El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (Partido Liberal) podría perder sus derechos políticos por ocho años si es condenado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en un juicio previsto para el próximo jueves 22. Walter Braga Netto (Partido Liberal), candidato a la vicepresidencia en 2022, también está imputado en el mismo caso, que tiene dos fechas adicionales para juicio si el primer día no es suficiente: 27 y 29 de junio.
El proceso comenzó con una Acción de Investigación Judicial Electoral presentada por el Partido Democrático Laborista en agosto de 2022, poniendo en cuestión la famosa reunión de Bolsonaro con embajadores realizada el 18 de julio de 2022. En ese encuentro, el expresidente presentó una serie de mentiras sobre las urnas electrónicas a representantes de otras naciones, repitiendo varios argumentos que venía planteando antes del evento.
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"Es innegable que el señor Jair Messias Bolsonaro se aprovechó del evento para difundir la grabación del discurso con fines electorales, indisociables de las elecciones de 2022. Esto porque el ataque a la Justicia Electoral y al sistema de voto electrónico es parte de su estrategia de campaña electoral", dice la solicitud inicial de la demanda.
Por tratarse de una cuestión electoral, por lo tanto, el juicio no se centrará en la posible violación del Estado Democrático de Derecho al atacar el sistema de votación en Brasil, aunque el tema puede aparecer paralelamente en los votos de los magistrados. La demanda del PDT establece que Bolsonaro incurrió en dos conductas que conducen a la inelegibilidad, según la ley electoral: abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación social.
Abuso
El abuso del poder político no debe confundirse con el abuso del poder económico y se da en situaciones en las que el titular de un cargo público utiliza la estructura y los recursos del Estado para provocar desequilibrio en la contienda electoral. O sea, en palabras de la demanda del PDT, "cuando el agente público, valiéndose de su condición funcional y en manifiesta desviación de propósito, desequilibra la contienda en beneficio de su candidatura o de terceros".
Según el argumento del PDT, considerando que los ataques a las urnas formaban parte de la plataforma política de Bolsonaro, con el objetivo de movilizar a sus seguidores, así como de aumentar los votos, la reunión con los embajadores, realizada en el palacio presidencial y transmitida por TV Brasil, cae dentro de la definición legal de abuso de poder político: "Jair Messias Bolsonaro desvirtuó la realización del acto para propagar su programa de campaña, que, entre pocas cosas, incluye ataques a la integridad del proceso electoral como principal eje del discurso".
"Lo que sucedió fue la manifestación y posterior profusión de ideales vinculados a la candidatura a la reelección del Investigado, en el marco de un encuentro que debía estar umbilicalmente conectado con el interés público", complementa el pedido.
Mal uso
La acusación de mal uso de los medios, a su vez, está relacionada precisamente con TV Brasil, una emisora pública que forma parte de la Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Otro punto que plantea la solicitud del PDT es que, además de la transmisión pública, el discurso -basado en fake news- fue difundido en varias cuentas de redes sociales.
"Es innegable que la difusión en redes sociales de vídeos que contienen asuntos de alta sensibilidad ante el electorado, máxime cuando se trata de hechos notoriamente inveraces, tiene la reprobabilidad suficiente para caracterizar la gravedad del acto. El investigado utilizó el Palacio de Planalto, así como todo el aparato estatal, para desarrollar y difundir el contenido verbalizado en dicha reunión, lo que per se revela un innegable ultraje al principio de isonomía", dice el documento.
Minuta del golpe
En enero de este año, el Partido Democrático Laborista pidió que un documento encontrado en poder de Anderson Torres, exministro de Jair Bolsonaro, sea incluido en la demanda electoral relativa a la reunión con los embajadores.
El documento, llamado informalmente la "minuta del golpe", era un borrador de un decreto presidencial que permitiría a Bolsonaro establecer un Estado de Defensa y realizar una intervención en la sede del TSE en caso de derrota en las elecciones. Según el PDT, el documento es un indicio más de que el ataque a la Justicia Electoral y a las urnas electrónicas formaba parte de la plataforma política bolsonarista.
El TSE aceptó la inclusión del documento en el proceso. En su testimonio ante el tribunal en marzo, Torres dijo que el documento era "basura" y que desconocía el origen de la redacción.
Edición: Nicolau Soares
