Al calor de la caatinga, un bioma del semiárido brasileño, un grupo de 11 trabajadores ganaba entre R$ 200 y R$ 250 por semana (aprox. 40-50 dólares) para excavar enormes hoyos en la tierra. Sostenidos únicamente por una polea improvisada con cuerdas y troncos de madera, descendían hasta profundidades equivalentes a un edificio de cinco pisos, sin equipo de seguridad, con alto riesgo de ser soterrados.
El objetivo era recolectar caolín, un mineral blanco utilizado en la fabricación de cerámica, papel y pinturas. El grupo trabajaba en una situación análoga a la esclavitud, hasta ser rescatado por un operativo de la agencia federal en enero de 2021.
Los «hombres-armadillo», como se les dice a los mineros de caolín de la región de Seridó, en Rio Grande do Norte (región noreste de Brasil), se encuentran entre los 1082 trabajadores esclavizados rescatados de minas en Brasil desde 2005. El número incluye la minería legal e ilegal y fue facilitado a pedido de Brasil de Fato por la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), vinculada al Ministerio del Trabajo.
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Los rescates ocurrieron en todas las regiones de Brasil e involucran a hombres y mujeres que actúan en la base de las cadenas de minerales estratégicos para la economía brasileña, como el hierro, el oro, la casiterita, el basalto y la arena.
La esclavitud en el sistema productivo brasileño no es exclusiva de la minería y ocurre de manera similar en las haciendas de caña de azúcar y en las fábricas clandestinas o en las bodegas de Rio Grande do Sul.
En el caso de los «hombres-armadillo» de Seridó, los alojamientos eran de lona y plástico, sin baño; tenían que hacer sus necesidades a la intemperie. No había agua potable, ni estructura para cocinar y comer. ¿Derechos laborales, salarios justos? Ni en sueños.
La dificultad de fiscalizar las minas
Los auditores laborales enfrentan más dificultades para detectar la esclavitud en la minería que en otros sectores. En Brasil, la actividad está marcada por la informalidad y la ilegalidad. Con frecuencia, los mineros rescatados consideran que la fiscalización es un obstáculo a su sueño de encontrar minerales preciosos.
Según Maurício Krepsky, coordinador de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), la fiscalización de la minería es más difícil porque involucra toda una organización y una cultura de explotación, sea legal o ilegal. Los relatos de las personas rescatadas demuestran que muchas de ellas han normalizado las degradantes condiciones de trabajo y no pueden verse a sí mismas como víctimas.
Otro obstáculo son los empleadores que permanecen en el anonimato. Hay trabajadores rescatados que no pueden identificar al verdadero dueño de la empresa. «Esto hace que sea muy difícil que las inspecciones se realicen de manera rutinaria, como se hace en una planta de carbón, una plantación de café o cebollas», agrega Krepsky.
Poca notificación oculta una red criminal vinculada a la minería
Como hay pocas denuncias provenientes de minas clandestinas, la mayoría de los rescates ocurrió en áreas legalizadas. Para obtener el permiso minero de la Agencia Nacional de Minería, es común que los empleadores se organicen jurídicamente en cooperativas fraudulentas, que sirven como fachada para las actividades empresariales. Detrás del falso cooperativismo, hay dueños de grandes máquinas utilizadas en la minería o inversionistas vinculados a empresas que compran minerales.
Vinculada a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la Campaña Nacional de Combate al Trabajo Esclavo sostiene que las cifras oficiales están subreportadas. La entidad afirma que la auditoría fiscal laboral ya funciona con el apoyo de otras agencias de seguridad, pero defiende que se amplíen las alianzas. Entre las agencias clave se encuentran la Policía Federal y la policía ambiental en los estados, ya que la minería suele ser parte de una red criminal más amplia.
Francisco Alan Santos, de la Campaña Nacional de Combate al Trabajo Esclavo de la CPT, considera que existen dificultades para que el Estado brasileño pueda articularse mejor para obtener datos sobre el trabajo esclavo en la minería. También cree que es papel del Estado brindar políticas públicas para que estos trabajadores no caigan en esta red de trata de personas que, además, perjudica el medio ambiente y los pueblos indígenas.
Krepsky reconoce que las cifras oficiales no reflejan la realidad del sector. Señala que una de las razones es la falta de intercambio de información por parte de los organismos que otorgan los permisos para las actividades de prospección. Según el jefe de la fiscalización del trabajo esclavo, esta situación empeoró con Jair Bolsonaro, quien defendía públicamente a los mineros ilegales.
Edición: Flávia Chacon e Rodrigo Durão Coelho
