El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha publicado varios decretos de confidencialidad de 100 años sobre temas espinosos para él, su familia y sus seguidores. La cuestión fue mencionada por el expresidente Lula durante el debate presidencial de este domingo, sin detallar el contenido de las medidas. Pero los internautas tenían curiosidad y aumentaron las búsquedas del término "secreto de 100 años" en Google anoche. El candidato a la reelección ha emitido cuatro decretos para evitar que se hagan públicos procesos incómodos.
Para ello, Bolsonaro ha recurrido a una brecha regulada en la Ley de Acceso a la Información (Ley 12.527/2011) en su artículo 31, párrafo uno, inciso I. De acuerdo con la ley, los datos personales, relativos a la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen tendrán acceso restringido. "Independientemente de la calificación de confidencialidad y por un plazo máximo de 100 años contados a partir de la fecha de producción, a los agentes públicos legalmente autorizados y a la persona a que se refieren."
En enero de 2021, el despacho de la Presidencia decretó confidencialidad de hasta 100 años para la cartilla de vacunación de Jair Bolsonaro y la información sobre las dosis de vacunas ya recibidas por el mandatario. No se sabe si porque realmente no se la tomó, o si contradijo su propio discurso antivacunas y se la tomó a escondidas. Preguntado en ese momento si pretendía vacunarse contra la covid-19, Bolsonaro reafirmó que sería el último en ser inmunizado.
Cien años de protección para Eduardo Pazuello y los hijos
En mayo de 2021, en beneficio del exministro de Salud, Eduardo Pazuello, Bolsonaro decretó 100 años de confidencialidad de un proceso interno. El Ejército investiga la participación del general Pazuello en un acto político junto al presidente ese mes. La decisión fue tomada por la comisión formada por altos funcionarios de siete ministerios. El argumento fue que la difusión del documento representaría un riesgo a los principios de jerarquía y disciplina del Ejército.
La solicitud de acceso la hizo el periódico Folha de S.Paulo, que también cuestionó el hecho de que Pazuello no haya recibido ninguna sanción. En respuesta, la Comisión Mixta de Reevaluación de la Información (CMRI) afirmó que la ausencia de "sanción no puede entenderse como la ausencia de riesgo a los pilares de la jerarquía y la disciplina, expresados en el artículo 142 de la Constitución Federal".
A fines de julio, Bolsonaro determinó 100 años de confidencialidad para los datos de acceso al Palacio del Planalto de sus hijos Carlos y Eduardo Bolsonaro. La información fue revelada por la revista Crusoé, que solicitó el acceso a través de la Ley de Acceso a la Información.
Las tarjetas utilizadas para ingresar a la sede del gobierno federal habían sido confirmadas por la propia Presidencia de la República a través de documentos enviados a la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión de combate a la covid-19.
Según la publicación, entre abril de 2020 y junio de 2021 Carlos, el hijo "02", visita el Palacio del Planalto al menos 32 veces. Su hermano Eduardo, el "03", estuvo en la oficina de su padre, oficialmente, al menos en tres ocasiones, registradas en abril de 2020.
En nombre del honor de la familia del presidente
Ambos participaron en reuniones del llamado "gabinete paralelo", que guió a Bolsonaro en el manejo de la pandemia. Y también del llamado "gabinete del odio", un grupo de asesores que trabajan en el Palácio do Planalto con foco en las redes sociales; incluyendo el manejo de páginas web de apoyo a la familia Bolsonaro que difunden desinformación y atacan a opositores políticos del presidente.
Sin embargo, la Secretaría General de la Presidencia justificó que la información solicitada "se refiere a la intimidad, vida privada, honor e imagen de los familiares del presidente de la República, los cuales se encuentran protegidos con acceso restringido, en los términos del artículo 31 de la Ley Nº 12.527, de 2011".
En ese momento, Bolsonaro incluso declaró a la Rádio 96 FM en la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, que no había "nada raro" o "anormal" en el hecho de que el gobierno ponga en secreto por 100 años los datos de las tarjetas de acceso de los hijos del presidente y en su cartilla de vacunación.
"Mira lo que dice la ley, que mi secreto, mis asuntos personales pueden tener hasta 100 años. ¿Qué me pidieron? Mi cartilla de vacunas, esto es personal. Así que aquí tenemos derecho por ley. Ahora, ¿voy a entregar mi cartilla de vacunas? Dentro de poco entregaré cosas personales si no lo niego. Entonces, no hay nada raro, nada anormal en lo que se hizo. Mi cartilla de vacunación es personal, punto".
El escándalo de los pastores en el MEC
El 13 de abril, en medio del escándalo de corrupción en el Ministerio de Educación (MEC) que luego llevaría a la renuncia del ministro y pastor Milton Ribeiro, un internauta usó las redes sociales para cuestionar a Bolsonaro sobre la promulgación de los decretos de confidencialidad. "Presidente, ¿me puede responder por qué todos los temas espinosos/controvertidos de su mandato los pone 100 años en secreto? ¿Hay algo que ocultar?"
En julio, el Palacio del Planalto decretó la confidencialidad de las reuniones de Bolsonaro con los pastores del lobby del MEC, Gilmar Santos y Arilton Moura. Ambos son investigados por la operación de un esquema de desvío de recursos del sector educativo a municipios a cambio de coimas. El caso se hizo público luego de que el diario O Globo solicitara, a través de la Ley de Acceso a la Información, la lista de entradas y salidas en el Palacio del Planalto de ambos religiosos, incluidas las reuniones con el presidente.
El Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), que encabeza el ministro Augusto Heleno, informó que la solicitud "no puede ser atendida" porque la divulgación de esta información podría poner en riesgo la vida del presidente de la República y de sus familiares.
Confidencialidad en el caso de las "rachadinhas" que involucran a Flávio Bolsonaro
En ese mismo mes, el organismo de administración tributaria, Receita Federal, impuso 100 años de confidencialidad sobre un proceso que acusa al organismo de actuar para auxiliar la defensa del senador Flávio Bolsonaro en el caso de las "rachadinhas", un esquema de apropiación ilegal de salarios de funcionarios del gabinete. Documentos obtenidos en febrero por el periódico Folha de S.Paulo muestran que Receita Federal movilizó a cinco funcionarios durante cuatro meses para investigar la acusación hecha por el senador, hijo del presidente, de que sus datos fiscales habían sido accedidos ilegalmente y enviados al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF).
Previamente, Receita Federal había hecho públicos los documentos, al dar por cerrada la investigación. Sin embargo, no había ninguna razón para restringir su divulgación. Según Receita Federal, los documentos contienen información personal, lo que limita el acceso a los agentes públicos y los involucrados en el proceso.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ya dijo que revocará los decretos de confidencialidad, si es elegido. Los argumentos presidenciales de que la información es personal, relativa a la intimidad, la privacidad, el honor y la imagen –una protección de la Ley de Acceso a la Información– están siendo tergiversados al igual que la libertad de expresión para justificar la propagación del odio y todo lo que no es de interés de la sociedad o de la democracia.
