"Esto es el 'agro' en su síntesis." Así analiza el coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, João Paulo Rodrigues, la operación realizada por la Secretaría de Inspección del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Empleo (MTE), el Ministerio Público del Trabajo (MPT-RS), la Policía Federal (PF) y la Policía Federal de Carreteras (PRF) que rescató trabajadores en situación análoga a la de esclavitud en una vendimia en Bento Gonçalves, municipio del interior del estado de Rio Grande do Sul, el 22 de febrero.
"Si nos ponemos a inspeccionar el agronegocio brasileño, encontraremos diversas áreas muy similares a lo que se encontró en esa bodega. Y lo que nos preocupa es la invisibilización del trabajo precario en el campo en todo el país, con un salario promedio muy bajo y pocos derechos", destacó el dirigente a Brasil de Fato, señalando además que es necesario ejecutar las sanciones ya previstas por ley. "Lo que determina la Constitución es que aquellas áreas que tenían mano de obra esclava se destinen a la reforma agraria, y no solo reciban una multa. Lo dice la ley".
En la entrevista, a continuación, João Paulo Rodrigues también aborda los recientes nombramientos en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) y la Compañía de Depósitos y Almacenes Generales de São Paulo (CEAGESP); las demandas al gobierno federal para que defina metas en relación con la reforma agraria; el combate al hambre y las principales luchas que librarán los movimientos populares en los próximos meses.
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Brasil de Fato: En cuanto a las nominaciones del INCRA, las cuales usted solicitó la semana pasada, el gobierno confirmó el nombre de César Aldrighi y también asignó cargos a la dirección de Desarrollo, Gestión Estratégica y Gobernanza Territorial del organismo. ¿Cómo ves estas nominaciones?
João Paulo Rodrigues: Primero, tengo que decir que estoy muy contento de que el gobierno haya designado, después del gobierno de Bolsonaro, un nuevo INCRA. Todas esas personas designadas a las direcciones son serias, comprometidas con la reforma agraria y, sobre todo, dominan técnicamente las funciones que les fueron asignadas.
Nuestra mayor preocupación es que el presupuesto del INCRA, durante el período de Lula [2003-2010], tenía aproximadamente R$ 4 mil millones [aprox. 773,6 millones USD] para utilizarse en la reforma agraria, en el programa de obtención y en el de implementación de asentamientos.
Hoy vivimos un período un poco más difícil, que tiene aproximadamente R$ 250 millones [48,3 millones USD] disponibles para la reforma agraria, o sea, un presupuesto muy pequeño. En este sentido, tenemos que reforzar al ministro Paulo Teixeira, al presidente Lula y a la Casa Civil que se reorganice inmediatamente un nuevo presupuesto para la reforma agraria. En segundo lugar, queremos reivindicar que esta nueva dirección del INCRA pueda, antes que nada, solucionar los problemas de infraestructura de los viejos asentamientos que no se consolidaron. [El programa] "Minha Casa, Minha Vida", créditos, e incluso lo que tiene que ver con la organización de los viejos asentamientos.
La segunda misión es el asentamiento de nuevas familias, la gran mayoría de las cuales están acampadas desde hace más de cinco años, ya están en las áreas, y necesitan consolidarse allí. Esta etapa es muy importante. Una vez concluida, creo que lograremos pensar en un nuevo modelo de reforma agraria en el posbolsonarismo.
Usted ha mencionado a Brasil de Fato el tema de las superintendencias en los estados. ¿También cree que allí se harán nombramientos prontamente?
Esta es la principal pérdida que tuvimos porque, como el gobierno no logró establecer protocolos y nuevos órdenes políticos para los estados, se mantuvieron los designados por Bolsonaro. Llevamos prácticamente 60 días en el gobierno de Lula y la mayoría de las superintendencias siguen siendo [dirigidas por] bolsonaristas, quienes además de no tener un compromiso con la reforma agraria, representan un intento de boicot a todas y cada una de las iniciativas que tienen relación con el movimiento popular.
Ante esto, le pedimos al gobierno que indique de inmediato a los nuevos superintendentes. Las nominaciones son una combinación de partidos, movimientos y parlamentarios. Por ahora tenemos un consenso sobre más o menos 16 estados, los nombres están listos y ya fueron enviados a la Casa Civil, y hay por lo menos diez estados más por consolidar. Esta es la etapa en la que estamos ahora.
