Durante el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, la Secretaría de Salud Indígena (SESAI) de Brasil registró un total de 3.552 óbitos de niños indígenas de 0 a 4 años. La información figura en el informe "Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil", publicado por el Consejo Misionero Indígena (CIMI) este miércoles 26, en Brasilia (DF), con datos de 2022.
Los registros proporcionados por la Secretaría a través de la Ley de Acceso a la Información revelan la ocurrencia de 835 muertes de niños indígenas en ese grupo de edad el año pasado.
"Los niños son las principales víctimas de este escenario de violencia", resumió la profesora Lucia Helena Rangel, una de las coordinadoras de la publicación.
El informe
El informe brinda un panorama de cuatro años de paralización total de las demarcaciones de tierras indígenas, incremento de conflictos, invasiones de territorios y desmantelamiento de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas y de las instancias encargadas de la vigilancia y protección de sus territorios.
"Estamos ante un escenario de horrores. Son horrores cometidos contra las personas, la naturaleza, los espíritus, contra todos los pueblos", señaló Lucia Helena Rangel.
El desolador escenario se evidenció en casos como la muerte del indigenista Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips, brutalmente asesinados en junio en la región de la Tierra Indígena (TI) Vale do Javari (Amazonas), y por la inédita crisis sanitaria y ambiental en el territorio yanomami, generada por la expansión de la minería ilegal.
El relevamiento de CIMI, organizado en tres capítulos, recoge datos sobre violaciones a los derechos territoriales indígenas, como conflictos, invasiones y daños a territorios; violencias contra la persona, como asesinatos y amenazas; y violaciones por omisión de las autoridades públicas, como la falta de asistencia en las áreas de salud y educación, mortalidad infantil y suicidios.
"Fue un gobierno criminal que cometió una serie de abusos, excesos absurdos y que hasta ahora ha quedado impune", agregó Rangel.
La información se obtuvo de fuentes públicas como la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), el Sistema de Información de Mortalidad (SIM) y las secretarías de salud de los estados.
El evento de lanzamiento de la publicación anual de CIMI, este miércoles, tuvo lugar en la sede de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y contó con la presencia de líderes indígenas y representantes de CNBB y CIMI, entre ellos Dom Ricardo Hoepers, secretario general de la CNBB; Dom Roque Paloschi, presidente de CIMI y arzobispo de Porto Velho (Rondônia); Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretario ejecutivo de CIMI.
La negligencia del poder público en la crisis humanitaria yanomami
Los casos de violencia contra los pueblos indígenas por omisión del poder público sistematizados en el informe son de los más sorprendentes. Es ahí donde entran en juego los alarmantes datos sobre la falta de asistencia por parte del gobierno que generó la crisis humanitaria que afecta al pueblo yanomami en el estado de Roraima.
"Debido al mercurio, hoy bebemos agua de río contaminada. A partir de ahí comienza nuestro sufrimiento. Es triste ver a la madre perder al niño", señaló Júlio Ye'kwana, presidente de la Asociación Wanasseduume Ye'kwana (Roraima).
"Los pueblos indígenas, durante cuatro años, luchamos, resistimos y no nos rendimos. Hasta el día de hoy no nos damos por vencidos", completó en su discurso el líder, quien también resaltó que el actual gobierno tiene que crear estrategias para enfrentar a la minería ilegal, denominada por él como "facciones criminales".
"Es difícil solucionar los problemas que se generaron. Hoy el gobierno trata de arreglarlos, pero nos está costando manejarlo, porque todavía hay gente poderosa que actúa contra los pueblos indígenas. De todos modos, no nos rendiremos. Somos fuertes. Porque estamos en nuestra tierra. En la tierra llamada Brasil. Yo he nacido aquí. Esta es mi tierra", destacó.
"Nuestro bosque ha sido destruido, los ríos han sido contaminados, los lugares sagrados han sido destruidos. Nuestro conocimiento se va. Nos preocupa porque tenemos una gran conexión con la naturaleza. La naturaleza nos sostiene y los pueblos indígenas sostenemos la naturaleza. Queremos vivir en paz", agregó.
Violencia por conflictos territoriales
En 2022, la postura antiindígena del gobierno de Bolsonaro también se reflejó en el aumento de los conflictos por derechos territoriales, con 158 registros en todo el país. La explotación ilegal de recursos, las invasiones posesorias y los daños al patrimonio de los pueblos originarios sumaron 309 casos, en al menos 218 territorios indígenas en 25 estados del país.
