Faltaban pocas horas para la salida del vuelo elegido por Jair Bolsonaro para venir a Brasil por primera vez como expresidente de la República cuando la prensa brasileña anunció que la Policía Federal (PF) ya había agendado una cita: el próximo miércoles 5 tendrá que dar explicaciones sobre el caso de las joyas en Arabia Saudita.
Esta puede ser la primera de muchas veces que Bolsonaro tendrá que dar explicaciones ante las autoridades públicas. Los supuestos regalos enviados por los árabes son solo el tema más candente, pero el expresidente podría ser citado para hablar, por ejemplo, sobre la incitación a actos antidemocráticos o la desastrosa gestión de su gobierno durante los períodos más agudos de la pandemia de COVID-19.
Bolsonaro parece ser consciente de que su futuro político está en manos de la Justicia. El pasado 14, por ejemplo, preguntado en Estados Unidos si intentará volver a la presidencia en 2026, reconoció la posibilidad de quedar inhabilitado por el Tribunal Superior Electoral (TSE). "Existe esa posibilidad de inelegibilidad, sí. El tema de la prisión, solo si es una arbitrariedad", dijo en ese momento.
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Según una reciente encuesta realizada por el diario Folha de S. Paulo, no faltarán oportunidades para que el exmandatario sea juzgado, ya que ahora enfrenta al menos 16 acciones de investigación en el ámbito de la Justicia Electoral –y cualquiera de ellas puede privarlo del derecho a ser elegido para un cargo público–. Aún según Folha, integrantes del Tribunal Superior Electoral quieren acelerar el procesamiento de estos casos.
Aunque el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló, en 2019, la prisión de personas condenadas en segunda instancia, una condena en el mismo grado es suficiente para la inelegibilidad, según la legislación electoral. Es decir: si una sentencia de un tribunal de Justicia es confirmada por un segundo tribunal, ya está determinado que un ciudadano no puede postularse para un cargo público.
Aunque el caso inquieta a muchas personas, una eventual condena en el caso de las joyas saudíes podría llevar mucho tiempo. Si las investigaciones de la PF concluyen que hay indicios de la comisión de un delito, corresponderá al Ministerio Público Federal ejercer acción penal contra Bolsonaro, y solo entonces iniciaría un proceso en primera instancia –y podrá apelar, si es condenado–.
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En este caso específico, Bolsonaro podría ser condenado por el delito de malversación (cuando un funcionario público se apropia de dinero u otros bienes utilizando el cargo que ocupa). Otra posibilidad sería una acción por irregularidad administrativa, como explicó a Brasil de Fato el abogado penalista José Carlos Portella Junior, integrante del colectivo Abogadas y Abogados por la Democracia (AAD).
Según el experto, el caso que más rápidamente podría llevar al expresidente a la condición de inelegible es la investigación del STF por los actos antidemocráticos. Cientos de personas han sido arrestadas en los últimos meses como parte de lo que Portella Junior denominó una "superinvestigación". El número de arrestos aumentó tras el motín promovido por los bolsonaristas en la Praça dos Três Poderes el 8 de enero.
"Esto correría en el STF, no porque Bolsonaro tenga fuero privilegiado, sino porque [el ministro relator de la investigación] Alexandre de Moraes entiende que, habiendo personas con fuero privilegiado que están articulando estos actos antidemocráticos, las demás personas involucradas también deben ser juzgadas junto con estas otras personas en el STF", explica el abogado. "Sería, incluso, el camino más rápido para la inelegibilidad de Bolsonaro, porque el STF es la primera y única instancia."
¿Es la prisión una posibilidad?
Para que sea arrestado es necesaria una sentencia definitiva e inapelable, o sea, que no permite más recursos en la Justicia. Esto sin duda llevaría mucho tiempo. El experto, sin embargo, asegura que se necesita presión popular para que el expresidente responda por las acciones y omisiones durante los cuatro años en los que ocupó la silla más importante de la política nacional. Según él, existe la posibilidad de que los delitos cometidos por Bolsonaro queden impunes.
"Así que esto exige que los partidos de izquierda, los sindicatos, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales en general presionen al Poder Judicial y al Ministerio Público, a la policía, para que las cosas caminen. De lo contrario no van a caminar. Sabemos cómo funciona. La amnistía ya se ha hecho en el pasado, y es posible hacer una amnistía sin necesidad de una ley de amnistía, simplemente dejando que se detengan las cosas hasta que prescriban", advierte.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