Luego de esta primera etapa, el superintendente también debe armar sus equipos. Tanto la división de adquisición de terrenos, la división técnica, la de desarrollo, e incluso en ciertos momentos la fiscalía tienen que acomodarse, y así sucesivamente. Nuestro temor es que no podamos llegar a abril sin tener a INCRA trabajando a todo vapor. Por lo que tenemos prisa y queremos que ese proceso avance lo antes posible.
Entonces, ¿este sería un tiempo que usted imagina que sería razonable, asignar nombres a estas superintendencias hasta abril?
Al menos para abril tienen que estar funcionando. En marzo tendríamos que tenerlas todas listas, ya en proceso de reorganizar la casa y organizar el planeamiento. Creo que abril, e incluso el mes de marzo, con el Día de las Mujeres, es un período de mucha movilización.
El gobierno tiene que establecer metas. ¿Cuántas familias serán asentadas en 2023? ¿Cuánto crédito de implementación se liberará? ¿Cuántas viviendas serán atendidas por "Minha Casa, Minha Vida" en el campo? Y hay un montón de familias que tienen más de cinco, diez años en su tierra y no tienen la documentación del INCRA. Todas las mentiras que ha dicho Bolsonaro son sobre los viejos asentamientos, que tienen más de diez años, eso de que entregó un título a las familias otorgando el uso. Esto tiene su importancia, pero no se trata de una tierra nueva ni de una familia nueva. El tema son las familias nuevas, asentadas especialmente al final del gobierno de Lula y al final del gobierno de Dilma, que necesitan ser reconocidas como asentadas de la reforma agraria.
Es fundamental, al menos al inicio de la gestión, una definición de lo que se propone hacer el gobierno en esta materia.
Perfectamente. Primero es cuidar a los asentados que aún no están regularizados y ya están en su tierra. Es lo más rápido. ¿Por qué? Porque esa familia necesita crédito para producir. A la homologación de las familias se le da un nombre técnico llamado RB, registro de beneficiarios. Esta información es lo que necesitamos en este momento. ¿Cuántos registros de reforma agraria habrá en el primer semestre? Esto garantiza crédito, vivienda, asistencia técnica, todo. Y hay muchas familias que están en esa condición.
Un segundo momento es avanzar en la obtención de tierras para asentar a las familias que están acampadas, que aún no tienen su tierra o que aún necesitan una negociación. Desde un punto de vista legal y económico, esto puede llevar un poco más de tiempo.
Al inicio de la semana también tuvimos la designación de las presidencias de CONAB y CEAGESP, de São Paulo. ¿Cómo ve la importancia de estos órganos en la articulación de políticas para combatir el hambre, que, lamentablemente, sigue siendo un tema prioritario en Brasil?
Es la primera vez que estos dos organismos vienen por la reforma agraria. Históricamente, tanto el CEAGESP como la CONAB siempre han estado vinculados al agronegocio. Entonces las expectativas son muy altas. CEAGESP es responsable de garantizar productos hortofrutícolas para, por lo menos, 16 estados de la federación y, sumado a CEASA [central de abastecimiento], al menos para [el estado de] Minas Gerais, que también está vinculada a CONAB, se estima que aproximadamente la mitad de la población come algún tipo de producto que pasa por CEAGESP.
Nuestro gran cuello de botella es desprivatizar CEAGESP y transformarlo para que sea cada día más estatal, para dominar toda la cadena productiva hortofrutícola, reduciendo el tamaño de las ganancias del intermediario, mejorando su relación con los productores familiares y con los consumidores, los comerciantes de ferias. Esta es la primera política pública que hay que hacer.
El segundo es CONAB, que tiene tres grandes responsabilidades desde el punto de vista de la agricultura. La primera es la organización del stock de producción a través de grandes silos. Hoy Brasil no tiene nada o prácticamente ningún tipo de producto que se almacene. Es un problema. Si tenemos problemas de sequía, lluvia o clima, hace falta una política de almacenamiento de alimentos para asegurarnos de superar los tiempos difíciles.
La otra misión es monitorear el precio justo. CONAB ayuda a garantizar el precio mínimo de la producción, es una organizadora del precio de los alimentos en Brasil en todas sus escalas. Esto es importante porque no podemos dejar que las familias tomen el crédito para producir esperando un valor mínimo y, cuando llegue el período de cosecha, este valor baje mucho. Así que ella tiene que ayudar a resolverlo. El tercer tema, no menos importante, es la compra de productos de la reforma agraria a través de un programa llamado Programa de Adquisición de Alimentos, el PAA. Hoy tenemos una enorme cantidad de recursos que han sido garantizados, producto de esa PEC de Transición en el Congreso Nacional. Tendremos recursos disponibles para que el gobierno opere toda la parte de la producción agrícola. Hablo de R$ 800 millones [aprox. 154,7 millones USD] entre el MDS y la CONAB. Y nuestra expectativa es muy alta, porque creo que a partir de marzo la CONAB podrá comprar productos para la merienda escolar, la distribución en programas sociales, etc. Ahora se ha lanzado CONSEA, que incluso ayudará a reorganizar el papel de los alimentos en Brasil.