En estados como Mato Grosso do Sul, Maranhão y Bahia, los conflictos resultaron en asesinatos, muchas veces con la participación de fuerzas y agentes policiales. Este fue el caso de la muerte de Gustavo Silva da Conceição, un niño Pataxó de 14 años, brutalmente asesinado en la Tierra Indígena Comexatibá, en el extremo sur de Bahía, durante uno de varios ataques a tiros realizados por grupos que los indígenas definen como "milicianos".
En un video difundido al inicio del evento, Candara Pataxó regresó al lugar del atentado para mostrar las marcas de los disparos que le quitaron la vida a su hijo.
"Había más niños también. Estoy en esta lucha porque sé el valor que él tenía, para que no les pase a otros niños, porque hay otros niños que tienen sueños", dijo la madre.
Presente en la mesa, Erilsa Pataxó, vicecacica de la Tierra Indígena Barra Vieja (Bahia), continuó, emocionada, la denuncia de su familiar. "Ellos fueron los que llegaron delimitando nuestro territorio, y hoy ya no tenemos derechos. Cuando nos ponemos a luchar, matan a nuestra gente", señaló en su discurso.
"Hoy nos atacan por todos lados. Hoy ya comenzamos a sufrir dentro del vientre de nuestra madre", agregó.
Actualmente, el 62% de las 1.391 tierras indígenas y los reclamos territoriales existentes en Brasil aún no están regularizados, según CIMI. De las 867 tierras indígenas pendientes de regulación, al menos 588 no recibieron ninguna acción estatal para su demarcación.
Estos territorios aún están a la espera de la constitución de Grupos Técnicos (GT) por parte de Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), responsables de proceder con la identificación y delimitación de estas áreas. Los pocos GT abiertos o reactivados en 2022 solo fueron constituidos por orden judicial en juicios iniciados por el Ministerio Público Federal (MPF) –y ninguno de ellos completó su trabajo–.
"La FUNAI actuó de manera criminal durante esos cuatro años. Todas las muertes que se dieron en ese período, de indigenistas, indígenas, mujeres, niños, son el resultado de la enorme irresponsabilidad que cometió la FUNAI en ese tiempo", señaló Lucia Helena Rangel.
Indígenas son rescatados tras atentado de mineros en territorio yanomami/ Antonio ALVARADO / Asociación Urihi Yanomami / AFP
Asesinatos
En cuanto a los asesinatos de indígenas en 2022, se registraron 180 casos en todo Brasil. Como en los tres años anteriores, Roraima, Mato Grosso do Sul y Amazonas continúan siendo los estados que registraron la mayor cantidad de asesinatos de indígenas, con 41, 38 y 30 casos, respectivamente. Los datos son de SESAI, del Sistema de Información de Mortalidad (SIM) y de las secretarías de salud estaduales.
CIMI encontró en el informe que estos tres estados concentraron el 65% de los 795 homicidios de indígenas registrados entre 2019 y 2022.
Entre estos casos, se destacan los asesinatos de líderes guaraníes y kaiowá, como Marcio Moreira y Vitorino Sanches, en los meses posteriores al caso conocido como la "masacre de Guapoy", que tuvo como víctima al indígena kaiowá Vitor Fernandes.
Josiel Kaiowá, líder guaraní kaiowá en Mato Grosso do Sul, es un sobreviviente de la masacre. Presente en la mesa, señala que la acción fue comandada por la Policía Militar, sin orden de expropiación.
"La masacre comenzó a las 5h de la mañana y terminó a las 6h de la tarde. Fue un día entero sin que la comunidad pudiera respirar", recordó.
"Desde el pueblo guaraní kaiowá, no nos quedaremos callados hasta que se demarquen todos nuestros territorios. Estamos dispuestos a ir al máximo nivel de nuestra resistencia", agregó.
"Resistiremos hasta el final", dice el mensaje sobre el coche fúnebre que transportaba a una víctima de la masacre de Guapoy. / Divulgación/Aty Guasu
El líder guaraní kaiowá señala que un desafío para el actual gobierno progresista de Lula da Silva es que la violencia registrada en la actual publicación no se repita en la próxima. El líder argumenta que el cambio de escenario depende de la demarcación de las tierras indígenas.
"No estamos negociando nuestra tierra, estamos dispuestos a morir, pero jamás convertir la tierra en una mercancía. La tierra es madre, estamos conectados con ella, la tierra es sagrada, no se vende, es el lugar no de la violencia, sino de la felicidad", señaló.
CIMI también encontró que los tres estados que acumulan las tasas más altas de asesinatos de indígenas también son los campeones en el número de suicidios. Entre 2019 y 2022, hubo un total de 535 muertes de indígenas por suicidio, el 74% de ellos en Amazonas, Mato Grosso do Sul y Roraima.
Edición: Leandro Melito e Nadini Lopes
