La tragedia humanitaria vivida por los indígenas en Brasil ganó atención pública en los últimos días, especialmente después de la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la Tierra Indígena (TI) Yanomami, en el estado de Roraima. El mandatario estuvo acompañado de los ministros de Desarrollo Social (Wellington Dias), Salud (Nísia Trindade) y Pueblos Indígenas (Sonia Guajajara), marcando un cambio drástico con respecto a su antecesor, Jair Bolsonaro, en la forma en que el gobierno federal pretende enfrentar la minería ilegal en tierras indígenas y sus repercusiones.
"Ya no habrá minería ilegal. Conozco las dificultades de eliminar la minería ilegal. Sé que se ha intentado y vuelven. Pero la vamos a eliminar", dijo Lula después de visitar un hospital indígena y la Casa de Salud Indígena en Boa Vista, capital de Roraima, este sábado 21.
"Si alguien me dijera que, aquí en Roraima, las personas están siendo tratadas de la manera inhumana en que vi que se trata a los yanomami, no lo hubiera creído. No podemos entender cómo un país con las condiciones que tiene Brasil puede dejar a nuestros pueblos indígenas abandonados como están aquí", afirmó el mandatario.
La visita presidencial repercutió más que cualquier agenda planteada por la extrema derecha en 24 horas en las redes sociales, según el analista de redes sociales online con enfoque en política Pedro Barciela.
"Una visita presidencial nunca es solo una visita. También es una forma de orientar el debate. Con la visita al pueblo yanomami, Lula marcó la agenda y superó cualquier otra de la extrema derecha: en 24 horas, el tema tuvo 5 veces más menciones que las fake news sobre el 'Auxílio-Reclusão' en un período de 7 días", publicó el analista en su perfil en Twitter.
O que está acontecendo com os Yanomami não é tragédia humanitária.
— Pedro Carvalho (@Oparbento1) January 21, 2023
É crime contra a humanidade. É genocídio.
O autor do genocídio é a gestão Bolsonaro.#GenocídioYanomami pic.twitter.com/eeuQc9cod0
Tweet: "Lo que les está pasando a los yanomami no es una tragedia humanitaria. Es un crimen contra la humanidad. Es un genocidio. El autor del genocidio es el gobierno de Bolsonaro."
Lo mismo se registró en relación al tema del aborto. Según el investigador, "hubo 1,5 veces más menciones a los yanomamis en solo 24 horas que al término 'aborto' a lo largo de la última semana. Aquí, vale señalar el intenso engagement de los actores bolsonaristas que intentaron, en vano, guiar al gobierno".
La extrema derecha incluso intentó asociar la condición de los indígenas yanomami con una supuesta "farsa de izquierda", como el propio Bolsonaro. Sin embargo, el intento fracasó ante las espantosas imágenes de desnutrición infantil, inseguridad alimentaria y abandono.
Estado de emergencia
El viernes 20, el Ministerio de Salud declaró el estado de emergencia para "planificar, organizar, coordinar y controlar las medidas que serán utilizadas" para revertir la situación de falta de asistencia instalada en la TI Yanomami.
Se pretende realizar "la activación de los equipos de salud, incluida la contratación temporal de profesionales" y la "adquisición de bienes y la contratación de servicios necesarios para la actuación" en la emergencia.
También se instaló el Comité Nacional de Coordinación para el Enfrentamiento a la Desasistencia Sanitaria a las Poblaciones en Territorio Yanomami "para atender el problema de la desnutrición, el hambre, la salud, que es muy grave en esa región", según el ministro Wellington Dias. El comité tendrá una duración de 90 días y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
Minería ilegal
En los últimos años, la situación de los indígenas yanomami se ha agravado significativamente. Según el Ministerio de Salud, "se han registrado casos de desnutrición e inseguridad alimentaria, especialmente entre los más de 5 mil niños de la región. Los profesionales de la salud relatan falta de seguridad y vulnerabilidad para continuar con la atención, lo que dificulta aún más la asistencia médica a los indígenas".
Una de las principales causas fue la connivencia del gobierno del expresidente Bolsonaro en relación al avance de la minería ilegal en la región. Según Ivo Cípio Aureliano, indígena macuxi y asesor legal del Consejo Indígena de Roraima (CIR), "toda la minería que existe en Roraima es ilegal y está ubicada dentro de territorios indígenas. La promesa de legalización de esta actividad por parte del gobierno de Bolsonaro, a través del Proyecto de Ley 191/2021, que está en el Congreso Nacional, estimuló invasiones y aumentó la cooptación de indígenas, provocando varios tipos de violencia".
Según un relevamiento del Consejo, tan solo en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol (TI RSS), también ubicada en Roraima, se estima que habría, en 2021, dos mil mineros ilegales. En la TI Yanomami, las estimaciones ascienden a 20.000 mineros.
"En una de las regiones de la TI RSS, la región de Raposa, apareció un punto de minería (Garimpo do Atola o Tarame) en 2018. Varios mineros llegaron a las comunidades cercanas a Raposa I y Raposa II, principalmente en la comunidad de Napoleão, y comenzaron a cooptar a los líderes para que los apoyaran, con la promesa de que los indígenas recibirían un porcentaje", afirma Aureliano.
El impacto se da directamente sobre las comunidades indígenas. "Hoy hay varias máquinas llamadas 'molinos' instaladas en esta mina para triturar las piedras para extraer el oro. Luego se lava el material triturado y se vierten los residuos, incluido el mercurio, en los arroyos y lagos cercanos", dice Aureliano.
Genocídio anunciado por Bolsonaro levou as reservas Yanomami ao estado de calamidade! Foram 21 pedidos de socorros ignorados pelo desgoverno - o que permitiu aos garimpeiros a exploração de terras indígenas. pic.twitter.com/cvoIsvzcIa
— Luiz Marinho (@luizmarinhopt) January 22, 2023
Tweet: ¡Un genocidio anunciado por Bolsonaro ha llevado a las reservas yanomami a un estado de calamidad! Hubo 21 peticiones de ayuda ignoradas por el desgobierno, lo cual permitió a los mineros explotar las tierras indígenas.
En 2020, el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1) determinó la reactivación de las Bases de Protección Etnoambiental (BAPE) en la Tierra Indígena (TI) Yanomami, así como medidas para monitorear y reprimir la minería ilegal.
La inercia del gobierno federal "muestra la necesidad de una mayor atención para prevenir la diseminación de epidemias virales y otras enfermedades resultantes de la contaminación de ríos y de la fauna con mercurio, (…) una situación que se ve agravada por el actual contexto pandémico que atraviesa el país", afirmó en ese momento la jueza federal Daniele Maranhão.
También en 2020, el Instituto Socioambiental (ISA) indicó que la degradación mensual de la minería ilegal en territorio indígena yanomami creció expresivamente en junio de ese año: 179%, en comparación con el mes anterior. Ese mes se degradaron 109 hectáreas, frente a las 39,1 hectáreas destruidas el mes anterior.
Edición: Nicolau Soares e Flávia Chacon