Esto también es algo que le quería preguntar, ¿cuál es la importancia del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria en este contexto de combate al hambre?
Brasil tiene tantos problemas desde el punto de vista de distribución y generación de alimentos, que necesitamos, naturalmente, tener un organismo que se ocupe de la regulación, la calidad, la fiscalización y, sobre todo, que cuente con la participación de empresarios, agricultores, pero también de consumidores y del Estado brasileño para asegurar que no tengamos problemas alimentarios.
Es incomprensible cómo Brasil, con sus dimensiones, el mayor productor de alimentos del mundo, tiene 30 millones de personas que comen mal y al menos 12 millones que mañana no tienen qué comer. Es una vergüenza para un país como el nuestro. Y los problemas que están surgiendo, a raíz de los problemas climáticos y la fluctuación del dólar, han hecho que todo el 'agro' se dedique únicamente a la siembra de soja.
También porque falta una política agraria y de agricultura familiar, tenemos una reducción en todas las áreas que producen alimentos como frijol, arroz, maíz, productos hortofrutícolas, leche. Todas ellas redujeron [su producción] en el último período. Y es precisamente lo que abastece nuestra alimentación.
¿Qué preocupación debe tener el gobierno? Si hoy tenemos una política de aumento real del salario mínimo, donde cada familia en lugar de comprar una docena de huevos compra cinco [docenas], no tendremos huevos en el mercado para abastecerse. Y si quieren comprar 20 manzanas, no habrá manzanas. Por eso el crecimiento de la economía tiene que ir acompañado del crecimiento de la superficie sembrada de la agricultura. El Consejo tiene la tarea de ayudar, pensar en los desafíos climáticos combinados con las demandas de la población y asegurar alimentos de calidad para resolver los problemas del pueblo brasileño.
En las primeras gestiones del presidente Lula, tuvimos algunos puntos de tensión entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Agricultura. ¿Es una relación poco equilibrada, incluso desde la perspectiva de este tercer gobierno?
En mi opinión, nuestra tarea no era tener dos ministerios de Agricultura, sino uno; precisamente para no tener esta dicotomía entre pequeños y grandes. Tenemos un modelo único de agricultura y el gobierno decide en qué va a poner más energía. El gobierno de Lula ganó las elecciones para atender a la agricultura familiar y no al agronegocio.
Cuando Bolsonaro ganó las elecciones, fue para servir al "agro", y por eso solo tenía un ministerio para el "agro". Lula debería tener un ministerio solo para la Agricultura y la pequeña agroindustria. Pero ganó la idea de tener dos ministerios y hay que estar de acuerdo en que nunca tendremos la misma fuerza dentro del Congreso Nacional, o el mismo lobby que hace el "agro" para tener el mismo presupuesto.
En el último gobierno de Lula, el presupuesto para el Plano Safra [plan de créditos de financiación e inversión para los productores rurales], que es un elemento del agronegocio, era de R$ 230 mil millones, y la agricultura familiar tenía R$ 32 mil millones. Obviamente hay una diferenciación y creo que tiene que reducirse. Pero lo que más me preocupa ahora mismo, y esto es central, es primero lograr que tengamos una política de reforma agraria con el INCRA. En segundo lugar, no pueden faltar recursos, especialmente en la región Nordeste, para financiar asentamientos de la agricultura familiar. En tercero, debe haber una política pública para la comercialización y adquisición de esos alimentos.
Con la construcción de este sistema alimentario, podemos dar un salto de calidad, sin el riesgo de estorbar en modo alguno a la clase que desarrolla la agricultura de agronegocio, la agricultura corporativa, etc. Y, aparte, si el agronegocio es tan bueno, ¿para qué necesita al Estado? La meritocracia debería funcionar en ese momento. Producir bien, vender y dejar que el Estado cuide a los pequeños.
La participación social y la posibilidad de ampliar los canales de participación han sido un tema muy recurrente, incluso entre los miembros del gobierno, cuando participan en eventos y seminarios. ¿Cómo ve la voluntad del gobierno respecto a esto y también la articulación entre los movimientos para aumentar la efectividad de sus demandas?
