destaca la falta de inversión en la reforma agraria, el desmantelamiento de los organismos de protección a la población rural y la fiscalización de delitos ambientales, así como la ausencia de voluntad política por parte del gobierno federal brasileño.
"Hay un abandono absoluto de la política de reforma agraria tal como fue concebida a partir de la Constitución de 1988. La reforma agraria en Brasil, de hecho, nunca se llevó a cabo. Pero esta política, que al menos permitía distribuir tierras y atender las demandas de estas comunidades, ha sido abandonada en los últimos años", completa la coordinadora de la CPT.
Edición: Felipe Mendes
