En los últimos días, el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, se ha enfrentado a una grave crisis climática, marcada por el paso de un ciclón extratropical que ha provocado una devastación de grandes proporciones. El evento ya se considera el peor desastre climático en la historia del estado, con graves daños socioambientales que afectan a decenas de municipios y provocan impactos directos en la vida de miles de personas.
Desde el inicio de las lluvias, el pasado lunes 4, el impacto ya se extendió de 88 a 93 municipios. Actualmente hay 4.794 personas desalojadas, así como 20.490 personas desplazadas. Además, el número total de personas afectadas pasó de 160.313 a 340.918. En cuanto a los heridos, el número aumentó de 452 a 924. El número de muertes confirmadas hasta el momento ascendió a 46.
Este episodio es consecuencia del tercer ciclón extratropical que pasa por la región en apenas tres meses. Los expertos señalan que estos eventos climáticos extremos están relacionados con el fenómeno de El Niño y sus ramificaciones en el calentamiento del Océano Pacífico, desencadenando crisis climáticas en toda América Latina.
Asimismo, factores políticos y económicos agravaron aún más la situación. Entre los problemas resaltados están el debilitamiento de las agencias de protección ambiental, la apresurada aprobación de un controvertido código ambiental estatal para servir a intereses políticos, la degradación del bioma de la pampa y de la mata atlántica, y los recientes recortes en el presupuesto de defensa civil.
Además, la falta de preparación y la respuesta inadecuada de las autoridades contribuyeron a la magnitud del desastre. Las alertas científicas y meteorológicas advirtieron sobre la intensidad de las lluvias y el riesgo de inundaciones, pero las medidas preventivas no se implementaron de manera efectiva, lo que implicó graves omisiones por parte de las autoridades públicas. Hubo al menos cinco días de alertas previas, lo que pone de relieve fallas en el sistema de alerta y respuesta.
Otro aspecto a considerar es el impacto de la actividad agroexportadora en la cuenca del río Antas-Taquari, donde la destrucción de bosques ribereños y la transformación de la vegetación para el cultivo de pino y soja generaron significativas consecuencias. La privatización del curso de agua a empresas hidroeléctricas también plantea interrogantes sobre su posible responsabilidad por los efectos de las inundaciones, especialmente cuando se abrieron las compuertas de las represas hidroeléctricas sin previo aviso.
Ante esta tragedia, la sociedad civil ha mostrado solidaridad y apoyo a las familias afectadas, con iniciativas como donaciones de ropa y alimentos y la organización de comedores solidarios. Sin embargo, para evitar que tales eventos se repitan, se necesitan medidas urgentes. Esto incluye el apoyo gubernamental a proyectos que permitan a las familias reconstruir sus vidas de manera sostenible, así como el diseño de políticas públicas de largo plazo que promuevan una transición ecológica en nuestras formas de vida.
En este contexto, la sociedad civil organizada espera la declaración de estado de emergencia climática en Rio Grande do Sul. Esto va más allá de un gesto simbólico; es un llamado a la acción para enfrentar la gravedad de la crisis ambiental y tomar medidas profundas y transformadoras.
Además, la Unión, los estados y los municipios brasileños necesitan reevaluar sus modelos de desarrollo, cumplir con las metas de las políticas de cambio climático y promover una representación equitativa en los foros de toma de decisiones, capaces de planificar estratégicamente con base en estudios científicos multidisciplinarios.
Edición: Nadini Lopes
