Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) asumirá la presidencia de Brasil recién el 1 de enero de 2023, sin embargo ya empezó a trabajar desde que se anunciaron los resultados de la segunda vuelta. Con el objetivo de facilitar los cambios de un gobierno a otro, ahora se inicia el proceso de transición.
Según Rafael Mafei, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP), “los deberes del presidente Lula empiezan a tener efecto principalmente después de que asume el cargo el 1 de enero”, pero, “por ahora, tiene el deber político de iniciar el trabajo para que la transición sea exitosa”.
Esto debe hacerse “designando a los mejores nombres de su base de apoyo para llevar a cabo la tarea de tomar conocimiento sobre el estado actual de la administración pública, preparando desde ya las primeras medidas del nuevo gobierno. Su principal tarea ahora es política, es armar el gobierno en sí, con el nombramiento de ministras y ministros”.
¿Cómo funciona?
Oficialmente electo, el candidato del PT puede iniciar la transición de gobierno, designando un equipo de 50 personas para los llamados cargos especiales de transición gubernamental (CETG), según la Ley 10.609/2002, promulgada por Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña) al final de su segundo mandato.
La abogada Tânia Maria Saraiva de Oliveira, integrante de la coordinación de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), explica que este equipo, dirigido por un coordinador, tiene como objetivo acceder a la información acerca del funcionamiento actual de la administración pública federal.
“Los integrantes del equipo de transición serán nominados por el candidato electo y tendrán acceso a la información relacionada con las cuentas públicas, programas y proyectos del Gobierno Federal”, describe la legislación. Los salarios esperados para los miembros oscilan entre R$ 2.701,46 y R$ 17.327,65 (aprox. 520 a 3.360 USD).
Garantizar el Bolsa Família de R$600, con 150 reales adicionales para las familias con niños de hasta seis años, es una prioridad, dijo Alckmin / Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
El Decreto 7.221, de 2010, que también regula la transición, determina que el nombramiento del equipo lo hará el presidente electo, pero que “corresponderá al Ministro de Estado Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República coordinar los trabajos relacionados con el proceso de transición gubernamental”. Una vez realizadas las tareas, diez días después de la toma de posesión del nuevo presidente, los cargos quedarán obligatoriamente extinguidos.
“Las normas del proceso de transición no son una opción entre gobiernos. La Ley 10.609 de 2002 y el Decreto 7221 de 2010 exigen un proceso de transición entre el gobierno actual y el gobierno electo, que comienza con la proclamación del resultado electoral y termina con la toma de posesión del nuevo presidente”, afirma Oliveira.
“En este caso, los titulares de todos los órganos y las entidades de la administración pública están obligados a facilitar la información solicitada y prestar todo el apoyo técnico y administrativo necesario para los trabajos. Entonces no es una opción del gobierno de Bolsonaro. La transición es una obligación legal que tiene su propia ley y decreto.”
Geraldo Alckmin será el coordinador
Geraldo Alckmin trabajará directamente con el ministro jefe de Gabinete, Ciro Nogueira, y será responsable del diálogo del actual gobierno con el equipo de transición. El vicepresidente electo determinó que el trabajo de se realizará en la sede del Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) en Brasilia.
Tweet: “Agradezco la confianza del presidente @LulaOficial en la misión de coordinar la transición de gobierno. El trabajo de nuestro equipo se norteará por los principios de interés público, colaboración, transparencia, planeamiento, agilidad y continuidad de los servicios.”
Alckmin firmó, este martes 8, las ordenanzas relativas al período de transición del gobierno. Una de ellas designa a tres coordinadores del proceso: la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, quien manejará la articulación política de la oficina de transición; el miembro del PT Aloizio Mercadante, coordinador del grupo técnico de la oficina; y el exdiputado Floriano Pesaro, coordinador ejecutivo de la oficina. Tal como se esperaba, la esposa de Lula, Janja da Silva, coordinará la organización de la toma de posesión presidencial, que tradicionalmente tiene lugar el 1 de enero.
También habrá un consejo político formado por líderes de los partidos que integran la coalición que eligió a Lula como presidente. El grupo estará formado por los siguientes miembros: Gleisi Hoffmann (Partido de los Trabajadores), Carlos Siqueira (Partido Socialista Brasileño), Daniel Tourinho (Agir), Felipe Espírito Santo (Partido Republicano del Orden Social), Antonio Brito (Partido Social Democrático), Guilherme Ítalo (Avante), Jeferson Coriteac (Solidaridad), José Luiz Penna (Partido Verde), Juliano Medeiros (Partido Socialismo y Libertad), Luciana Santos (Partido Comunista de Brasil), Wesley Diógenes (Rede) y Wolnei Queiroz (Partido Democrático Laborista).
¿Qué pasa si Bolsonaro impide los trabajos de transición?
Oliveira afirma que la legislación no prevé ningún tipo de sanción o pena por la negativa a realizar el proceso de transición. "Ahora, obviamente, como regla general, si el gobierno se niega a cumplir con este proceso, que es una norma legal, puede ser acusado de improbidad administrativa", advierte.
Mafei señala, a su vez, que Bolsonaro tiene la obligación de "cooperar con el equipo de transición", pero esa cooperación la llevarán a cabo directamente los miembros del actual gobierno que proporcionarán la información al equipo de transición. Estos miembros tienen una obligación legal "que puede ser exigida por orden judicial, bajo pena de desobediencia, si es necesario".
"El castigo principal", por tanto, "no recaerá sobre el presidente de la República, sino sobre los funcionarios de los ministerios, secretarías y demás órganos de la administración pública que no hagan mayores esfuerzos para cooperar con la transición".
Según Mafei, “un eventual castigo a Bolsonaro dependería fundamentalmente de que practique, durante la transición, un acto tipificado como delito, como prevaricación”.
Edición: Arturo Hartmann e Flávia Chacon
