Desde hace unos diez días, cuando el gobierno brasileño declaró el estado de Emergencia en Salud Pública de Importancia Nacional en los territorios Yanomamis, Brasil es testigo de escenas que ilustran una verdadera tragedia humanitaria.
En la lista de violaciones a los derechos humanos se encuentran casos de muerte por desnutrición severa, brotes de malaria, agua contaminada, violencia e incluso violaciones contra mujeres indígenas, incluidas adolescentes.
A pesar del enfoque reciente, las acusaciones no son nuevas. Desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro, las propias comunidades, organizaciones y movimientos populares han notado el intenso crecimiento de la minería ilegal en la región. Esa actividad criminal es vista como la principal causa de la crisis que asola el territorio indígena.
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La investigadora de la Fiocruz, profesora Ana Cláudia Vasconcellos, que trabaja en la Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), afirma que el escenario tiene sus raíces en un pensamiento "retrógrado y perverso", que considera la existencia de los pueblos indígenas y la preservación de las formas de vida de los pueblos originarios un atraso para el país.
"Lamentablemente hay muchas personas que piensan así y que creen que las tierras ocupadas por los pueblos indígenas, que representan el 13,8% del territorio nacional, deberían utilizarse para la producción de commodities, como maíz y soja, para la ganadería, la extracción de madera y otras actividades exploratorias. Es decir, una parte importante del pueblo brasileño cree que las tierras de la Unión no deben estar disponibles para el disfrute de las comunidades indígenas, porque sería un desperdicio".
Vasconcellos advierte que la situación empeora cuando las autoridades avalan ese discurso, como sucedió durante toda la gestión bolsonarista.
"Cuando este tipo de pensamiento, nocivo y colonialista, es defendido por las autoridades gubernamentales, como fue el caso del expresidente Jair Bolsonaro, se producen consecuencias muy graves y peligrosas. Un ejemplo de esto es privar a los Yanomamis del acceso a sus derechos constitucionales, como agua potable, asistencia sanitaria, seguridad alimentaria, vivienda."
Agua contaminada
Uno de los focos de las investigaciones de Ana Claudia Vasconcellos es sobre las consecuencias de la exposición humana al mercurio, un metal utilizado en la minería. El mercurio causa contaminación del agua y de los peces, impide el uso del recurso para riego de plantaciones y lleva enfermedades a las comunidades.
El año pasado, una nota técnica firmada por la investigadora y otros pares que también actúan en la Fiocruz, trajo una advertencia sobre los altos niveles de mercurio encontrados en pescados de la Cuenca del Río Branco, en el estado de Roraima.
El análisis apunta que la ingesta en niños y niñas menores de cinco años podría ser 32 veces superior a los límites definidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO/ONU). El gobierno de Bolsonaro no se pronunció sobre el documento y no tomó ninguna medida para revertir el escenario.
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Para solucionar problemas de esta magnitud, Vasconcellos afirma que la salida es la retirada total e inmediata de los mineros y otros invasores de la tierra indígena. Según ella, es necesario actuar para penalizar a los responsables de los delitos cometidos.
"Es una actividad que provoca deforestación, erosión del suelo, colmatación de los ríos, pero también provoca la contaminación del ecosistema amazónico por mercurio. El mercurio que usa el minero se llama metálico, pero es muy conocido en la Amazonía como azogue."
"El azogue liberado en los sistemas acuáticos se transforma en metilmercurio por la acción de bacterias que viven en el sedimento del río. El metilmercurio es la forma más peligrosa del mercurio. Todo tipo de animal que vive en el río se contamina y esos animales a menudo se utilizan como alimento. Así es como la gente se contamina. Tiene una acción muy específica en el cuerpo humano y provoca daños en el sistema nervioso central de las personas."
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Las investigaciones indican que la permanencia del mercurio en el medio ambiente puede llegar a un siglo. Pero, según la investigadora, hay estudios que muestran que la interrupción de la minería también trae resultados a corto y mediano plazo. Según Ana Paula Vasconcellos, además de todas las medidas ya anunciadas por la gestión de Lula para la región, será necesario monitorear las poblaciones expuestas a la contaminación.
El mismo día que declaró el estado de emergencia para la región, el gobierno brasileño determinó la creación de un grupo de trabajo en el que participen varios ministerios para contener la tragedia humanitaria. Por decreto, el grupo de trabajo tiene 90 días para actuar y, en los primeros 45 días, deberá presentar un "plan de acción estructurante" con respuestas a la crisis.
Edición: Flávia Chacon e Rodrigo Durão Coelho
