La bancada ruralista vota este miércoles 23, en la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria (CRA) del Senado, la propuesta que legaliza el marco temporal. El grupo ruralista, que cuenta con 50 de los 81 parlamentarios en la Cámara, invierte en la estrategia de acelerar el proyecto para intentar adelantarse al Supremo Tribunal Federal (STF) y convertir la propuesta en ley antes de que el Tribunal juzgue definitivamente el caso. Como parte del plan, la tendencia es que el texto sea aprobado en la CRA con un probable margen de apoyo del colegiado, donde el ala conservadora tiene mayoría.
El marco temporal se discute en el Congreso Nacional a través del Proyecto de Ley (PL) 2903/2023. La esencia de la medida consiste en determinar que los pueblos indígenas solo pueden reclamar tierras que ya estuvieran ocupando desde antes de la promulgación de la Constitución Federal de 1988 o que en esa época al menos estuvieran siendo disputadas por el segmento. La propuesta está patrocinada políticamente por el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), el brazo formal de la bancada ruralista.
El texto fue aprobado en el plenario de la Cámara de Diputados a fines de mayo, cuando aún estaba en trámite como PL nº 490/2007, y poco después pasó al Senado, donde debe pasar por la CRA y por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) para ser llevado al plenario. El informe fue leído la semana pasada en la Comisión de Agricultura, cuando se intentó votar el proyecto, pero miembros del oficialismo negociaron la postergación de la evaluación. Parlamentarios del campo progresista se abroquelan para que el PL también sea revisado por otro comité de evaluación de méritos.
"Es muy rápido. Teníamos este asunto tramitando en la Cámara. Al Senado llegó recientemente. Entonces, era necesario que tuviéramos un mayor diálogo sobre el tema porque incluso el proyecto que está en marcha no se trata solo de un marco temporal. El PL se abre para que las tierras indígenas puedan ser arrendadas a productores y para otras actividades, por ejemplo. En mi opinión, incorporar esto a la legislación es extremadamente equivocado", evalúa el senador Beto Faro (PT-PA), miembro titular de la CRA.
El proyecto también trae otros puntos considerados críticos para el campo progresista. Tal es el caso de la previsión de que las demarcaciones puedan ser impugnadas en cualquier etapa del proceso administrativo, lo que los ambientalistas señalan tiene el potencial de hacer que los procedimientos resulten inviables. El texto también permite plantaciones transgénicas en áreas indígenas, práctica actualmente prohibida por el riesgo de comprometer a la biodiversidad.
Además, el PL habilita al Estado y a la sociedad civil a contactar a indígenas en situación de aislamiento para "brindar asistencia médica o mediar en acciones estatales de utilidad pública" a través de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI). La medida es una de las más controversiales del texto dado el riesgo de contaminación cultural y paulatina eliminación de estos grupos, que generalmente viven aislados por decisión propia.
En los últimos años, el movimiento indígena ha organizado diferentes caravanas hacia Brasilia (DF) para protestar contra el marco temporal. / Marcelo Camargo/Agência Brasil
"Hay estudios que demuestran que, cuando empiezan a relacionarse con otros grupos, estas comunidades corren riesgo de muerte, exterminio y cosas del estilo. En mi opinión, el Senado necesita debatir esto con calma, por eso estamos trabajando para que el Presidente de la Cámara lleve esto por lo menos a la Comisión de Derechos Humanos", afirma Beto Faro. El petista dijo a Brasil de Fato que presentará distintas enmiendas pidiendo cambios en las partes más polémicas del PL.
Escenario
Las negociaciones en torno al contenido de la propuesta, sin embargo, tienen un bajo margen de éxito. A pesar de haberse reunido esta semana con interlocutores de la sociedad civil y con la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, la relatora del PL en la Comisión de Agricultura, senadora Soraya Tronicke (Podemos - Mato Grosso do Sul), dijo que prefiere mantener el texto tal como está para impedir que el proyecto regrese para ser evaluado por la Cámara. La versión actual del PL es el dictamen firmado por el diputado Arthur Oliveira Maia (União - Bahia).
En una entrevista a la prensa el martes 22, poco después de una reunión con parlamentarios de la bancada ruralista, la relatora afirmó que actualmente ve "un clima más tranquilo" para analizar el PL. "Necesitamos pasar esta página, poner fin a las discusiones. Hay cuestiones ideológicas que se han convertido en pasiones", dijo, al defender este miércoles la votación del texto.
La prisa sirve a los intereses de la FPA, que va a contrarreloj para obtener la aprobación final del PL antes del 7 de septiembre, fecha a partir de la cual el STF puede reevaluar el tema del marco temporal. El juicio del caso fue interrumpido el 7 de junio después de una solicitud de revisión del juez André Mendonça. El reglamento interno de la Corte prevé un plazo de 90 días para este tipo de solicitudes. Hasta el momento, el puntaje en la Corte Suprema es de dos votos en contra del proyecto -que provino de los ministros Edson Fachin y Alexandre de Moraes, siendo el primero el relator del caso-, contra una posición favorable, expresada por Nunes Marques.
Vuelta al pasado
Para ambientalistas y líderes indígenas, el PL 2903 representa una vuelta al pasado porque, entre otras cosas, prevé la nulidad de la demarcación de tierras que no cumplan con las normas establecidas en la propuesta y establece la interpretación de que los procesos de demarcación que aún no se hayan finalizado precisan adaptarse a las normas dictadas por el PL. También prohíbe la ampliación de áreas ya demarcadas.
Interlocutores del movimiento señalan que esa previsión dificulta la situación de comunidades como las de la Tierra Indígena (TI) Manoá/Pium, ubicada en el municipio de Bonfim, en el estado de Roraima. El sitio reúne a más de 3.200 pueblos indígenas Wapishana y Macuxi. El territorio fue delimitado por la FUNAI en 67 mil hectáreas y enfrenta un conflicto relacionado con la presión que promueven los terratenientes sobre la TI.
"El área fue homologada en 1982, pero hay 24 mil hectáreas que quedaron fuera de la demarcación. Hoy la comunidad está en proceso de avanzada, tratando de sumar esa parte. Esta situación del proyecto de ley afecta directamente a esta área, y esto es muy preocupante para nosotros. Si se aprueba el marco, todo se pondrá difícil", declara Lázaro Alexandre, del pueblo Tuxaua, que quedó excluido de la demarcación. El caso está en la Justicia Federal.
Edición: Rodrigo Chagas e Nadini Lopes
