Luego de que exmiembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) hicieran acusaciones no comprobadas contra la entidad ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del MST en la Cámara de Diputados brasileña, la organización emitió una nota negando las denuncias, criticando lo que llama "fragilidad de las acusaciones" y afirmando que la iniciativa busca "criminalizar el movimiento, atacar al gobierno federal y agitar la base social bolsonarista". A pedido de la oposición, la CPI escuchó este miércoles 9 a los agricultores Joviniano José Rodrigues y Noemia José dos Santos, quienes integraron la base de la entidad en el estado de Goiás hace cerca de 20 años.
Ambos acusaron al movimiento, entre otras cosas, de presuntamente desviar recursos, convertir campamentos sin tierra en "cautiverios" y practicar violencia física contra ellos. En entrevista con Brasil de Fato, la organización negó todas las acusaciones. El dirigente del MST Gilvan Rodrigues, del MST de Goiás, afirmó que la pareja estaba acampada en el lugar donde ahora funciona el Asentamiento Canudos, en el municipio de Palmeiras, en la Región Metropolitana de Goiânia, y fueron expulsados de la unidad debido a denuncias de robo que cayeron sobre Joviniano. El MST señala que la decisión fue tomada por las 329 familias que habitaban el lugar.
"Mira que Joviniano acusaba al movimiento de malversar dinero, pero fueron expulsados precisamente por malversar recursos de la comunidad. En su momento, se hicieron informes policiales, averiguaciones tanto de la Policía Civil como de la Policía Federal, pero esto no generó una demanda, y la Justicia no les dio derecho a volver al lugar, es decir, perdieron el caso."
Al analizar el caso, el juez João Divino Moreira Silvério Souza negó el derecho de la pareja a regresar al campamento por considerar que la acción no cumplía con los requisitos legales necesarios. La orden fue dada el 31 de octubre de 2001. Gilvan Rodrigues se queja de la estrategia que ha adoptado el ala bolsonarista en la CPI y afirma que la oposición trata de "criminalizar el movimiento y hacer inviable cualquier posibilidad de reforma agraria y lucha por la tierra en el país".
"Desde entonces han estado buscando hechos que no tienen relevancia para el proceso de reforma agraria, pero que se utilizan para crear un escenario de circo, de guerra, para tratar de incriminar al movimiento. Sin embargo, hemos visto que esto no está surtiendo efecto porque la causa de la reforma agraria, la relación del MST con la sociedad es más grande que esos factoides que estos diputados tratan de levantar y orientar todos los días en la CPI, pero que no tienen fundamento o cualquier base real", agregó Rodrigues.
Materialidad
Los argumentos del dirigente van en línea con lo que los parlamentarios del campo progresista han dicho durante los trabajos de la CPI. Durante la sesión de este miércoles 9, la diputada Sâmia Bomfim (Partido Socialismo y Libertad - PSOL São Paulo) se quejó de la falta de materialidad en el discurso de los declarantes. "Nuevamente, al igual que ayer, se hicieron una serie de acusaciones, con conclusiones graves, sin presentar ningún tipo de evidencia, documento, nada que registre oficialmente lo sucedido. Entonces me pregunto qué se proponen hacer los diputados en una CPI, que es una Comisión Parlamentaria de Investigación, que en teoría tiene que ser seria para averiguar, investigar y remitir en base a un diagnóstico real", provocó.
"¿Pero cuál es el diagnóstico real que se está haciendo aquí, si no hay ningún documento, dato o evidencia? Solo hay argumentos acusatorios sin nada que le dé materialidad a absolutamente ninguna de estas acusaciones. ¿Cuál es el propósito de esto? La criminalización de los movimientos sociales, y eso está claro incluso antes de que comenzara la CPI", continuó la diputada. La parlamentaria también ironizó sobre el hecho de que las denuncias de Joviniano José Rodrigues y Noemia José dos Santos surgieran apenas 22 años después del período en que la pareja integró la base del movimiento.
"Quisiera pedir que tengamos acceso a los supuestos Informes Policiales, por ejemplo, porque son temas tan graves, que tuvieron lugar en el año 2000, y ningún organismo competente en este país averiguó, investigó y sancionó absolutamente a nadie. Pasaron varios gobiernos, cinco CPI del MST, ¿y ese tema ni siquiera se abordó o se planteó? Pasamos incluso por el propio gobierno de Bolsonaro, ¿y él nunca hizo nada para averiguar, para dar una respuesta?", indagó.
Habla el MST
En nota oficial difundida al inicio de la noche de este miércoles 9, el MST se quejó de que no se hayan presentado evidencias relacionadas con los delitos imputados a la organización. "Se evidenció la manera como la base de diputados bolsonaristas usa a personas pobres para atacar la lucha por la reforma agraria. Esta vez, rescataron un hecho incierto, ocurrido hace más de 20 años en Goiás, para justificar el discurso de criminalización contra el MST. Así, lanzan una serie de afirmaciones, señalan delitos, involucran nombres de militantes, mencionan supuestas secuelas por prácticas violentas, pero en ningún momento presentan investigación, proceso penal, condena o informe médico que acredite dichas secuelas de violencias practicadas, a pesar de la gravedad de los delitos señalados".
La entidad asegura además que no hay ningún militante sin tierra que haya sido condenado por los hechos evocados por la pareja y señala que esto "evidencia la fragilidad de las acusaciones". El MST también se queja de la falta de proporcionalidad en la conducción del trabajo de la CPI, que tiene una mayoría bolsonarista y por eso ha favorecido, en los últimos meses, la votación de solicitudes de la oposición. A mediados de julio, Brasil de Fato informó de una encuesta que mostraba que 60 de las 70 solicitudes aprobadas por el colegiado hasta el momento eran todas de la oposición.
"Hasta el momento solo se ha realizado una audiencia con invitados designados por la base de gobierno. No es posible dar credibilidad a una investigación que escucha solo a un lado. Diputados bolsonaristas distorsionan lo que dicen los declarantes, inducen respuestas, todo con la intención de legitimar sus ataques. En un universo de casi 2 millones de personas asentadas por la reforma agraria, utilizaron, hasta ahora, a siete personas para tratar de sustentar sus discursos contra los movimientos sociales", agrega la nota.
Finalmente, el documento acusa la CPI de no indagar en la situación real de los conflictos que marcan la zona rural en el país. "La falta de seriedad por parte de los diputados bolsonaristas, que no se preocupan por discutir a fondo la reforma agraria y los verdaderos males del campo –trabajo esclavo, acaparamiento de tierras, deforestación, incendios– está llevando esta CPI a su fin. Podría ser un espacio importante para el debate sobre un tema relevante para la sociedad, pero la furia de criminalización bolsonarista impide cualquier tipo de debate serio".
Edición: Rodrigo Chagas e Nadini Lopes