El gobierno de Lula ya es, en la práctica, un gobierno democrático. El equipo de transición comenzó con 60 y terminó con 4 mil personas involucradas. Pienso que la participación popular se dará de cuatro maneras diferentes. La primera es a través de recursos para que las personas opinen y participen. Debe haber un programa y recursos. Segundo, hay un desafío que es participar no solo en la ejecución de la política, sino también en la formulación de la política. El gobierno deberá tener paciencia para escuchar a todos. La tercera es crear instrumentos reales, como, por ejemplo, la experiencia más conocida, el Presupuesto Participativo en Rio Grande do Sul, que fue genial; o incluso las conferencias que el mismo gobierno realizó en el pasado.
Y creo que el gobierno debería tomar una decisión un poco más radical, aquí y allá, en decisiones difíciles, convocando plebiscitos como se hace en otros países desarrollados. Por ejemplo, el caso de Eletrobras: el gobierno quiere volver a ser su principal accionista, es una decisión sobre la que merecía pronunciarse la población en referéndum. Lo mismo se aplica a la reforma fiscal. La participación popular no es solo escuchar [a la población] en reuniones en Brasilia, es tener un proceso de participación desde el municipio de cada uno, de su localidad, en los asuntos que le interesan, y el gobierno tiene que ser lo más democrático posible para consolidar esto.
En ese sentido, ¿la experiencia de los comités populares también puede ser un importante instrumento de articulación para hacer efectiva esta participación?
Pueden ser un instrumento de organización del movimiento popular, tanto el comité popular como la Campaña contra los Agrotóxicos, por la siembra de árboles, contra el hambre y otros temas. Pero los comités son los más arraigados, hay más de 7 mil comités formados en todo el país. Son una referencia desde el punto de vista de la organización.
Recientemente tuvimos una operación que rescató a personas en trabajos análogos a los de esclavitud durante la vendimia en el interior de Rio Grande do Sul. ¿Qué le pareció este episodio? ¿Refleja, en efecto, parte de la realidad del campo en Brasil?
Esto es el "agro" en su síntesis. "El 'agro' es pop", "el 'agro' es tech", el "agro" es trabajo esclavo. Y no me refiero al trabajo esclavo en las carboneras de[l estado de] Maranhão. Me refiero a trabajo esclavo en [la ciudad de] Ribeirão Preto, en la [región de] Serra Gaúcha y así, porque el agronegocio no tiene ningún tipo de cuidado en dos grandes aspectos para la acumulación de riqueza. En primer lugar, en la cuestión ambiental. Deforestarán, usarán veneno, porque así aumentan su tasa de ganancia. Y su segundo gran frente es la generación de empleos precarizados. En esto el "agro" es campeón. Si nos ponemos a inspeccionar el agronegocio brasileño, encontraremos diversas áreas muy similares a lo que se encontró en esa bodega. Y lo que nos preocupa es la invisibilización del trabajo precario en el campo en todo el país, con un salario promedio muy bajo y pocos derechos. Esto fue algo muy avalado por el gobierno de Bolsonaro y por la propuesta de reforma laboral.
Por lo tanto, nuestro desafío es pedirle al presidente Lula una nueva reforma laboral. Necesita cancelar lo que se hizo, revocar todo, y hacer una nueva [reforma]. En segundo lugar, debe haber inspección. ¿Qué sería lo correcto? Lo que determina la Constitución es que aquellas áreas que tenían mano de obra esclava se destinen a la reforma agraria, y no solo reciban una multa. Lo dice la ley. Si no se respetó la ley laboral y no se respetó la cuestión ambiental, que se destine a la reforma agraria. Esta es una tragedia anunciada y debe haber muchas bodegas como esa. Ojalá la población, en especial el Poder Judicial, junto a los consumidores, puedan dar la debida reparación y hacer justicia a las decenas de trabajadores que han vivido esa situación. Una tragedia.
Respecto al Centro de Industria, Comercio y Servicios de Bento Gonçalves, que emitió una nota buscando culpar a lo que llamó "asistencialismo" por el trabajo esclavo revelado en el interior de Rio Grande do Sul: ¿Cómo ves este tipo de manifestación de parte de una entidad como esta?
