La disputa por tierras entre el Estado brasileño y la población quilombola de Alcántara, península de Maranhão, es objeto de denuncias que comenzaron a ser analizadas este miércoles 26, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con Brasil en el banquillo.
Según la denuncia, la base de lanzamiento de cohetes provocó expropiaciones y desalojos forzados. La pérdida de territorios impactó en el acceso a derechos básicos de los quilombolas, como salud, educación, saneamiento básico, alimentación adecuada, libre circulación y acceso a la cultura. El impacto puede haber llegado a un centenar de comunidades.
La historia de la disputa se remonta a 1983, cuando 312 familias quilombolas fueron expulsadas de su territorio, en Alcántara, un municipio de 22 mil habitantes, y trasladadas a agrovillas más al sur del estado. Allí ganaron lotes de 16 hectáreas.
Tres años antes, el entonces gobernador del estado, Ivar Saldanha (Partido Social Democrático), había expropiado 52 mil hectáreas de territorio ocupado por quilombolas y las había entregado al Estado. La medida tuvo lugar en el marco del proyecto de construcción del Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA), conducido por el dictador João Batista Figueiredo (1979-1985) y gestionado por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).
Los quilombolas expulsados de sus territorios fueron transportados a agrovillas ubicadas en el interior del estado, en una región cubierta de arena y tierra estéril. En los quilombos, la pesca garantizaba el sustento de la comunidad y dictaba la dinámica de organización del lugar.
"Ni siquiera sé por qué se llama 'agrovilla', no tiene nada de agro. Es un proyecto que salió mal. Vivo en una de las agrovillas, nunca funcionó, nos pusieron en un lugar donde no podemos mantenernos", explica Antônio Marcos Pinho Diniz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Rurales de Alcántara, en una entrevista con Brasil de Fato, en 2022.
En 1991, el expresidente Fernando Collor expropió más de 10 mil hectáreas de Alcántara para la construcción del CLA, totalizando 62 mil hectáreas. En 2008, la situación cambió a favor de las familias quilombolas. Un Informe técnico de identificación y delimitación elaborado por el INCRA aseguró 78,1 mil hectáreas de la región para las comunidades quilombolas y limitó el espacio de la base aérea a 8 mil hectáreas.
En 2010, durante el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Estado reclamó otras 12 mil hectáreas en la zona costera de Alcántara. La nueva adquisición nunca se confirmó, pero las 792 familias quilombolas de la región viven desde entonces con el temor de esta posibilidad.
En marzo de 2019, Brasil y Estados Unidos firmaron un contrato que garantiza a los estadounidenses el derecho a utilizar la base de Alcántara. El acuerdo prevé salvaguardas tecnológicas y permite el lanzamiento de cohetes y satélites en la región.
En el documento se prevé la posibilidad de ampliar el área del CLA, que hoy es de 8 mil hectáreas. Esto hizo que los quilombolas se movilizaran para obtener la titulación definitiva de sus tierras, lo que les aseguraría estabilidad en la región y poder en futuras negociaciones con el Estado.
Los conflictos permanecen
El 29 de marzo de este año, militares de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) apostados en el Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA) y agentes de la Policía Federal invadieron una parte del territorio de Vista Alegre para cumplir con una orden de desalojo emitida por el 3º Juzgado Civil Federal de la Justicia Federal de Maranhão, solicitado por el gobierno brasileño en 2020.
La acción, sin embargo, no debe llegar a toda la comunidad, solo a la Pousada Vista Del Mar, administrada por el quilombola Moisés Costa, vecino del Quilombo Vista Alegre, quien protestó contra el desalojo.
"Hace casi un año que no trabajamos aquí, nunca hubo negociación, llegaron con bombas y nos atacaron, hubo un niño que recibió un disparo, un anciano recibió un golpe en la pierna, fue una escena horrible", explicó Costa.
En una nota difundida en ese momento, la FAB se defendió. "La comunidad está en el centro de una disputa histórica con los militares de la Fuerza Aérea Brasileña apostados en el CLA, que reclaman ilegalmente la propiedad del área, en contravención de la Constitución Federal de 1988 y de las decisiones y sentencias judiciales que reconocen esta área como perteneciente a las comunidades quilombolas y determinan la regularización y titulación colectiva, lo que nunca se ha hecho."
* Asentamientos rurales ancestrales de población mayoritariamente negra, creados inicialmente por población esclavizada fugada.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