Es parte de la estrategia, dentro de su narrativa, tratar de encontrar una manera de justificar lo que hicieron. Todos sabemos que hay 12 millones de personas desempleadas y que esas 12 millones no pasan hambre gracias a la ayuda de emergencia de Bolsa Família, que entrega R$ 600 a esas familias. Esas familias tratan de encontrar algún tipo de trabajo para complementar sus ingresos y cuando van a buscarlo, se encuentran con este tipo de empresario, que les ofrece su "bondad", que es un trabajo análogo a la esclavitud. Este es el Brasil del agronegocio, este es el Brasil bolsonarista que nos estamos encontrando y con el que tendremos que lidiar de ahora en adelante.
En cuanto a revertir la reforma laboral para combatir la precarización del trabajo y la informalización que hoy dominan Brasil, ¿cuál es la importancia de los principios del asociativismo y el cooperativismo, principalmente en el campo, para estructurar y organizar a los trabajadores?
Primero, tenemos que luchar por una reforma laboral que formalice y garantice los derechos adquiridos en la Constitución de 1988. El derecho a vacaciones, 13º [sueldo anual complementario], descanso remunerado, salud y un salario correspondiente al trabajo. Vi una encuesta reciente que muestra que algunos de los países desarrollados de Europa, en lugar de reducir la carga de trabajo semanal, redujeron la jornada semanal de cinco a cuatro días. Todos salieron ganando, los empresarios, los trabajadores, la familia.
Tenemos que encontrar formas de mejorar esta situación de vida del trabajador y esto va a ser una pelea muy grande. Ahora estamos entrando en una etapa muy difícil en el mundo del trabajo, que es la combinación de la precarización con el mundo de la tecnología, lo que llamamos la "uberización", los trabajadores de apps. Es algo peor aún porque crea una narrativa, en una disputa ideológica, de que el individuo precarizado y explotado es un "emprendedor", dueño de su propio mundo de trabajo, y no un explotado sin un mínimo de derechos. Esto tiene que quedar muy claro para que no lo mezclemos con la perspectiva del cooperativismo, del asociativismo e incluso de la economía solidaria. No podemos dejar que el trabajo de las apps sea leído como economía solidaria. Todo lo contrario, es una lógica perversa de explotación de esta "nueva normalidad" que nos ha puesto la pandemia y el capital. Deberíamos tener la tecnología necesaria para reducir nuestros esfuerzos y aumentar el tiempo, como diría el gran filósofo Karl Marx, para que podamos pescar, cantar y estar con la familia. Hoy no. Hay una aplicación para aumentar la carga de trabajo y reducir mis derechos. Este es el gran debate, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, que vamos a tener que hacer en el próximo período.
La reducción de la jornada laboral fue y sigue siendo una bandera de las centrales sindicales, ¿es posible que ahora los movimientos salgan un poco de la defensiva, con un escenario menos adverso, y vuelvan a traer este punto a la discusión?
Aún es pronto, aún estamos resolviendo el problema del hambre, y es muy difícil trabajar. Entonces, primero cuidemos el hambre, la reforma agraria, la vivienda. En una segunda etapa, con Brasil teniendo un crecimiento un poco mejor, pensaremos en una nueva política para reorganizar el mundo del trabajo en Brasil. Esto vendrá en conjunto con el agronegocio, la industria, [el sector de] servicios, pero, sobre todo, con una nueva agenda de cooperativismo, emprendimiento y generación de ingresos y empleo de las más diversas formas. Brasil tiene potencial para ello. Debe haber un conjunto de normas y el Estado tendrá que inspeccionarlas con rigor. Creo que Lula entiende la importancia del mundo del trabajo, especialmente en un país tan grande como el nuestro.
Este próximo período vamos a tener -y la tenemos que seguir de cerca-, primero, la agenda ambiental. Brasil está sufriendo mucho por las tormentas climáticas, como lo estamos viendo en la costa de São Paulo, Bahía, la sequía en Rio Grande do Sul. Es una agenda que hace daño a Brasil y mata a mucha gente. Vamos a tener que encargarnos de esto muy rápidamente.
La segunda agenda que se viene es el enfrentamiento contra el fascismo. Estamos viendo la ola de violencia, están armados, el caso de SINOP volvió a encender las alertas. Tenemos un conjunto de problemas de la herencia maldita del bolsonarismo y necesitamos un seguimiento afinado para sostener la democracia, las libertades y la garantía de poder luchar. Finalmente, tengo muchas ganas de que el 8 de marzo sea un gran día de movilización de las mujeres y que se pueda avanzar en tres direcciones: mejorar los derechos de las mujeres, enfrentar el bolsonarismo y defender el gobierno de Lula. Este trípode es el reto de las luchas de 2023.
Edición: Flávia Chacon e Vivian Virissimo
